The Guardian / El Diario (España)
| El Gobierno quiere cambiar las normas que permiten a las páginas web evadir la responsabilidad por los anuncios que alojan |
Polémica
alrededor de una nueva propuesta de ley para hacer responsables a
páginas web de anuncios como Backpage de los contenidos publicados por
sus usuarios
La empresa Oracle,
que ofrece servicios en la nube, es una de las pocas empresas
tecnológicas en respaldar un proyecto de ley del Senado para combatir la
explotación sexual en Internet.
La Stop Enabling Sex Traffickers
Act de 2017 (ley de detención de la trata de personas con fines
sexuales) modificaría la Sección 230 de la Communications Decency Act
(ley de decencia en los medios de comunicación, o CDA, por sus siglas en
inglés) para hacer responsables a las páginas web que publiquen
información “diseñada para facilitar la explotación sexual”. Hasta
ahora, la Sección 230 de la CDA protegía a las empresas de Internet de
cualquier responsabilidad penal basada en la conducta del usuario.
Presentado
por el senador republicano Rob Portman, de Ohio, y el demócrata Richard
Blumenthal, de Connecticut, el proyecto legislativo se ha convertido
inesperadamente en el centro de un debate sobre libertad de expresión.
La mayoría de las tecnológicas, entre ellas Google, está presionando
para que no llegue a convertirse en ley.
El proyecto surge de una
investigación de dos años del subcomité de seguridad nacional sobre los
anuncios clasificados de la web Backpage.com. Según el informe
de la investigación, Backpage.com facilitó a sabiendas la explotación
sexual de niños en la sección “adultos” de su página web. Lo hizo
modificando el texto de los anuncios para borrar palabras como
“violación”, “alerta AMBER”, “niña”, y “lolita” antes de publicarlos
para así ocultar las verdaderas intenciones del anuncio. Backpage.com no
quitó esos anuncios ni los denunció ante las autoridades.
“Si
llega a promulgarse, la ley establecerá cierto grado de responsabilidad
para los que venden espacios de publicidad interesadamente, pero no
están listos para ayudar en la lucha contra la explotación sexual”,
escribió Kenneth Glueck, vicepresidente de Oracle, en una carta a
Portman y Blumenthal.
En un artículo de opinión
publicado el jueves, Portman citó cifras del Centro Nacional para
Menores Desaparecidos y Explotados: el CyberTipline, como llaman al
canal que tienen abierto para denuncias cibernéticas, mostró un aumento
del 846% entre 2010 y 2015 para las denuncias de explotación sexual de
niños. Según ese Centro, el sitio Backpage.com representa el 73% de las
denuncias de tráfico de niños hechas por los internautas.
“Increíblemente, las leyes federales protegieron sus prácticas comerciales inescrupulosas”, escribió Portman.
Según
Portman, las protecciones a empresas previstas por la CDA “no fueron
previstas para ser aplicadas, y no deberían ser aplicadas, en casos de
empresas que de manera cómplice facilitan la explotación sexual. Es hora
de que esta ley de 21 años de antigüedad se ponga al día con el siglo
XXI”.
Empresas responsables
La industria tecnológica y
algunos defensores de la libertad de expresión dicen que la ley contra
la explotación sexual allana el camino para hacer responsables a las
empresas, de una manera amplia y excesiva, por el contenido generado por
los usuarios.
En un correo electrónico al que tuvo acceso the Guardian,
el consejero de políticas públicas de Google, Stewart Jeffries,
describió el proyecto como una “legislación controvertida” que socava
“uno de los estatutos fundamentales para Internet”, en referencia a la
Sección 230 de la CDA. Jeffries también señaló la labor de Google en la
lucha contra la trata de personas, en la que se incluye impedir a sitios
como Backpage.com que hagan publicidad, y crear una herramienta, Thorn,
que escanea anuncios para detectar posibles víctimas infantiles,
desarrollada por sus ingenieros para la organización benéfica dedicada a
la lucha contra la explotación.
El grupo Internet Association, que representa a gigantes de Silicon Valley como Google, Amazon, Facebook y Twitter, firmó una carta
junto a otras patronales dirigida a Portman y Blumenthal. Argumentaban
que, mientras que “personajes aislados” como Backpage.com deberían
hacerse responsables, la ley de tráfico sexual “socavaría gravemente una
protección fundamental para las empresas de Internet legítimas y sería
contraproducente para los esfuerzos de esas empresas en la lucha contra
los delitos de trata”.
“La Sección 230 de la CDA es la protección
legal fundamental de los servicios en línea”, decía la carta. “Sin esta
protección, esos proveedores de servicios se verán forzados a pecar de
cautelosos y quitar el contenido generado por los usuarios o afrontar
una responsabilidad insostenible por el contenido de los usuarios que
terminaría dañando a la creación de servicios en línea legítimamente
diversos”.
El portavoz del senador Portman, Kevin Smith, dijo a the Guardian
que las peticiones de las tecnológicas eran “absurdos e irrisorios”.
“Hicimos las debidas comprobaciones, nos reunimos con las tecnológicas
durante meses pero no nos ofrecieron ninguna respuesta constructiva”,
dijo. “Es triste que se opongan a una ley de dos páginas para ayudar a
impedir la explotación sexual en Internet de mujeres y niños”.
Para
la directora de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres, Taina
Bien-Aimé, “no se trata de un tema de libertad de expresión sino de un
asunto penal”. “Internet se ha convertido en una herramienta fácil de
usar, casi sin riesgo y con grandes ganancias para la actividad ilegal
de compra y venta de mujeres jóvenes en estado de vulnerabilidad”.
Debido
a las protecciones que establece la Sección 230, se han rechazado
varias de las demandas que víctimas de la explotación sexual presentaron
contra Backpage.com.
El nuevo proyecto de ley tiene 28
copatrocinadores en el Congreso, tanto de izquierda como de derecha, una
poco habitual demostración de consenso en Washington.
El mes pasado, unos 50 fiscales de distrito y de otros territorios de EEUU firmaron una carta
respaldando la campaña para modificar la CDA de manera que permita
enjuiciar a las empresas que avalen, faciliten o asistan la explotación
sexual en Internet.
En los últimos días, el apoyo para el proyecto de ley se intensificó: figuras públicas como la cómica Amy Schumer y la exembajadora de la ONU Samantha Power pidieron a la gente que respalde el proyecto.
Una
persona cercana a la discusión entre las tecnológicas y los
patrocinadores del proyecto en Washington dijo que la pelea era, en
algunos aspectos, una demostración de la creciente importancia de
Silicon Valley.
“Hay una cierta dosis de arrogancia en este
asunto, donde muchos miembros de la comunidad tecnológica se creen
intocables”, dijo. “Su cuenta de resultados es más importante que
cualquier otra cosa, incluso más que los intentos lógicos para controlar
la explotación sexual en Internet”.
Traducido por Francisco de Zarate
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