RÍO
 DE JANEIRO (Sputnik) — El Gobierno brasileño desplegó un discurso 
hipócrita la semana pasada en la Revisión Periódica Universal de los 
Derechos Humanos que realiza la ONU, y en la que debía presentar avances
 en esta materia, dijo a Sputnik la coordinadora de investigación y 
políticas de AI en Brasil, Renata Neder.
Se trata especialmente de cuestiones relacionadas con los derechos sexuales de las mujeres, el derecho a la tierra de las comunidades indígenas y la violencia y el racismo estructural del Estado que sufren los jóvenes negros de "favelas" (barrios hacinados) y periferias de las grandes ciudades.
"El Estado brasileño no ha hecho nada para impedir los ataques (de milicianos, terratenientes y otros actores) contra los pueblos indígenas, y eso claramente puede agravarse ante los cambios que están proponiendo el Estado y el Congreso para identificar y demarcar las tierras indígenas y "quilombolas" (pertenecientes a descendientes de esclavos)", lamentó Neder.
Lea también: Temer celebra que Brasil entre en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU
El Gobierno impulsó en las últimas semanas varias medidas que buscan desproteger amplios territorios de la Amazonía.
La más destacada es el decreto que extingue la Reserva Nacional del Cobre y sus Asociados (Renca), un territorio de 46.000 kilómetros cuadrados en el norte del país que podría empezar a ser explotado por la industria minera.
"La
 estrategia de Brasil fue presentar dos caras: una cara internacional 
ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en que describen un 
cuadro que no es compatible con la realidad, en la que prácticamente 
aceptan todas las recomendaciones hechas para avanzar en los derechos 
humanos en el país; y otra cara, la que el Estado brasileño presenta 
nacionalmente, adoptando medidas que están liquidando derechos humanos",
 dijo Neder.
Brasil
 se sometió el pasado jueves en la sede de la ONU en Ginebra (Suiza) a 
la sesión de evaluación del periodo 2012-2016, en que el Gobierno 
explicó al resto de los países miembros del Consejo que aceptó gran 
parte de las recomendaciones recibidas (242 de un total de 246) para 
mejorar el estado de los derechos humanos en el país.
Para AI esta
 actitud es "absolutamente incompatible" con la realidad que se vive en 
Brasil, especialmente con la "ofensiva" del Congreso, que está aprobando
 o modificando leyes que suponen graves retrocesos para los derechos 
humanos.Se trata especialmente de cuestiones relacionadas con los derechos sexuales de las mujeres, el derecho a la tierra de las comunidades indígenas y la violencia y el racismo estructural del Estado que sufren los jóvenes negros de "favelas" (barrios hacinados) y periferias de las grandes ciudades.
"Brasil 
es el país con el mayor número absoluto de homicidios en el mundo y la 
principal víctima de homicidios son los jóvenes negros de sexo 
masculino", subrayó Neder.
Mientras
 la tasa de homicidios entre la población negra ha aumentado en los 
últimos años, entre la población blanca ha disminuido, recordó la 
experta.
Los derechos de los pueblos nativos también están entre 
las principales incoherencias que AI denuncia en la postura de Brasil 
ante la ONU, ya que mientras el Gobierno reafirma en los foros 
internacionales su voluntad de preservar sus derechos, las medidas del 
Ejecutivo y del Legislativo apuntan en la dirección contraria."El Estado brasileño no ha hecho nada para impedir los ataques (de milicianos, terratenientes y otros actores) contra los pueblos indígenas, y eso claramente puede agravarse ante los cambios que están proponiendo el Estado y el Congreso para identificar y demarcar las tierras indígenas y "quilombolas" (pertenecientes a descendientes de esclavos)", lamentó Neder.
El
 Congreso brasileño intenta desde hace tiempo modificar la Constitución 
para que la atribución de delimitar las tierras públicas que deben ser 
entregadas a los indígenas pase del Gobierno al propio Congreso.
El
 movimiento indígena y las organizaciones sociales están totalmente en 
contra de esta medida pues, argumentan, de esta forma el influyente 
bloque de legisladores ruralistas que hay en el Congreso pondría aún más
 obstáculos a un proceso que ya es lento y costoso.
"Todas
 estas medidas son incompatibles con las declaraciones internacionales 
del Estado brasileño de que combate el racismo y que no apoya esos 
movimientos", aseguró la representante de Amnistía.
El presidente 
Michel Temer también fue muy criticado por su discurso pasado ante la 
Asamblea General de la ONU en Nueva York, donde dijo que Brasil está 
firmemente comprometido con la salvaguarda de la selva amazónica.Lea también: Temer celebra que Brasil entre en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU
El Gobierno impulsó en las últimas semanas varias medidas que buscan desproteger amplios territorios de la Amazonía.
La más destacada es el decreto que extingue la Reserva Nacional del Cobre y sus Asociados (Renca), un territorio de 46.000 kilómetros cuadrados en el norte del país que podría empezar a ser explotado por la industria minera.
 

 
 
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