¿Dónde está Santiago
Maldonado?" Esa es la pregunta que se vienen haciendo los argentinos
desde hace ya un mes, y que impulsó la movilización del día 2 de agosto
en la que miles de personas se reunieron para exigir la aparición con
vida del desaparecido. Días antes, en México, los ciudadanos se
movilizaban para pedir la aprobación de la Ley General de Desaparición
Forzada de Personas Cometida por Particulares. Ambas protestas ponen en
evidencia la realidad de una región donde los problemas suelen estar en
sincronía.
América Latina suele estar en el centro de atención por
sus noticias relacionadas a la corrupción y a la impunidad. Si bien los
países de la región suelen buscar diferenciarse entre sí y destacarse
por sus progresos, la realidad es que no pueden escapar de las críticas y
de los casos que los conectan con sus vecinos. Las desapariciones
forzadas son, precisamente, una de las preocupaciones compartidas en la
región.
Tal como lo denunció la Organización de las
Naciones Unidas (ONU), a través de un comunicado difundido en ocasión
del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzosas, “es
inadmisible que, en el 2017, se sigan produciendo desapariciones
forzadas”.
Existe una estrecha relación entre la violación
de los derechos humanos y la impunidad. La desaparición forzada de una
persona es la privación de la libertad cometida por un funcionario
público. Y si no existe un sistema donde se castigue el abuso de poder,
la impunidad se seguirá cobrando las vidas de los desaparecidos.
Tal como ocurre en México, donde las madres de desaparecidos se reúnen
para buscar los cadáveres de sus hijos en fosas clandestinas, mientras
el Estado no les ofrece ningún recurso. De hecho, el Estado mexicano ni
siquiera tiene contabilizadas a las víctimas de desapariciones forzadas.
Existen cifras oficiales sobre personas desaparecidas pero
éstas no distinguen entre secuestros, desapariciones forzadas o
extravíos. Según los datos presentados por el Registro Nacional de Datos
de Personas Extraviadas o Desaparecidas, hay 30.973 personas
desaparecidas en México.
Uno de los casos más recientes de
desapariciones forzadas en México es el de los 43 estudiantes de la
Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, quienes desaparecieron en 2014 tras
ser atacados por la policía municipal y el ejército mexicano de Iguala y
hasta el día de hoy, se desconoce su paradero.
“Las
desapariciones forzadas, que en su día fueron principalmente producto de
dictaduras militares, pueden perpetrarse hoy día en situaciones
complejas de conflicto interno, especialmente como método de represión
política de los oponentes”, advierte la ONU. Lo que demuestra que, sin
dudas, las desapariciones forzadas contribuyen al detrimento del sistema
democrático.
La falta de cifras oficiales demuestra el
desinterés de un gobierno que no se preocupa por contabilizar los casos.
No sólo no se sabe cuántos son exactamente los casos de desapariciones
forzadas, sino que tampoco se llevan a cabo las investigaciones
pertinentes para dar con el paradero de las personas.
La
indiferencia frente a estos casos demuestra por qué a México lo
denominaron “el país de América Latina con mayor impunidad”. El país
encabeza el Índice Global de Impunidad (IGI) 2017, presentado por la
Universidad de Las Américas de Puebla (UDLAP), siendo el cuarto a nivel
mundial. El informe incluye 69 países a nivel mundial y analiza los
sistema de justicia de cada uno, para luego identificar cuáles son
aquellos países con mayor impunidad. Las fallas de seguridad y justicia
son algunas de las razones que han condicionado el posicionamiento de
México en el listado.
El aumento de los casos de
desapariciones forzadas es un retroceso en un camino hacia la
democracia. Pero para poder abarcar este problema, es necesario primero
ir contra el sistema estructural de corrupción y contra la impunidad.
Ninguna persona puede desaparecer sin razón. Como así tampoco, ninguna
madre debe ser la encargada de remover la tierra de un cementerio
clandestino para encontrar los restos de su hijo. El Estado debe tomar
las riendas del asunto, debe hacerse cargo y responder dónde están los
desaparecidos.
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