Ángel Guerra Cabrera
La Jornada
Más de 26 muertos,
cientos de heridos y daños materiales estimados en 100 mil millones de
bolívares es el saldo provisional de la violencia generada por el
demencial clima de odio y violencia desatado por las protestas
opositoras en abril.
¿Sus antecedentes inmediatos? Hace poco más de un año la
contrarrevolución obtuvo mayoría en la Asamblea Nacional(AN) y se sentía
más fuerte que nunca. Por primera vez desde 1998 había superado al
chavismo en unos comicios. No hizo más que instalarse el órgano
legislativo e inició un camino irracional hacia el golpe de Estado, que
es lo suyo. El nuevo presidente del Legislativo manifestó que en seis
meses sacaría del cargo a Nicolás Maduro. Al continuar éste en su
puesto, pasado el plazo, los legisladores oposicionistas le hicieron un
juicio político en 24 horas y acordaron convocar elecciones en 30 días,
decisiones para las que la AN no está facultada por la Constitución.
Para no hablar de la ridícula
ausenciadel mandatario que declararon.
La AN se extralimitaba cada vez más en sus competencias y atropellaba
las de otros poderes del Estado, cuando decidió juramentar a tres
diputados cuya elección había sido anulada por el Consejo Nacional
Electoral, que la consideró fraudulenta. Ante el reiterado atropello de
la Constitución, es que el Tribunal Supremo, garante de su observancia,
decide declararla en desacato y en el ínterin asumir algunas de sus
funciones ante asuntos que requieren resolución urgente por interés
social. Bastaría que revocara la juramentación de los tres diputados
para que cesara la situación de desacato.
Pero no, prefiere acusar a Maduro de haber dado un
autogolpe, cuando en realidad es la mayoría opositora la que mantiene una conducta golpista desde la misma instalación de la AN, que se retrotrae al golpe del 11 de abril de 2002, del cual son cómplices todos sus cabecillas más connotados.
El autogolpe ha sido el pretexto para la nueva ola de protestas
violentas, siempre apegadas, al igual que las de febrero de 2014, al
manual del asesor de la CIA Gene Sharp y a las directivas de la
operación Venezuela Freedom 2 del comando sur yanqui. En
concordancia con la violencia opositora, sus exigencias son inaceptables
por su carácter golpista: destituir a los jueces del Tribunal Supremo,
convocar a elecciones de inmediato, liberar a los presuntos presos
políticos y abrir un canal
humanitariopara asistir a la población. Puro cinismo.
Es también el caso de la marcha convocada para el miércoles
26, cuyo supuesto objetivo era entregar una carta en la oficina del
Defensor del Pueblo para solicitarle que –bajo descaradas amenazas–
declare en falta grave a los jueces del Tribunal Supremo, requisito
legal para que la AN los destituya. El objetivo real era buscar
derramamiento de sangre y una vez más lo consiguieron. Tarek Williamn
Saab, defensor del Pueblo, ha declarado que la misiva ha sido entregada
ya 15 veces por personeros opositores y desestimada por improcedente.
Esta marcha, como siete anteriores que la oposición ha intentado
conducir al centro de Caracas, no ha sido autorizada, como ocurre en
otros países, donde se impide marchar en determinadas áreas. Aquí una explicación de por qué la prohibición.
Con el extremismo de derecha en el poder en Washington, la
contrarrevolución tiene tres objetivos: asaltar el poder no importa el
costo en vidas humanas y a la economía; impedir la recuperación
económica y política de la revolución bolivariana en pleno curso, y
ocultar su hundimiento político en un momento en que el chavismo ha
ganado considerable fuerza, como lo demuestran sus movilizaciones de
calle en comparación con las de los adversarios.
La hostilidad de la OEA, de varios gobiernos de derecha o
atemorizados y la campaña mediática sin precedente contra Venezuela han
contribuido mucho a estimular la demencia opositora. Un individuo
mediocre, rencoroso y de baja estofa como Almagro, ha terminado de
descalificar a la OEA para tratar cualquier tema relacionado con la
patria de Bolívar.
Al fin y al cabo, el organismo siempre ha sido instrumento de la
política injerencista y agresiva de Washington contra los gobiernos
soberanos de nuestra América.
El fin único de la oposición es derrocar el orden constitucional para
volver al infierno neoliberal y a la represión masiva contra el pueblo.
Mucho peor y más sangrienta que la ejercida después del caracazo.
Twitter: @aguerraguerra
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