Arturo Balderas Rodríguez
La Jornada
El año pasado el
presidente Barack Obama emitió una orden ejecutiva conocida como DACA y
DAPA, mediante la que suspendió los juicios de deportación de 5 millones
de indocumentados. Unos días después, a solicitud del gobierno de
Texas, fue revocada por un juez de distrito de ese estado. La Casa
Blanca apeló esa decisión por considerarla improcedente. Después de
varios meses, el litigio llegó al máximo tribunal de Estados Unidos. En
la Suprema Corte cuatro magistrados liberales votaron en contra de la
orden del juez texano y cuatro conservadores por sostenerla. Debido al
empate, quedó en pie la revocación de la orden ejecutiva del presidente,
que originalmente invocó el gobierno texano, y a la que más tarde se
sumaron otros 24 estados.
El resultado es que la mayoría de esos indocumentados estarán a
disposición de las autoridades migratorias para comenzar o continuar sus
procesos de deportación. Aún no está claro cómo se efectuarán esos
procesos y cuáles son sus etapas. De lo que no hay duda es la que suerte
de 5 millones de personas penderá nuevamente de un hilo; en opinión de
algunos especialistas los efectos de la decisión de la corte no se
dejarán sentir de inmediato, al menos en términos prácticos.
La administración del presidente Obama ya estudia los recursos
legales para atenuar o posponer la decisión de la corte. El momento es
particularmente interesante, al tomar en consideración que Trump y
Clinton han manifestado una opinión diametralmente diferente con
respecto a la situación de los indocumentados.
Trump, como es sabido, ha declarado enfáticamente su oposición
a ellos. Clinton ha dicho que es necesaria una profunda reforma
migratoria que incluya una vía para la regularización migratoria de
todos los indocumentados que viven en el país. Es un hecho que de llegar
a la presidencia, el primero hará lo posible por echar abajo las
órdenes ejecutivas de Obama, y la segunda por mantenerlas vigentes.
También está claro que la decisión de la Suprema Corte ha provocado una
avalancha de protestas entre quienes apoyan a los indocumentados. Más
importante aún es que se volcarán en las urnas para votar no sólo en
contra de Trump, sino también de un buen número de candidatos
republicanos. Por lo menos cuatro senadores de ese partido y varios de
sus compañeros en la Cámara de Representantes estarán en peligro de
perder las elecciones.
Lo que es evidente es que el malestar por las rudezas innecesarias de
Trump en contra no sólo de los indocumentados, sino del más elemental
sentido del quehacer político, ha crecido tanto fuera del Partido
Republicano como en su propio seno. Una muestra de ello es la
declaración de los patriarcas de la familia Bush, quienes anunciaron su
apoyo a los candidatos a senadores de su partido, pero no a Trump. En
este complejo panorama, no es descabellado pensar que en la convención
del Partido Republicano pudiera suceder algo imprevisto. La historia
está por escribirse aún y es un hecho que una parte de ella la podrían
redactar millones de votantes de origen latino y quienes simpatizan con
ellos.
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