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"La
Ley de Moratoria es transparentemente ilícita", dijo el asesor jurídico
de la firma demandante Robbins, Russell, Englert, Orseck, Untereiner
& Sauber, reseñó el portal local El Vocero.
La
Ley de Moratoria de Emergencia y Rehabilitación Financiera de Puerto
Rico, aprobada el 6 de abril por el Poder Legislativo, confiere al
Gobierno el poder de detener pagos de deuda para garantizar servicios
esenciales de salud y seguridad.
"El gobernador Alejandro García Padilla ha violado deliberadamente la prioridad garantizada a los tenedores de bonos de obligación general por la Constitución de Puerto Rico y ha infringido protecciones constitucionales federales centenarias de derechos de propiedad y contractuales", agregó este martes el representante de los litigantes, según El Vocero.
Congreso posterga debate
García Padilla había viajado a Nueva York para reunirse con legisladores estadounidenses que este martes debían iniciar el debate del proyecto de ley 5278, que contempla una reestructuración de la deuda puertorriqueña, sujeta a la creación de una Junta de Control Fiscal que estaría por encima del Gobierno de Puerto Rico.
Pero
el debate, que había solicitado el senador demócrata Robert Menéndez,
fue bloqueado y pospuesto por el opositor Partido Republicano hasta la
próxima semana, según el diario
El Nuevo Día
.
Las
objeciones de Menéndez se centran en los poderes que tendrá la Junta,
por encima del Gobierno electo de Puerto Rico y el requerimiento de una
mayoría de cinco de los siete miembros que tendrá el órgano para aprobar
la reestructuración de deuda.
Economía estancada
A
principios de septiembre del año pasado, el Gobierno puertorriqueño
presentó su Plan de Ajuste Fiscal, cuestionado por diversos
especialistas que advertían que llevaría al país al estancamiento
económico.
La deuda de Puerto Rico asciende a unos 73.000 millones de dólares; el gobernador García Padilla sostuvo el año pasado que es "impagable".
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