El jefe de los escuadrones de la muerte gana las elecciones colombianas
| Traducido para Rebelión por Ricardo García Pérez |
Juan Manuel Santos, ministro de Defensa de triste fama del régimen del presidente saliente Álvaro Uribe y estrechamente vinculado con los graves crímenes contra la humanidad, ha «ganado» las recientes elecciones celebradas en Colombia en junio de 2010. Los principales medios electrónicos e impresos, CNN, FOX News, The Washington Post, The New York Times, The Wall Street Journal y el otrora liberal The Financial Times (FT), han celebrado la elecciónn de Santos como un gran triunfo para la democracia. Según The Financial Times, «Colombia, y no Venezuela, es (el) mejor modelo para América Latina» (FT, 23/06/2010, p. 8). Aludiendo a la «abrumadora» ventaja obtenida por Santos (acumuló el 69% de los votos), The Financial Times
proclamó que se ha hecho acreedor de «un mandato sólido» (FT, 22/06/2010). En lo que tiene que convertirse en una de las maniobras más flagrantes para ocultar la historia reciente, las explicaciones de los medios de comunicación excluyen los hechos atroces de las elecciones y las políticas profundamente autoritarias llevadas a cabo por Santos durante la última década.
Las elecciones: Armas, élites y terrorismo
Las elecciones son un proceso (no un mero acontecimiento) cuyo resultado determinan las condiciones políticas previas. Durante los ocho años anteriores de gobierno del saliente presidente Uribe y el ministro de Defensa Santos fueron trasladados a la fuerza más de 2 millones de habitantes, en su mayoría, habitantes pobres de zonas rurales, y alejados de sus hogares y sus tierras para expulsarlos al otro lado de las fronteras con países vecinos o a suburbios urbanos. El régimen de Uribe y Santos recurrió tanto al Ejército como a los 30.000 miembros de los escuadrones de la muerte para matar y aterrorizar núcleos de población enteros a los que se consideraba «simpatizantes» de la insurgencia armada, lo que afectó a varios millones de habitantes pobres de zonas rurales y urbanas. Más de 20.000 personas fueron asesinadas, muchas de ellas, según la principal organización colombiana de derechos humanos, acusadas en falso de «guerrilleros». Cuando Santos era ministro de Defensa los tribunales lo implicaron directamente en lo que se ha dado en llamar «falsos positivos». El ejército capturaba al azar a docenas de jóvenes pobres de núcleos urbanos, los fusilaba y proclamaba una victoria sonora sobre la guerrilla de las FARC.
Algunos de los dirigentes más importantes de escuadrones de la muerte paramilitares a quienes se apresó han testificado que unos 60 congresistas de los que respaldaban a Uribe y Santos estaban en su nómina y «han garantizado» los votos de regiones que se encuentran bajo su control. Ante el daño causado por estos testimonios, Uribe y Santos han traicionado a sus camaradas de los narco-escuadrones de la muerte y los han «extraditado» a Estados Unidos, donde el proceso judicial excluyó las pruebas que los vinculan con los asesinatos masivos realizados a instancias de Uribe y Santos.
Más de dos mil sindicalistas, activistas de derechos humanos, periodistas y congresistas críticos con Uribe y Santos han sido asesinados por sicarios de escuadrones de la muerte al servicio del régimen. Las confederaciones sindicales más importantes del mundo han enviado misiones y publicado informes que condenan a Colombia por ser el país más peligroso para los representantes de los trabajadores.
En otras palabras: todos los sectores sociales que manifiestan quejas sociales y políticas contra el régimen han sido objeto de campañas de terror y muchos de sus líderes de opinión locales han sido asesinados, desplazados o exiliados... lo que socava toda posibilidad de existencia de alguna organización sociopolítica independiente estable.
El terrorismo de Estado dominante ha supuesto que muy pocos líderes locales sobrevivan, lo que merma la capacidad del electorado de sustentar una organización libre e independiente.
El día de las elecciones, el régimen movilizó a más de 350.000 soldados y agentes de policía, muchos de ellos implicados en toda una década de represión, para que «supervisaran» las elecciones y recordaran a los votantes la fuerza que ampara al «candidato oficial» (La Jornada, 30/05/2010).
El resultado electoral ha distado mucho de ser el «mandato» del pueblo colombiano tal como lo proclaman los medios de comunicación de masas. Los «ganadores», que representan a un 56 por ciento del electorado, han sido los «abstencionistas», la posición defendida por las FARC. Ahora bien, sin duda, la mayoría del voto abstencionista no era reflejo del apoyo o la simpatía por las FARC; más bien reflejaba la desafección con la represión y la violencia, la expropiación masiva de millones de personas y el fracaso absoluto de un régimen a la hora de abordar el desempleo y el empleo precario que afectan al 40 por ciento de la población económicamente activa.
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