Acabar con todo resto de institucionalidad, el objetivo final de las mafias.
El tema de la cooptación de las Cortes del sistema de justicia en
Guatemala no es objeto de gran atención por parte de la ciudadanía de
ese país. De hecho, en estos meses, cuando la población se encuentra
sumergida en el mundo surrealista de una amenaza viral de dimensiones
planetarias con la perspectiva de perder el empleo, ver reducidos sus
ingresos y temerosa del contagio, pocos son los temas que alcanzan a
penetrar en su pensamiento y adquirir cierta preponderancia. Por ello,
lo que se negocia actualmente en el Congreso de Guatemala con relación a
la elección de las Cortes y los intentos de cooptar, neutralizar y
finalmente eliminar a la Corte de Constitucionalidad -cuyo desempeño aún
se mantiene dentro de los parámetros del orden legal- son hechos que
fácilmente escapan a la atención de la ciudadanía, lo cual aun siendo
comprensible, es altamente peligroso.
Guatemala ha sufrido una violencia extrema –física y psicológica- de
larga duración; el conflicto armado marcó con sello indeleble a más de
una generación y creó una atmósfera espesa de miedo y desconfianza cuya
presencia incide, aún después de tantos años de intentos de democracia,
en la actitud apática y poco proclive a la participación política dentro
de la sociedad civil. Los abusos de poder y los vínculos entre los
cárteles del narcotráfico y las esferas empresariales, políticas y
castrenses, han dado como resultado la consolidación de las mafias en
las instituciones del Estado, con especial énfasis en el aparato de
justicia, del cual dependen las garantías de impunidad para quienes
cometen toda clase de delitos bajo la salvaguarda del poder.
Una de las razones por las cuales existe esa apatía en relación con
el desempeño de las instituciones del Estado es, precisamente, el
absurdamente elevado índice de impunidad en el sistema de administración
de justicia, en donde quienes se animan a denunciar delitos en su
contra suelen ser objeto de represalias y de pérdidas económicas
producto de un desempeño pobre del aparato de justicia. Este ha sido
históricamente marcado por el soborno, las presiones desde centros de
poder y de las mafias en la elección de jueces y magistrados. Ante este
escenario, la población está indefensa y sobre todo impotente frente a
un aparato poderoso cuyos entresijos le resultan incomprensibles. Una de
las causas de esta falta de comprensión respecto de uno de los pilares
del sistema democrático ha sido el bloqueo sistemático de los grupos de
poder hacia la educación de calidad –una de las herramientas
fundamentales para el empoderamiento ciudadano- y las restricciones al
derecho de acceso a la información.
Estas limitaciones a la formación ciudadana y a la información han
sido cruciales para mantener a la población ajena a las maniobras de sus
legisladores quienes, además, han sido electos de acuerdo con una ley
diseñada ad hoc para impedir la participación plena de la ciudadanía y,
por lo tanto, aun cuando su presencia en la asamblea sea legal, en el
fondo es ilegítima. Todo esto se traduce en una dinámica de círculos
concéntricos por medio de la cual los grupos cuyos nexos y acuerdos han
logrado capturar todos los hilos del poder, pretenden consolidar el
secuestro total de las más importantes instituciones del Estado y así
neutralizar, de modo definitivo, todo intento de reforzar la incipiente
democracia actual. Por si faltaba algún detalle en este cuadro escabroso
sobre la elección de las Cortes, es importante añadir que algunos de
los personajes más influyentes en ese proceso se encuentran actualmente
guardando prisión preventiva por gravísimos actos de corrupción.
La cooptación del sistema de justicia es el primer paso hacia la dictadura.
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elquintopatio@gmail.com
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