NCM Noticias
SAN
JUAN, Puerto Rico, 3 de noviembre de 2014 (NCM) – Si Puerto Rico no
supera la tendencia a la baja en el empleo, en dos años estará al nivel
de la década de los ochenta del siglo pasado y en un par de años más su
capacidad para proveer fuentes de trabajo a la gente se habrá
retrotraído a las primeras décadas del régimen autonómico, con lo cual
habrá quedado destruido el esfuerzo colectivo de más de medio siglo.
Eso deja apenas unos cuantos años para que Estados Unidos ponga en
orden la economía de esta colonia caribeña o resuelva su condición
política antes de que sea irremediable su descalabro total, en tiempos
en que ese tipo de arreglos autonómicos con pueblos sometidos se
encuentra bajo fuerte presión en diversas partes del mundo.
Pero aunque ya han surgido voces en EEUU que advierten la necesidad de
actuar radical y urgentemente, el tema no parece ser prioridad para
Washington, en tanto América Latina insiste en una solución.
Tampoco se hace cargo de la gravedad de la situación –al menos
públicamente- el gobierno autonomista, que este verano cerró miles de
puestos de trabajo irregulares en la plantilla del propio Estado,
aunque ha sido exitoso en prevenir que los informes sobre el tema se
difundan mucho.
Pero las estadísticas del propio Gobierno tienen cifras tan contundentes que poco les falta para gritar.
Según la base de datos crudos del Departamento del Trabajo, en
septiembre pasado el empleo total bajó a 967.000, que es 79.000 por
debajo de diciembre de 2012, al terminar el anterior gobierno
anexionista, así como 334.000 desde que estalló la crisis en 2006. La
cifra también permitió ver que durante este año 2014 se ha acelerado la
pérdida mensual de puestos de trabajo, lo que corresponde a las
estadísticas económicas en general.
Para hacer un cálculo de a dónde puede conducir la tendencia, NCM Noticias
tomó como base las tasas de baja, de la más benigna que es el promedio
mensual total durante la crisis, la intermedia que es el ritmo de
pérdida de empleos desde enero de 2013 y la más acentuada, que viene a
ser el promedio de reducción en 2014. El resultado fue que se puede
prever que el primer escenario es de poco más de 877.700 puestos de
trabajo al final de 2016, de cerca de 865.400 en el segundo escenario y
805.000 en el pronóstico más grave.
Como la tarea periodística
fue prever lo que podría pasar si las cosas siguen iguales, no se tomó
en cuenta la posibilidad de eventos extraordinarios que mejoren
dramáticamente la economía, ni que las bajas en el empleo puedan seguir
acelerándose.
Cualquiera de los escenarios coloca las
perspectivas de empleo total de Puerto Rico al final del año 2016 de
vuelta a los años 1986-87, en momentos en que Puerto Rico comenzaba a
recuperarse de la recesión de principios de los ochenta y en el inicio
del largo período de crecimiento económico sostenido, que se hizo
añicos en 2006. De hecho, los tres modelos indican que la pérdida neta
de puestos de trabajo a lo largo de la crisis habrá acumulado bajas
desde más de 423.000 hasta casi medio millón al finalizar el año 2016.
De extenderse las tendencias actuales un poco más, el cálculo
correspondiente al cierre de 2018 vendría a ser que en Puerto Rico
quedarían apenas 661.000 puestos de trabajo para sostener la población,
lo que fue el nivel en el que, en términos generales, estuvo el empleo
total desde finales de la década de los cuarenta hasta los primeros
años de la década del sesenta del siglo pasado.
Por supuesto,
que las posibilidades de que pase algo que saque a Puerto Rico del
atolladero económico en que se encuentra deberían aumentar con el paso
del tiempo. Eso hace que el pronóstico sea menos preciso cuando se
proyecta a más años de distancia.
Las acciones del Gobierno
ante esas perspectivas están matizadas por tal nivel de negación que,
desde que se planteó la más reciente reforma para atender la crisis
fiscal del Estado se proclamó que los ahorros que se planificaban se
harían sin despedir empleados irregulares, a pesar de que se estipuló
explícitamente eso en el estatuto. Durante meses el Gobierno se ha
negado a atender requerimientos de información sobre los despidos,
hechos por el periódico El Vocero y NCM Noticias, pero las
cuentas oficiales ya reflejan que en el período de abril a agosto de
este año se eliminaron en el gobierno central más de 6.300 empleos de
tipo irregular.
Pero la política de control informativo –con
un repertorio que va desde la ocultación hasta la mentira- ha ido
perdiendo su efectividad ante la avalancha de medidas impositivas para
proteger las asediadas arcas del Estado, así como las presiones
crecientes para la entrega de bienes públicos a empresarios aventureros
o especuladores. Tampoco ayuda mucho la tendencia mundial, consignada
en estudios de la Organización Internacional del Trabajo, de
recuperación económica sin aumentos en el empleo o mejoramiento de las
condiciones sociales de los sectores empobrecidos.
Eso va
dejando, entre los principales estabilizadores para evitar el tumulto
social, factores tales como que continúe aumentando la gente que
abandona el país, con la consecuente pérdida del potencial en el
capital social o incrementos todavía mayores en las transferencias de
dinero desde EEUU, blanco de ataques cada vez más por parte los
sectores que opinan que los pobres ya reciben demasiado. Otros
estabilizadores para la situación social, aunque son de los más
volátiles, vienen a ser el contrabando y la corrupción.
El
principal de los estabilizadores, el dominio mismo de parte de EEUU
–con la creencia general de que garantiza acceso a la riqueza y
protección de la democracia- ha sufrido laceraciones en los últimos
años. Han contribuido a eso el repudio a usos militares del país,
descrédito de las jefaturas políticas y las elites económicas, así como
el retiro del consentimiento a la condición colonial.
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