El brutal
crimen de Estado y lesa humanidad perpetrado contra los jóvenes
normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, que ha horrorizado a la sociedad
mexicana y provocado la indignación de millones de personas en el mundo,
no ha sido una acción aislada y excepcional, una falla esporádica del
sistema, sino una constante y sistemática política de Estado durante
décadas. Desde ese 2 de octubre de 1968 en que el Ejército y los cuerpos
de seguridad asesinaron a mansalva a un número indeterminado de
estudiantes en la Plaza de Tlatelolco. Desde ese 10 de junio de 1971 en
que el grupo paramilitar los halcones, entrenado y al servicio
del Estado, disparó a discreción contra una manifestación estudiantil
pacífica en las calles de la ciudad de México. Desde la guerra sucia de
los años 70 y 80, cuando el territorio nacional, como hoy, se llenó de
cárceles y fosas clandestinas y los militares mexicanos tuvieron el
macabro privilegio de inaugurar los vuelos de la muerte,
técnicade desaparición forzada exportada por los asesores franceses en contrainsurgencia, que lanzaban al mar desde aviones a revolucionarios argelinos durante la lucha por la independencia.
Siendo constante y creciente no sólo la violencia política, sino
también la de carácter estructural contra los jóvenes, la
trasnacionalización capitalista neoliberal las ha incrementado
exponencialmente. Ser joven en el México de hoy es una condición de
riesgo extremo. Lo que los monopolios de comunicación internacionales no
han hecho público, tan sesgados para tratar el tema México, es que en
los últimos ocho años, más de 120 mil personas han sido ejecutadas extrajudicialmente,
mientras miles han sufrido desaparición forzada, y que de ellas, la
gran mayoría son jóvenes y pobres. La mayor parte de las mujeres
asesinadas y víctimas de la violencia de género son jóvenes. La
generación que nació en estas décadas de barbarie neoliberal sufre la
pérdida de conquistas civilizatorias del llamado Estado benefactor, que
ha significado una reducción drástica de sus posibilidades de acceso a
educación, salud, cultura, a los espacios y tiempos lúdicos y a la
inserción laboral en la ciudad y el campo. La juventud padece, asimismo,
formas preferentes de explotación, esto es, sobrexplotación, así como
un mayor grado de precarización en las condiciones de vida, desempleo y
subempleo en el ámbito laboral. También han sido el sector con mayores
índices de desplazamiento forzado dentro y fuera de México.
De ahí la importancia y pertinencia de la Audiencia Temática sobre la
Destrucción de la Juventud y las Generaciones Futuras del Tribunal
Permanente de los Pueblos, capítulo México, que tendrá lugar del 8 al 10
de noviembre en el Museo de la Ciudad de México, y en cuyo proceso de
preparación de la acusación y de la audiencia, que duró más de un año,
han participado cientos de jóvenes de más de 20 estados del país. Cabe
señalar que el capítulo México del Tribunal Permanente de los Pueblos, a
partir del eje central de sus trabajos, El libre comercio, la violencia
estructural y la impunidad, llevará a cabo su audiencia final durante
los días 12, 13 y 15 de noviembre en el Centro Cultural Universitario.
La acusación en torno a la juventud parte de una
autodefinición de este sector, no sólo como un rango demográfico, el 32
por ciento del total de la población del país, sino también como una
relación social de la actual mundialización del capital:
Somos la parte más agraviada de la nación destruida, del suelo ocupado. Somos la generación que nació con el libre comercio, la última generación joven del país. Somos las secuelas y vestigios de lo que el neoliberalismo aún no ha barrido. Somos el presente al que se le niega el pasado y se le cierra toda posibilidad de futuro. Somos las generaciones pasadas de un futuro que amenaza con no existir, las generaciones de un pasado liquidado. Somos las y los jóvenes de México, las y los condenados de la patria.
El documento base denuncia al Estado mexicano por entregar y destruir
a la juventud como parte del desmantelamiento y entrega del país.
Acusan al Estado mexicano en su conjunto, a los tres poderes de la
Unión: Ejecutivo, Legislativo y Judicial; a los gobiernos de todos los
presidentes desde Gustavo Díaz Ordaz a Enrique Peña Nieto; a quienes
firmaron el Tratado de Libre Comercio de América del Norte; al gobierno
de Estados Unidos y sus organismos de seguridad e inteligencia; a los
organismos internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario
Internacional, a la OEA y a los organismos de la ONU cómplices de los
crímenes que denuncian; a las empresas trasnacionales que saquean y
devastan el país; a los medios de comunicación que ocultan y tergiversan
la realidad de la nación ocupada; a los intelectuales, organizaciones
no gubernamentales e institutos al servicio de la injerencia extranjera;
a las universidades y centros de investigación impulsoras del proyecto
neoliberal; a las instancias y grupos criminales extraestatales, los
narcotraficantes, paramilitares y otros que resulten responsables.
Los jóvenes consideran que la modificación y creación de leyes para
reconfigurar el Estado al servicio del capital transnacional y del
imperialismo estadunidense ha significado en los hechos la declaración
de una guerra social asimétrica, general y permanente contra nuestros
pueblos, nuestra madre tierra, nuestra nación. “Una guerra que para
sostenerse requiere de aniquilar a la juventud y cerrarle el paso a las
generaciones futuras… Denunciamos que esta guerra es una guerra juvenicida. El juvenicidio en
este sentido es más que un homicidio de un joven; es cuando tratan de
arrebatarnos nuestra fuerza vital, nuestra humanidad y nuestra
potencialidad para trasformar la realidad, es decir, nuestra juventud”.
El Estado mexicano está enjuiciado por desvío de poder y por ser un
Estado criminal y deberá responder ante el Tribunal de los Pueblos y
ante los propios ciudadanos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario