Honduras en su laberinto
Rel-UITA
Después de 2009,
especialmente, las comunidades indígenas lencas que habitan las sierras
del departamento de La Paz e Intibucá, han sufrido la persecución penal,
criminal, militar y mediática por ocupar su propio territorio
ancestral. Y eso debe parar.
En el derecho internacional de las
primeras naciones ellas son las propietarias exclusivas de su
territorio, son los primeros habitantes del país, pueden aprovechar sus
tierras y sus bienes naturales de acuerdo a las prácticas y tradiciones
ancestrales de su cultura, sin pedirle permiso al mercado.
El Convenio 169, aprobado por las Naciones Unidas y ratificado por Honduras
en 1995, reconoce la propiedad comunitaria de los pueblos autóctonos y
obliga al Estado a respetar sus límites. Y a respetar su derecho
consuetudinario. Su visión del mundo y de la vida.
Pero, como
sabemos, la plaga neoliberal salvaje que entró en 1990 a sustituir los
viejos esclavistas y terratenientes feudales – incluida la iglesia
católica – no ha respetado el consentimiento previo, libre e informado
de los pueblos indígenas. Y les han dado palo, fuego, gases, muerte y
persecución penal, por hacer producir su propia tierra.
Al amparo
de la Ley de Transformación Agraria, que recuerda los ingratos días de
Callejas en el poder, miles de falsos propietarios aparecieron en
valles, sierras y montañas, afirmando ser los dueños sin importar que
fueran los ladrones. Salieron desde San Pedro Sula, Comayagua,
Tegucigalpa y otras ciudades, como cazadores de fortunas.
Estos
ladrones de tierras y territorios lencas se aliaron con diputados,
narcos, asesinos, fiscales, jueces, policías y soldados, que defienden
como jauría rabiosa el sagrado principio capitalista de la propiedad
privada.
Pero todos sabemos cómo este cartel cambió las reglas
usando el golpe de Estado de junio 2009 y el golpe natural del Huracán
Mitch en octubre de 1998.
Ambos acontecimientos sirvieron al
crimen organizado para modificar en el Congreso o las leyes ambientales,
de tierras, de minerales y del agua. Luego fueron registrados como
propietarios. Represadores. Mineros. Caficultores. Desarrollistas.
Por eso precisamente estos ladrones de las tierras del pueblo indígena lenca de Honduras
–y de todos los pueblos originarios– están acusados penalmente, sin
visas gringas, bajo el expediente de la MACCIH denominado Planeta Verde.
¡Vaya nombre para un expediente de ladrones!
Desalojos, represión y criminalización
Precisamente
en La Paz vimos la semana pasada las imágenes grotescas de un desalojo
en este planeta verde, en las Torres cerca de San Pedro de Tutule:
Máquinas
pesadas destruyendo viviendas, motosierras cortando los cafetales,
bombas lacrimógenas dispersando niños y mujeres, balas vivas sangrando
cuerpos de hombres, cortando cercas, asesinando los sueños de años de
trabajo continuo.
Enseguida, vinieron los requerimientos
fiscales, la persecución criminal, y esta semana, el 14, comienza el
juicio. Y así, los propietarios legítimos de las tierras son convertidos
en invasores, los habitantes indígenas de primera clase obligados a ser
indigentes, emigrantes expulsados, perseguidos, prófugos de la justicia
de los narcos mineros, de la ley brutal del Planeta Verde.
A lo
largo de toda la columna vertebral del departamento de La Paz, San Pedro
de Tutule, Guajiquiro, Planes de Santa María, Marcala, Otoro y otros
municipios de la zona alta, las bases de la CNTC y la UTC,
particularmente, son víctimas de esta realidad.
Los Bustillos, los Domínguez, los Reynoso,
etc., van por ahí señalando, denunciando y poniendo a fiscales y
policías junto a los pichinguitos de plomo a defender el sistema
depredador.
Este sistema injusto es el mismo que en Santa Bárbara
persigue a la resistencia ciudadana en Atima, en Las vegas y en la
cabecera, principalmente, con asesinatos y requerimientos. Con amenazas y
torturas.
Es impresionante saber que después del golpe
electoral del fraude de 2017 han sido asesinadas 72 personas, 32
encarceladas en Ilama y muchas siendo torturadas ahora mismo en la
región occidental.
En el Sur de Honduras en las
plantas meloneras, además del esclavismo laboral y sexual, la
persecución atroz de políticos corruptos, policías y militares contra la
juventud en resistencia y contra las comunidades costeras del golfo de
Fonseca.
La tierra está en el centro de la disputa voraz del
capital salvaje, como en el valle del Aguán, donde 18 dirigentes
sociales, campesinos y de organizaciones populares enfrentan la
persecución judicial de un tribunal de jurisdicción nacional, por
defender la reserva de Guapinol.
La sucia campaña contra Esly Banegas,
la fundación San Alonzo, la parroquia de Tocoa y COPA no son
tolerables. Estas personas y organizaciones tienen nuestro respaldo
solidario y nuestro respeto por lo que hacen a favor de la vida y de la
paz regional.
Así como La Paz necesita justicia para su pueblo
lenca, todos los procesados y prisioneros por razones políticos
necesitan la justicia, sin que nadie atrape sus causas para propósitos
mezquinos, para levantar banderas inútiles.
Es toda Honduras que necesita su liberación, su regreso a la vida productiva para el bien de la humanidad.
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