Guatemala
En 2019 se elegirá a
quienes tendrán a su cargo las tareas de dirección política y
legislativas, cuyos impactos serán sentidos —aun cuando no lo sepan— por
las grandes mayorías. Estas se verán afectadas o simplemente marginadas
de ambos ámbitos de gestión política. En un acercamiento somero e
inicial a la oferta electoral y a las posibilidades de los partidos y
las candidaturas, es evidente que se imponen fuerzas que propugnan por
mantener y consolidar el statu quo.
Aun si definen su
ideología o no, la mayoría de los partidos políticos y de las
candidaturas con mayores y mejores condiciones, recursos y capacidades
para lograr las mejores tajadas del pastel en el reparto electoral han
empezado a emitir discursos que auguran la orientación de sus programas
de gobierno y legislativos.
En general, los discursos que emanan
de esta oferta dominante están marcados por la visión y el interés
empresariales. Desde allí emergen planteamientos relacionados con la
mejora de las condiciones de seguridad, la certeza jurídica, la
eliminación de las trabas burocráticas y la gobernabilidad para atraer
inversión extranjera. Asimismo, se hace referencia a la necesidad de
mejorar las condiciones de competitividad del país, lo cual, como
sabemos, se refiere a la provisión de infraestructura, a bajos impuestos
y a salarios mínimos.
Más de una opción ha empezado a plantear
tibiamente fórmulas viejas e infructuosas como la privatización, panacea
hoy planteada para ámbitos como el de la seguridad social y la
educación universitaria. Complementariamente, ofertan una gestión que
resuelva la resistencia social a los proyectos mineros e
hidroeléctricos, para lo cual surgen fórmulas como militarización,
aumento de prisión y, para combatir a las maras, reactivación de la pena
de muerte. Además, la mayoría de estas fuerzas partidarias proclaman su
oposición a la Cicig y reivindican una falsa soberanía aparejada con
intenciones de instituir leyes de impunidad para casos de crimen
organizado y de crímenes de lesa humanidad.
Es decir, nada nuevo
en el panorama, planteamientos de antaño que han sido base de las
ofertas electorales que han gobernado el país —con sus diferencias de
matiz— entre 1985 y la fecha actual, ofertas que en su concreción han
logrado mantener y aumentar los márgenes de ganancia del empresariado,
en especial del capital oligopólico y transnacional, mientras los
problemas históricos y estructurales del país, del pueblo guatemalteco,
son cada vez más profundos, tal y como se expresan en el aumento de la
desigualdad, de la pobreza y de la criminalización de la protesta
social.
En estas ofertas conservadoras, que van desde las
derechas moderadas hasta las extremas, por ningún lado surgen
referencias a los sujetos mayoritarios y a las problemáticas, por
ejemplo, de los pueblos originarios, de las mujeres, del campesinado, de
la clase obrera. El único sujeto importante que resulta relevante en
algunos discursos es el migrante no solo por su peso electoral, sino
porque existe el interés por mantener y aumentar las ganancias producto
de la intermediación financiera y el control de las multimillonarias
remesas.
En este marco de ofertas, cuyos programas de gobierno
podrían estar en ciernes y muy probablemente en poco rebasen lo ya dicho
y ofertado en campañas electorales anteriores, resulta necesario
preguntarle a cada opción cuáles serán sus políticas para dotar de
recursos a la economía campesina y a la agricultura familiar, tan
importantes para garantizarnos alimentos a la mayoría de la población
guatemalteca; cuál será su política para garantizar los derechos
laborales y salarios dignos para la clase trabajadora en el campo y en
la ciudad; cuáles serán los aumentos presupuestarios para garantizar
cobertura universal en salud y educación a la ciudadanía; cuáles son las
propuestas para resolver los problemas y atender las demandas legítimas
de las mujeres organizadas; cuál será su política ambiental; qué
alternativas ofrecen para resolver de raíz las violencias y las
delincuencias organizadas; cuál será su política ante la negativa de las
comunidades y de los pueblos indígenas y mestizos contra los proyectos
extractivos; cómo va a lograr que disminuya la expulsión de población al
exterior en busca de opciones laborales que no encuentran en el país.
Sin
duda, son muchas las preguntas que deben planteárseles a quienes
competirán en las elecciones. ¿Qué otra pregunta plantearía usted? ¿Cómo
piensa accionar para ser sujeto —individual y colectivo—, y no objeto
en las elecciones de este año y en la gestación de un nuevo destino para
el país, que trasciende la acción y el momento electoral?
Blog del autor: www.plazapublica.com.gt
No hay comentarios:
Publicar un comentario