Los despidos en el gobierno federal no terminan, y
numerosos empleados aguardan hacia finales de este mes la definición de
su suerte laboral. En todas las secretarías hay oficinas donde incluso
no se ha realizado el obligado proceso de entrega-recepción de la
administración pasada y en otras, por la incertidumbre sobre la
permanencia de algunos programas, hay servidores públicos sin materia de
trabajo.
Por ejemplo, los 500 trabajadores de Prospera en Veracruz no laboran
desde hace dos meses. Su universo de acción son las 600 mil familias
beneficiarias del programa en esa entidad –la mayor en cobertura junto
con Chiapas– desplegado por la Secretaría de Desarrollo Social, hoy del
Bienestar. Sus salarios son de alrededor de 8 mil pesos mensuales, más
viáticos.
Esta dependencia es un caso emblemático de cómo el nuevo gobierno ha
hecho tabla rasa de estructuras y oficinas enteras sin analizar el
perfil de puestos y el desempeño de quienes los ocupaban.
Lo mismo ocurre en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
En ambas dependencias al personal contratado por honorarios y cuya
vigencia terminó el 30 de noviembre ya no se le renovó el vínculo
laboral sin importar su experiencia o eficiencia. Esto –se calcula– ha
derivado en la salida de una tercera parte de esos servidores públicos
cuyo nombramiento muchos habían obtenido vía el servicio profesional de
carrera.
El recorte de técnicos especializados en temas de política social ha ocasionado que, por ejemplo, en el Diario Oficial de la Federación
hayan aparecido erratas frecuentes en documentos de esta secretaría,
como las reglas de operación del programa Pensión para Adultos Mayores
del pasado 30 de enero, y donde la publicación ubica su vigencia para el
ejercicio fiscal 2018.
Por lo general a inicios de cada año, y en tanto se liberaban los
recursos presupuestales, en varios programas sociales se detenía su
aplicación operativa y se aprovechaba el tiempo para el trabajo
prospectivo, aunque no había suspensión en la entrega de fondos. Esta
vez, con el nuevo gobierno, entre el rediseño de las estrategias, la
elaboración de censos y el recorte de personal, la parálisis en
numerosas áreas es evidente.
En la Semarnat, y de acuerdo con su directorio, todavía faltan
nombramientos como el del subsecretario de Fomento. Y hay direcciones,
como la de Industria, cuyo personal se redujo a dos personas, mientras
en la de Energía y Actividades Extractivas sólo quedó una.
En la propia Presidencia de la República, la oficina encargada de
medios internacionales de la coordinación de Comunicación Social no ha
sido entregada a la nueva administración, pues no hay todavía quién la
reciba. Y desde diciembre hay una persona aguardando para hacer esta
gestión.
En la Secretaría de Educación Pública (SEP), expertos en temas
educativos, asesores, pedagogos, demógrafos, responsables de áreas de
comunicación, abogados, contadores y demás, en labores administrativas
–de confianza y eventuales–, no fueron recontratados.
Organismos desconcentrados y autónomos del sector educativo enfrentan
el mismo escenario: el Instituto Nacional para la Evaluación de la
Educación entre diciembre y enero despidió a 379 trabajadores, 40 por
ciento de su planta laboral, y en proporción similar están el Instituto
Nacional para la Educación de los Adultos y en el Instituto Nacional de
la Infraestructura Educativa.
Esteban Moctezuma, titular de la SEP, confirmó que el adelgazamiento
de la estructura de personal de confianza y por honorarios alcanzó a 30
por ciento en esa dependencia. A esta secretaría corresponde la
obligación de atender 36.6 millones de alumnos y cuenta con 1.8 millones
de trabajadores.
Personal de la SEP –a condición de anonimato– lamentó que en la
mayoría de las subsecretarías –básica, media superior y superior– “no
hubo interés en conservar a los equipos de expertos que venían
trabajando desde hace por lo menos dos administraciones y con
experiencia y conocimiento del sistema educativo, el cual es complejo no
sólo por su tamaño, sino por la diversidad de subsistemas y la
normatividad que lo rige’’.
Asimismo, en la Secretaría de Gobernación el recorte de personal
alcanza hasta ahora al menos 2 mil plazas, equivalente a 30 por ciento
de la plantilla del sector central. La medida, denunciaron trabajadores
afectados, se tomó
a rajatabla.
En diciembre, a petición de la titular, Olga Sánchez, el entonces
titular de Administración y Finanzas, Juan Manuel Flores –se desconocen
las razones de su dimisión hace tres semanas– dijo que se eliminarían
siete unidades (de 21 existentes en 2018), 24 direcciones generales (de
55) y 84 direcciones adjuntas (de 153); las direcciones de área
quedarían en 214 (de 411) y de seis subsecretarías permanecen sólo tres.
En la dirección de Normatividad de Medios quedó una magra nómina y se
despidió a analistas en materia legal y encargados de la programación
de pautas. Lo mismo se advierte en Radio, Televisión y Cinematografía,
en Juegos y Sorteos, en Comunicación Social y en Enlace Legislativo,
entre otras.
Frente a la posibilidad de despido, un centenar de trabajadores de
Enlace Legislativo –operativos no basificados, pero que no alcanzan
nivel ni salario medio– solicitó su incorporación al sindicato de
Gobernación. Este bloque de empleados es uno de los más afectados, pues
sus ingresos están congelados desde hace una década.
Finalmente, en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) la poda
de personal fue sobre embajadores y cónsules que obtuvieron un
nombramiento político durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.
(Fabiola Martínez, Angélica Enciso, Laura Poy, Alonso Urrutia, Ana Langner y Rosa Elvira Vargas)
De la Redacción
Periódico La Jornada
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