Magdalena Gómez
La Jornada
Ayotzinapa
es la clave de la enormidad del drama humano implicado en la
desaparición de 43 jóvenes normalistas, ante la cual se han pronunciado
las más variadas voces en el país y a escala internacional, incluyendo
la del propio papa Francisco. Hoy el grito por la exigencia de
aparición con vida de los estudiantes se escucha en los más diversos
idiomas y espacios.
Justamente cuando el peñanietismo estaba en plena fiesta por sus
reformas en materia energética, Ayotzinapa será su marca indeleble, la
revelación del fracaso absoluto en materia de seguridad y la ausencia
de condiciones de Estado para garantizar el derecho fundamental a la
vida. Qué paradoja; Peña Nieto en campaña firmó ante notario numerosos
compromisos. Uno de ellos fue:
Las fuerzas federales seguirán velando por la seguridad de los habitantes de Guerrero el tiempo que sea necesario, hasta tener condiciones de orden y paz(18 de mayo de 2012).
El drama humano de la desaparición forzada de los 43 normalistas se
incrementó ante el despliegue publicitario de la Procuraduría General
de la República (PGR) en torno a supuestos hallazgos en el basurero de
Cocula, Guerrero, y la difusión de una declaración del líder de Guerreros unidos que
sugiere involucramientos de los normalistas con un grupo rival. Nada de
inocencia en el afán de revictimizar y criminalizar a las víctimas, que
lo son todos los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa.
Treinta y ocho días y abundan las fosas en proceso de identificación
confiable. Centrar toda la responsabilidad en el ámbito municipal elude
la dimensión de Estado. Eso se intentó cuando en los primeros 10 días
declararon que era un asunto local. Curioso, ¿no?: ¿autobalcanización
de Estado? Tal panorama llevó a que tanto los familiares como los
estudiantes de Ayotzinapa declararan rotas las relaciones con PGR y
Gobernación, por lo que solicitaron públicamente hablar con Peña Nieto.
Ya lo habían hecho con el nivel estatal y no han modificado la
postura, pese a que se fue el gobernador Aguirre y llegó un sustituto
que no acierta a expresar cuáles serán las líneas de su proyecto de
gobierno, fuera de sumarse a la prioridad de localizar a los 43
normalistas y aventurar, también él, hipótesis a partir de
me dijeron y creo, e insiste en reiterar que es académico y no político, pero tiene muchos amigos a los que está llamando. Por lo pronto designó a un secretario de Educación que, al margen de sus credenciales específicas, su nombramiento no pasó por un mínimo proceso de diálogo con el sector más combativo y más afectado, al cual justamente pertenece la Normal Rural de Ayotzinapa.
El
peñanietismo no logra una relación justa frente al federalismo
constitucional y ya está patentando su modelo de nombramientos de
académicos como cabezas formales para encubrir la intervención directa,
que no coordinación. En Michoacán tiene un rector gobernador con un
comisionado que manda, y en Guerrero un secretario general de
universidad que puede designar cualquier espacio, menos el relativo a
seguridad.
Peña Nieto aceptó reunirse el 29 de octubre con los familiares de
los 43 jóvenes desaparecidos. No les aportó información nueva respecto
a la búsqueda y firmaron 10 acuerdos tan genéricos que no es de
extrañar que al salir de Los Pinos los mensajes se expresaran en
espacios separados. El de los familiares se sintetiza en la frase
no le tenemos confianza.
Se acordó intensificar la búsqueda, los estudiantes y familiares
pidieron redireccionar la investigación, insistiendo en que los busquen
vivos, formar una comisión mixta para informar a familiares.
Redignificación de la infraestructura y espacios de las normales
rurales del país sin referir el reconocimiento de su modelo de
formación. Se reiteró la disposición de pactar con la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) asistencia técnica en la
investigación. Justamente el día siguiente se efectuaron en la CIDH
cinco audiencias sobre México. Las organizaciones peticionarias
destacaron la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Normal de
Ayotzinapa y solicitaron una visita in loco a la que el gobierno reservó su aprobación; le parece más que suficiente acordar la asistencia técnica.
La representación oficial osciló ante la aceptación de la impunidad,
pidió paciencia y ofreció evidencias de las numerosas capacitaciones
que realiza. Utilizó una retórica de construcción compartida, sin dar
cuenta de la elemental diferencia entre representar al Estado y
defenderse frente a sus abusos, llegando al extremo de afirmar:
también a nosotros nos hacen falta los 43 normalistas(PGR) y rematar que pocos estados han mostrado tal apertura al escrutinio internacional (SRE). Los comisionados de la CIDH respondieron que si se capacita y no cambia la situación es que hay que buscar en otro lado las razones de la impunidad; cuando agentes se atreven a secuestrar a 43 estudiantes significa que no entienden que su función es la protección de la persona.
No hay que descartar que el Estado se libere del jaque pateando el tablero.
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