¿Cuáles son los polos
de poder principales que están en disputa por la aprobación de las
reformas constitucionales en Guatemala?
La disputa gira en torno a
una propuesta de reforma constitucional que proviene de una puesta en
escena conservadora, planteada por la Comisión Internacional contra la
Impunidad en Guatemala (Cicig), el Ministerio Público (MP) y el
Procurador de los Derechos Humanos (PDH). Esta fue delimitada al ámbito
del sistema de justicia y puesta a discusión con una metodología
prestablecida, todo ello impuesto por los ponentes. Fueron excluidos de
la definición y delimitación de la propuesta sujetos políticos
representativos de la sociedad guatemalteca como los pueblos indígenas,
los campesinos y las representaciones de otro conjunto de movimientos y
sectores sociales. A lo sumo, algunos de estos pudieron participar en
las mesas de diálogo a través del Gran Consejo de Autoridades
Ancestrales y de otras instancias auto adscritas al sujeto maya o a los
pueblos indígenas, de manera que se lograron la inclusión del pluralismo
jurídico y el reconocimiento de la jurisdicción de sus sistemas de
justicia.
La propuesta que finalmente ingresó en el Congreso de
la República el 4 de octubre de 2016 se refería a un conjunto de
cambios relacionados con el antejuicio a funcionarios públicos, con la
carrera judicial y con el cambio de actores, procedimientos y
dispositivos para la elección de las cortes, entre otros. Por último y
no menos importante, se refería a la potestad de las autoridades
indígenas para ejercer funciones jurisdiccionales de conformidad con sus
propias instituciones, normas, procedimientos y costumbres, esto sujeto
al control constitucional y a la coordinación y cooperación entre el
sistema jurídico ordinario y los sistemas jurídicos indígenas.
Una vez ingresada la propuesta al Organismo Legislativo, los polos de
poder en disputa por tales reformas quedaron cada vez más claros.
Con el inicio del actual gobierno y, finalmente, con la elección de la
actual junta directiva del Congreso de la República en 2017 se consolidó
un polo de poder que articula, en esencia, los mismos intereses que
llevaron a Otto Pérez Molina y al Partido Patriota a la presidencia en
2012. Me refiero a intereses oligárquico-empresariales, a estructuras de
exmilitares contrainsurgentes y a redes vinculadas al crimen
organizado. Finalmente, esto es lo que se encuentra articulado en el
gobierno actual, el partido FCN-Nación (con mayor énfasis después de que
muchos ex-Líder y ex-PP se unieron a su bancada en el Congreso), y en
la alianza de partidos políticos que hoy controlan la junta directiva
del Organismo Legislativo. Estas fuerzas económicas, sociales y
políticas son las que están en campaña para que fracase el proyecto de
reformas constitucionales, ya que sus intereses de clase social y sus
sectores de interés gremial y corrupto podrían salir afectados.
El otro polo en disputa está encabezado por la embajada de Estados
Unidos, operado por la Cicig, el MP y el PDH. Su interés es que avance
una reforma política e institucional que disminuya el poder de las
fuerzas articuladas en el anterior polo, en especial en la elección y el
control de las cortes de justicia y de constitucionalidad. Es un polo
de poder cuyas principales representaciones decidieron que las reformas
constitucionales estarían limitadas al sector justicia y que las
demandas que incluían la instalación de una nueva asamblea nacional
constituyente que reformara o redactara una nueva Constitución política
quedaran al margen.
En esta disputa existe un tercer bloque,
integrado por un conjunto de representaciones y de organizaciones
diversas y heterogéneas, descoordinadas en buena medida, para empujar
estas reformas. Aquí aparecen un conjunto de fundaciones, oenegés,
colectivos e instituciones educativas que coinciden en reformar política
e institucionalmente el Estado, además de articulaciones sociopolíticas
como la Asamblea Social y Popular y el Gran Consejo de Autoridades
Ancestrales, que ven en esta reforma una oportunidad para avanzar en el
camino a la gestación de un Estado plurinacional, popular y
multisectorial.
En esta relación de fuerzas queda claro que las
reformas constitucionales constituyen una pretensión en un momento en
el cual la disputa principal se da entre el primer polo de poder y el
segundo. El tercer bloque, que coincide con el polo de poder reformista,
se encuentra en buena medida supeditado a que este pueda influir
decisivamente en el Congreso, lo cual pareciera improbable con relación
al tema de la jurisdicción indígena y probable en lo relativo al resto
de reformas propuestas.
La pretensión de instituir el
pluralismo jurídico fue derrotada en el Legislativo a finales del 2016 y
no existe la correlación de fuerzas necesaria para que se apruebe la
jurisdicción de los sistemas de justicia indígena. Las demás propuestas
son objeto de negociación y reformulación, lo cual hace que tengan
alguna viabilidad. Sin embargo, esto tampoco es seguro, pues afecta a
quienes se ubican en el primer polo de poder.
El resultado con
relación a estas reformas constitucionales (acotadas y útiles al
sistema, pero también conservadoras) permitirá dilucidar cuál es el polo
de poder finalmente ganador en esta contienda. Más allá serán un
indicador de la vía de salida a la crisis que emergió en 2015. Así, será
una vía reformista dirigida por Estados Unidos o una vía
oligárquico-mafiosa encabezada por el principal partido político del
país: el Cacif. La vía alternativa continúa en proceso de gestación.
Blog del autor: www.plazapublica.com.gt
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