Ignacio Ramonet
Periódico La Jornada
El año 2016 podría ser de alta conflictividad en Venezuela. Por razones internas y razones externas.
En el plano interior, la amplia victoria en las elecciones
legislativas del pasado 6 de diciembre de la coalición opositora Mesa de
la Unidad Democrática (MUD) configura una Asamblea Nacional controlada
–por mayoría calificada y vez primera desde 1999– por fuerzas hostiles a
la revolución bolivariana. Pero en cuyo seno la bancada chavista del
Partido Unido Socialista de Venezuela (PSUV) sigue siendo la más
numerosa, con 51 diputados. Ello permite augurar un enfrentamiento
dialéctico de alta intensidad.
Con el control de dos tercios de la cámara legislativa, la oposición cree sin duda llegada la hora de la revancha y sueña con
desconstruirpieza por pieza la revolución bolivariana. Teóricamente, podría hacerlo. La Constitución lo permite siempre que se cuente también con el apoyo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), que hace funciones de Tribunal Constitucional, y del Poder Ciudadano (integrado por el Defensor del Pueblo, la Fiscal General y el Contralor General de la República). Pero sería un gravísimo error. La MUD no debe confundirse. Porque está claro –un simple análisis de los resultados lo demuestra– que los electores no le han dado mandato para ello ni potestad absoluta para gobernar jurídicamente. El enfrentamiento institucional podría ser frontal y brutal.
Sociológicamente, el chavismo sigue siendo ampliamente mayoritario.
En un eventual referendo en favor o en contra de la revolución
bolivariana todos los estudios concluyen que una sólida mayoría votaría e
favor de la continuidad del proceso. El 6 de diciembre pasado se
trataba únicamente de elecciones legislativas, de designar diputados. No
de cambiar de República ni de cambiar de Presidente. Los ciudadanos,
inteligentemente, aprovecharon para enviar un mensaje de alerta y
protesta a las autoridades. Muchos de ellos no imaginaban ni remotamente
que otorgarían a la oposición una victoria tan excesiva. Nunca fue un
voto de adhesión a un (oculto) programa de la MUD, sino un sufragio de
advertencia a la actual administración.
Y es bastante normal. Porque desde hace largos meses, como consecuencia, en parte, de una “guerra sucia
económica fomentada y auspiciada por las oficinas de la Internacional
conservadora y también –como ha denunciado el presidente Nicolás Maduro–
a causa de
la asfixia de la burocracia y de la corrupción, la vida cotidiana se ha vuelto pasablemente infernal para la gente. El desabasto de productos de primera necesidad, tanto alimentarios como de higiene personal y del hogar, así como de medicamentos, transforma el día a día de los venezolanos en una incesante lucha para resolver escasez que casi nunca antes se conocieron a este nivel. Aunque muchos comentaristas no lo reconocen, las autoridades han hecho un esfuerzo colosal y prioritario para combatir esa plaga. Pero los electores consideraron que no fue suficiente. Y sancionaron con su voto negativo esa ausencia de victoria en un frente capital.
Esa es la causa principal de los adversos resultados del 6D para el
chavismo. Si a eso añadimos diversos problemas que siguen sin solución,
como los temas de inflación, inseguridad y corrupción, que contaminan la
imagen de la revolución bolivariana, completamos el diagnóstico de un
malestar general que se ha tornado en sentimiento crítico contra los
gobernantes.
La oposición, decíamos, cree llegada su hora: la de la restauración
neoliberal. Y después de haber ocultado cuidadosamente su programa
durante la campaña electoral, ya está anunciando en voz alta su
intención de multiplicar las privatizaciones, reducir los servicios
públicos, revocar las leyes laborales, liquidar los logros sociales,
desmantelar los acuerdos internacionales... Ante semejante provocación
(recordemos que el chavismo es sociológicamente mayoritario) el
presidente Maduro ha alertado a la opinión pública y acelerado la
constitución de un parlamento comunal, cuya función en la arquitectura
del Estado aún no está clara, pero podría funcionar como órgano
representativo y consultativo de la sociedad en paralelo a la Asamblea
Nacional.
Todo indica que puede haber choque de trenes. La sociedad
venezolana es profundamente democrática y pacífica –como ha demostrado
en los pasados 17 años–, pero estamos ante un duro pulso entre las dos
grandes fuerzas políticas, chavismo y derecha, que controlan
respectivamente los poderes Ejecutivo y Legislativo. La tentación de
recurrir a la calle y a las manifestaciones de masas va a ser muy
grande, con el peligro que ello conlleva en términos de enfrentamientos y
violencia.
Este escenario de guerra civil tampoco es el deseado por la mayoría
de los electores, cuyo mensaje del 6 de diciembre pasado significaba
abiertamente un llamado al diálogo entre oficialismo y oposición con un
propósito claro: que las dos fuerzas se entiendan para resolver los
problemas estructurales del país.
Decíamos al principio que la conflictividad podría ser alta en
Venezuela este 2016 también por razones externas. Y es que este año se
anuncia, en términos de coyuntura económica internacional, como uno de
los peores en los dos últimos decenios. Esencialmente por tres razones:
derrumbe del precio de las materias primas y del petróleo, crisis de
crecimiento en China y aumento del valor del dólar estadunidense.
Es inútil insistir en que los precios del petróleo tienen incidencia
fundamental en la vida económica de Venezuela, ya que más de 90 por
ciento de los recursos en divisas del país proceden de la exportación
del oro negro. En 18 meses los precios del barril, que estaban en 115
dólares, se derrumbaron a 30... Y no es imposible que a lo largo del año
bajen hasta 20 dólares... Para cualquier país petrolero (Angola,
Argelia, México, etcétera) eso representa en sí una catástrofe, pero
para Venezuela (y en cierta medida para Ecuador o Bolivia), que
redistribuye en políticas sociales lo esencial de su renta petrolera,
significa un golpe muy duro y una amenaza mortal para el equilibrio de
la revolución bolivariana.
El segundo parámetro exterior es China. Este país ha modificado su
modelo de desarrollo y crecimiento. Apostando ahora por su mercado
interior (mil 500 millones de consumidores), por el aumento de los
servicios y la calidad de vida que la contaminación amenazaba de muerte.
Las tasas de crecimiento, antes de 10 o 12 por ciento, se han reducido a
6 o 7. Consecuencia: la importación de materias primas (minerales o
agrícolas) se ha reducido, lo cual ha acarreado un derrumbe de los
precios que afecta a los países exportadores latinoamericanos de metales
(Perú, Chile) y de soya (Argentina, Brasil). Las crisis políticas que
están viviendo estos dos últimos países no son ajenas a esta situación, y
ello indirectamente afecta también a Caracas, socio importante de
Brasilia y Buenos Aires en el Mercosur.
Enfin, el dólar. La decisión que tomó el 16 de diciembre pasado la
Reserva Federal de subir las tasas de interés 0.25 por cieto, después de
nueve años sin hacerlo, aumenta la fuerza del dólar. Que el dólar sea
más rentable en Estados Unidos alienta a los inversores a retirar sus
capitales –invertidos masivamente en los
países emergentesdesde que empezó la crisis en 2008– y a desplazarlos hacia territorio estadunidense. Consecuencia: el valor de la moneda de los
países emergentes (Brasil, Colombia, Chile)se desploma, se devalúa doblemente, por el reforzamiento del dólar y la huida de capitales. Y todos los productos importados se encarecen.
Semejante contexto latinoamericano e internacional dibuja para 2016
un entorno poco favorable para la economía de Venezuela. Y coloca muy
cuesta arriba la perspectiva de hallar soluciones rápidas para resolver
los problemas del país. Desde que ganó las elecciones, el 14 de abril de
2013, el presidente Nicolás Maduro ha lanzado repetidos llamados a la
oposición y al sector privado para establecer un diálogo nacional. Es
muy importante, ante las tempestades que se avecinan, q
ue la MUD responda ahora a esos llamados con espíritu constructivo de responsabilidad. Venezuela se lo merece.
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