Dirige escrito a la CSJ Argentina
Defensor del líder sindical Hugo Moyano denuncia al presidente Macri por espionaje contra él y su familia
Buenos Aires. Los abogados de la defensa de Florencia
Kirchner, hija de la ex presidenta Cristina Fernández, presentaron un
escrito ante los jueces de la causa Los Sauces, con copia a la Corte
Suprema de Justicia (CSJ), para que se le permita continuar y terminar
su tratamiento médico en Cuba, luego de que médicos forenses de la Corte
Suprema argentina consideraron que no debería viajar en sus condiciones
actuales, como prescribieron los profesionales cubanos que la atienden.
Carlos Beraldi, el abogado de Florencia Kirchner, tomó esta decisión
porque el tribunal oral federal 5 había ratificado la orden para que
regresara el pasado 4 de abril, pero un día antes de vencer este plazo
se declaró incompetente en la causa, mientras el tribunal 8 había
decidido extender el permiso por 15 días.
La defensa de Florencia Kirchner había presentado un recurso para que
se reconsiderara la decisión de obligarla a volver a la Argentina, pero
fue rechazado y entonces se apeló ante la cámara de casación, pero no
se definió y le devolvió el caso a tribunal 5 para que resuelva esto y
también la unificación de las causas en un solo juicio, como exigen
todas las partes.
Debido a esta diferencia de criterio y ante el rechazo del recurso
para que se revisara la situación se decidió ir directamente ante la
Corte Suprema. En realidad las acusaciones que pesan sobre la hija de
los ex presidentes Cristina Fernández y Néstor Kirchner son dudosas y
más aún cuando participan jueces que están directamente ligados al
gobierno de Mauricio Macri, quien mantiene un sistema de persecución
política, judicial y mediática con participación del monopólico Grupo
Clarín, abiertamente favorecido por el Ejecutivo.
Además, este entramado quedó en evidencia con el escándalo del
descubrimiento de la red de extorsión y espionaje ilegal, cuya
investigación reveló cómo se arman causas y se presiona a los jueces,
así como la intervención de instituciones estatales, entre ellas la
Agencia Federal de Inteligencia (AFI).
Este lunes el abogado Daniel Llermanos, quien representa a Hugo
Moyano, dirigente sindical de Camioneros, presentó una denuncia contra
Macri por espionaje contra él y su familia, todo esto a partir de las
revelaciones que surgen de la pesquisa del juez federal Alejo Ramos
Padilla con relación a la documentación y el montaje de una red
paraestatal de extorsión y espionaje encontrados durante la detención
del falso abogado y espía Marcelo D’Alessio.
En esta red están involucrados políticos, periodistas, diputados
nacionales e integrantes del Poder Judicial y de la inteligencia, así
como agencias de espionaje extranjeras.
A las pruebas incriminatorias encontradas en el D’Alessiogate
se añadió la declaración del juez Carlos Carzoglio, quien se negó a
ordenar la detención de Pablo Moyano bajo presión directa de
funcionarios de la AFI, que mencionaron a Macri y cuyos titulares,
Gustavo Arriba y Silvia Majdalani, debieron admitir ante el Congreso que
se habían acercado al magistrado supuestamente para
conocer datos de la causa contra Moyano, pero trataron de negar otros vínculos.
La revelación del juez Luiz Carzoglio, quien denunció una operación
judicial y mediática en su contra por haber rechazado un pedido de
detención de los dos líderes sindicales en octubre pasado, causó un
fuerte impacto público y luego fue separado de su cargo por una maniobra
de jueces ligados al gobierno.
El magistrado reveló que estaba sometido a espionaje, ya que le
mencionaron una enfermedad de su esposa que no es de conocimiento
público para presionarlo y luego hubo amenazas de muerte.
Pero el D'Alessiogate no se detiene aquí y en las últimas
horas un espía de la AFI confirmó que la gobernadora de la provincia de
Buenos Aires, María Eugenia Vidal, fue espiada por esa especie de
agencia paralelaque él mismo integró y que evidentemente entró en contradicciones con algunos de sus colegas.
Cada día aparecen nuevos datos y además de los fiscales Carlos
Stornelli y Bidone, también el juez Claudio Bonadío –quien arma causas
en forma permanente contra Fernández de Kirchner y varios de sus ex
funcionarios detenidos ilegalmente– aparece cada vez más involucrado y
la
causa de los cuadernosestá a punto de desmoronarse.
Stella Calloni
corresponsal
Periódico La Jornada
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