Guatemala
La ex Fiscal General de
Guatemala, Thelma Aldana, actual candidata a la Presidencia por el
partido Semilla, al escudarse en el derecho de antejuicio para evitar
ser investigado, evidencia el agotamiento de dicha figura jurídica que
las democracias liberales instauraron para garantizar el ejercicio
parlamentario, y el contrapeso de los órganos del poder estatal.
La
figura de la inmunidad parlamentaria, de origen inglés medieval,
teóricamente tiene dos cometidos: garantizar la inviolabilidad (no
arresto) de los parlamentarios, y el impedimento a ser juzgado
(inmunidad procesal) a los parlamentarios durante el ejercicio de su
mandato. Con el tiempo esta inmunidad también se amplió para proteger a
los presidentes.
En América Latina, casi la totalidad de las
constituciones políticas disponen de esta figura jurídica para
presidentes y legisladores. Honduras, en 2003, suprimió la figura de la
inmunidad o antejuicio. Bolivia, en 2009, suprimió la inmunidad procesal
(preserva la inmunidad de arresto). Chile, con las reformas del año
2000, permite incluso que los ex presidentes gocen de inmunidad.
En
Guatemala, en el año 2002, aprobaron la Ley en Materia de Antejuicio, y
de manera irresponsable e inmoral, ampliaron dicho derecho incluso para
magistrados de justicia, ministros, directores, alcaldes. ¡Hasta los
candidatos a cargos de elección popular gozan de dicho derecho! Y lo más
bochornoso es que dicho derecho tiene carácter de “irrenunciabilidad”,
según Art. 3º de dicha Ley.
La inmunidad o el antejuicio, como instrumento jurídico político, no es bueno, ni malo en sí mismo
Ocurre
que en Guatemala, país campeona o subcampeona en la corrupción pública a
nivel internacional, esta figura jurídica fue y es perversamente
utilizada por inescrupulosos funcionarios públicos como escudo de
protección para sustraer o malversar fondos y bienes públicos.
El
actual Presidente, Jimmy Morales, fue descubierto infraganti mientras
recibía ilegalmente dinero del Ejército. Y, gracias al antejuicio no fue
ni investigado. Y así, pesan rosarios de denuncias públicas de
corrupción, incluso con evidencias, contra funcionarios públicos, pero
el antejuicio los protege en la impunidad.
Recientemente en
Guatemala, hasta se volvió una moda las protestas masivas contra
funcionarios corruptos escudados en el antejuicio, pero casi nadie puso
en debate nacional la posibilidad de la anulación de dicho escudo legal.
Más por el contrario, analistas y opinadores son contrarios a la
supresión de dicho derecho, porque dicen que “preserva a las
instituciones y al cargo del ataque de los contrarios”.
Lo cierto
es que en el Triángulo de la Muerte (Honduras, Guatemala y El Salvador)
cuando los contrarios buscan aniquilar a sus enemigos lo hacen sin
importar la inmunidad de éstos.
En Guatemala es más que evidente
que el intento del Estado de Derecho fracasó fruto de sus
contradicciones internas, y de la tergiversación de mecanismos de
garantía y control institucional, como el antejuicio. El país vive en
una atmósfera de impotencia colectiva viendo de cómo sus gobernantes se
enriquecen ilícitamente, mientras casi el 60% de su población sucumbe en
la miseria. Ven el robo, pero no pueden detener, ni castigar al
delincuente porque estos gozan de inmunidad. El antejuicio es un escudo
transparente.
El procedimiento jurídico político para retirar la
inmunidad a los denunciados no procede porque los magistrados y jueces
(no electos por voto popular) son ahijados de los corruptos gobernantes.
Los diputados no proceden a quitar la inmunidad a los otros corruptos
porque las serpientes no se muerden entre sí. ¿Entonces? ¿Seguimos
defendiendo la figura del antejuicio?
Para esperanza de los
pueblos, organizaciones indígenas y campesinas, como el Movimiento para
la Liberación de los Pueblos (MLP), plantean la democratización de la
democracia a la chapina devolviendo el poder de decisión y control al
Soberano genuino, el pueblo en su sentido amplio. Y, una de las acciones
básicas es la propuesta de la supresión del derecho de antejuicio. Los
candidatos de MLP manejan la inédita retórica de: “renunciaremos al
derecho de antejuicio si nos eligen como funcionarios públicos”.
México
avanza en esa vía. Brasil, al igual que otros países de Suramérica,
también va por la vía progresiva de la supresión del derecho de la
inmunidad parlamentaria. Al parecer, la inmunidad parlamentaria, que
abonó tanto a la corrupción e impunidad, terminará abonando la
transición de la democracia representativa excluyente hacia unas
democracias más participativas.
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