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Durante las elecciones presidenciales y tras la violenta retórica de odio promovida por el partido evangélico Restauración Nacional (PRN), el Partido Acción Ciudadana (PAC) se posicionó fácilmente como el abanderado de los derechos humanos[1]. El avance de los derechos de la población LGTBI y de las mujeres fueron las principales temáticas que marcaron distancia entre los proyectos políticos de la contienda electoral, lo cual incidió en que sectores críticos optaran por dar su voto al PAC –a pesar de su proyecto neoliberal- en lugar de Restauración Nacional, que prometía un futuro medieval para Costa Rica.
Hoy, Carlos Alvarado, tras una abultada victoria, da la espalda a quienes le apoyaron y, nuevamente, intercambia los derechos –básicos- de las mujeres, por una reforma fiscal excluyente[2]. Como si fuera poco, el PAC profundiza la concentración de bienes comunes amparado en una retórica benevolente que pretende maquillar su neoliberalismo despojador. Así, el Gobierno del Bicentenario se construye sobre cuerpos, la postergación y negación de derechos humanos, la concentración de bienes comunes y la acumulación.

Lo simbólico no es suficiente

La amplitud de un Estado de Derecho y de los derechos humanos reconocidos fueron las principales cuestiones discutidas en la contienda electoral costarricense. Por un lado, Fabricio Alvarado prometía curar a las personas homosexuales y cerrar el Instituto Nacional de Mujeres (INAMU) junto con propuestas de corte neoliberal, mientras que Carlos Alvarado promovía condiciones mínimas relacionadas a los derechos humanos de la población LGTBI y de las mujeres sobre una base económica neoliberal. Entre la espada y la pared se encontraron diversos sectores, por ello el “voto útil” y el reconocimiento del PAC como “el menor de los males” fueron los dos impulsos que tuvo Carlos Alvarado para llegar a la presidencia.
“La revolución de las crayolas[3]” fue como románticamente se nombró la victoria de Carlos Alvarado, y sus primeras acciones simbólicas fueron celebradas: el gabinete está conformado en su mayoría por mujeres y personas jóvenes. Además, el Gobierno del Bicentenario cuenta con la primera vicepresidenta afrodescendiente de América continental quien, a su vez, es la primera mujer en ser canciller de Costa Rica.
Sin embargo, las crayolas no fueron transformadas en derechos concretos; o, al menos, no para todas las personas. Para el presidente Carlos Alvarado los derechos de las mujeres no son una prioridad y distraen de la agenda del Ejecutivo. Explícitamente, el presidente del “Gobierno de Unión Nacional”[4] dijo al medio regional la Voz de Guanacaste: “mi principal esfuerzo está en el que creo que es el mayor problema que tenemos como país, que es el problema fiscal, otros temas claves como la inseguridad ciudadana, como las mejoras en educación y estamos enfilando inicialmente, iniciando la administración, las baterías en esas problemáticas”. Mientras que a la pregunta de para cuándo se esperaba la firma de la Norma Técnica para la aplicación del aborto terapéutico[5] –acción ya prometida en el plan de Gobierno-, Alvarado expresó autoritariamente: “para cuando yo determine que es un buen momento”[6].
De esta manera, Acción Ciudadana se separa de las principales posturas que le diferenciaron de Fabricio Alvarado y da su espalda al apoyo de organizaciones de mujeres y de feministas que públicamente decidieron apoyarlo con el objetivo único de no poner en riesgo los derechos de las mujeres ya logrados en Costa Rica[7]. Paradójicamente, el Gobierno anunció que en el marco de los primeros 100 días firmará un decreto que declarará a la violencia contra las mujeres como emergencia nacional[8] a raíz del asesinato de dos mujeres extranjeras mientras disfrutaban de sus vacaciones. Estos femicidios han despertado una única preocupación para las autoridades policiales: que la imagen de Costa Rica fuera manchada internacionalmente.
Para Carlos Alvarado, por tanto, la prohibición del aborto no constituye a una manifestación más de violencia contra las mujeres. Esto a pesar de que el aborto terapéutico se posiciona como el mínimo en relación a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en Costa Rica. Mientras tanto, una semana antes del cumplir los 100 días de la Administración Alvarado, mujeres en distintos países de Nuestra América se concentraban en solidaridad con el movimiento de mujeres y feminista argentino en su lucha por la legalización del aborto.

Concentración económica al ritmo de cantos evangélicos

La priorización de la reforma fiscal sobre los derechos humanos no se traduce en que Carlos Alvarado impulse una reforma fiscal progresista. El Gobierno del Bicentenario no ha logrado mayor acuerdo respecto al fisco, pero sí ha dejado en claro que no va tras la evasión fiscal ni por la promoción de impuestos relacionados con las condiciones socioeconómicas propias de cada clase presente en el país.
A pesar de las numerosas manifestaciones de distintos sindicatos, el gobierno del PAC cedió únicamente a la protesta de la bancada restauradora. El problema del PRN respecto a la reforma fiscal radica en el impuesto sobre el alquiler de los espacios que utilizan las iglesias evangélicas. Este impuesto posteriormente fue eliminado del plan[9]. Por su parte, el impuesto al valor agregado y a la canasta básica se mantienen en la reforma[10].
Aun así, no hay claridad sobre el apoyo político con el que cuenta el PAC para la reforma fiscal. El avance se encuentra necesariamente sujeto a Liberación Nacional, a la Unidad Social Cristiana y Restauración Nacional, quienes piden condiciones para el avance del mismo[11]. Como si fuera poco, a semanas de cumplirse los primeros 100 días del Gobierno de Unidad Nacional, la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, presentó un presupuesto extraordinario por ¢600,000 millones para pagar una deuda adquirida por el Gobierno de Solís. Este anuncio ocasionó revuelo en las distintas fuerzas políticas del país, incluida la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP), quienes además denuncian poca cercanía al Ejecutivo[12].

Bienes comunes en alta concentración

El trabajo y más trabajo prometido por Carlos Alvarado en su discurso de toma de posesión parece ir en la línea de la acumulación y concentración de bienes comunes. A una semana de cumplir los 100 días, el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) convocó al “Foro Hablemos del Agua”, que pretendía discutir acerca de la gobernanza del recurso hídrico. Ante ello, las organizaciones comunitarias Movimiento Ríos Vivos, Alianza de Comunidades por la Defensa del Agua en Puntarenas y la Federación Costarricense para la Conservación de la Naturaleza (FECON), convocaron a un foro paralelo -en las afueras del recinto en el que se llevaba a cabo el foro oficialista- para discutir sobre la mala gobernanza del agua.
Las denuncias estuvieron enmarcadas en la concentración del agua y la complicidad del Gobierno actual –y los anteriores- en la explotación del 90% del caudal del río, dejando apenas el 10% para el uso comunitario, así como debilidades en relación a la gestión pública del agua y la participación de las comunidades en el proceso[13]. Asimismo, en la corriente legislativa se encuentra el “Proyecto Abastecimiento de Agua para la Cuenca Media del Río Tempisque y Comunidades Costeras (Paacume)”, respaldado por diputados de Acción Ciudadana (PAC), Liberación Nacional (PLN), Restauración Nacional (PRN) y la Unidad Social Cristiana (PUSC).
Paacume es apodado, erróneamente, como “agua para Guanacaste[14]”. Según sus propulsores, el proyecto pretende utilizar el agua superficial del Proyecto Hidroeléctrico Arenal para inundar un embalse de 850 hectáreas -incluyendo la Reserva Biológica Lomas de Barbudal[15]– lo cual sería funcional para el uso industrial y el consumo humano. Sin embargo, para FECON y personas vecinas de las comunidades implicadas, el proyecto despierta un sinnúmero de preocupaciones, pues en Guanacaste la utilización del agua ha estado destinada a los monocultivos y a la industria hotelera. Esta cuestión ha sido posible por la vinculación empresarial con los partidos tradicionales[16].
Paacume es uno de los ejemplos de la legislación alejada de las realidades de las comunidades, sobre todo aquellas que pertenecen a las costas; comunidades que, además, fueron el principal caudal electoral para Restauración Nacional. La Unidad Nacional, en ese sentido, estaría llena de eufemismos de diálogos a través de foros como el celebrado el 9 de agosto, excluyendo a comunidades enteras que no tuvieron la oportunidad de viajar a la capital.

¿Concesión total?: el alcance real de los acuerdos con Piza

Una de las alianzas estratégicas de Acción Ciudadana para lograr la presidencia en 2018 fue la firma de un acuerdo político con Rodolfo Piza, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC). Piza, durante la campaña electoral, mantuvo una retórica moderada –en comparación a su homólogo Fabricio Alvarado- contra los derechos de la población LGTBI y de las mujeres. El acuerdo firmado por ambos candidatos versa sobre distintas temáticas[17], donde resaltan los referidos a los derechos humanos y la reforma fiscal.
Alvarado parece entregar por completo el Ejecutivo a su ministro de Presidencia, Rodolfo Piza. La postergación de la firma de la Norma Técnica del Aborto Terapéutico es uno de esos ejemplos -a pesar de que el acuerdo entre ambas agrupaciones prohíbe el cambio de ninguna normativa vigente y el aborto terapéutico está despenalizado actualmente-. Asimismo, tras la resolución salomónica de la Sala Constitucional respecto a la opinión consultiva de la Corte IDH que posterga el matrimonio igualitario a 18 meses, Carlos Alvarado convocó un proyecto del PUSC que discrimina a la población LGTBI al reconocer solamente la unión civil de las parejas del mismo sexo mas no el matrimonio, contradiciendo a la Corte IDH[18].
Por su parte, José María Villalta, diputado del partido de izquierda Frente Amplio, resalta y sospecha del rol protagónico de Rodolfo Piza en la segunda Administración del PAC. Al periódico La República, Villalta declaró: “Me sorprende Carlos Alvarado porque él prometió que llegaría al Gobierno a promover el diálogo en materia fiscal. Sin embargo, Rodolfo Piza es quien está haciendo esa labor y lo malo es que el señor Piza cree que el diálogo es ir a una reunión con los sindicatos, echarles una perorata y luego irse. Pienso que Rodolfo Piza es quien realmente está ejerciendo el poder. Pareciera que estamos en un régimen parlamentario, en donde el primer ministro es el líder y el presidente una figura decorativa, que se dedica a actividades de protocolo o relaciones internacionales”. Esta postura es compartida por sindicalistas, analistas y también otros sectores que apoyaron coyunturalmente al PAC en la segunda ronda electoral[19].
Los primeros 100 días del Gobierno de Unidad Nacional –como anunció Carlos Alvarado en pleno balotaje electoral- se enmarcan en la postergación de derechos humanos básicos y el fortalecimiento de las relaciones de poder y las desigualdades presentes en la mitificada democracia costarricense. Lo simbólico no trasciende a condiciones materiales reales para los sectores históricamente excluidos. Mientras tanto, Carlos Alvarado se aleja de su electorado cada vez más, sobre todo de aquél que le respaldó coyunturalmente. El “mal menor”, en ese sentido, tiene rostro de derechos negados y vidas no prioritarias.

[3] La revolución de las crayolas se nombró la victoria del PAC sobre Restauración Nacional. El símbolo de las crayolas se debe a que ésta es la herramienta con la que se ejerce el voto en Costa Rica. En ese sentido, “la revolución de las crayolas” se construye sobre la idílica democracia costarricense pacífica.
[4] “Gobierno de Unión Nacional” fue como nombró Carlos Alvarado a su posible gestión presidencial cuando hizo público su acuerdo político con el ex candidato del partido tradicional, Rodolfo Piza de la Unidad Social Cristiana (PUSC).
[5] El aborto terapéutico es la única causal de aborto despenalizada en Costa Rica. Derecho que se encuentra consagrado en el artículo 121 del Código Penal: “No es punible el aborto practicado con consentimiento de la mujer por un médico o por una obstétrica autorizada, cuando no hubiere sido posible la intervención del primero, si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y éste no ha podido ser evitado por otros medios”. Sin embargo, el aborto terapéutico no es una realidad en el país debido a que no existe una norma que le regule. Cuestión que deja al criterio de médicos(as) el proceso, lo cual no ha permitido que las mujeres puedan acceder a este derecho.
[11] Para Restauración Nacional el matrimonio igualitario constituye en una de esas condiciones a la reforma fiscal.
[14] Guanacaste es una de las provincias más empobrecidas del país y está caracterizada por sus extremos: inundaciones y sequías. Durante los años de 2014 y 2015 Guanacaste sufrió una de las sequías más severas en su historia.
[15] Posibilitando, de ésta manera, la explotación de territorios destinados a la conversación de la naturaleza.