 Por Adalys Pilar Mireles
Bogotá,
23 feb (PL) El proceso pacifista entre el Gobierno colombiano y las
FARC-EP deberá sortear un nuevo impasse a fin de avanzar en los
restantes puntos de la agenda de conversaciones y perfilar el fin del
conflicto.
A tres años del inicio de las pláticas en Cuba, equipos gubernamentales
y de ese grupo insurgente deberán reanudar tales debates en fecha
próxima con el reto de establecer las condiciones para el cese el fuego
bilateral, la dejación de las armas, desmovilización y reintegración a
la sociedad de los ahora combatientes.
Resta igualmente
conciliar posiciones en relación con el mecanismo más adecuado para
refrendar por la vía popular el conjunto de pactos, pues mientras el
Ejecutivo opta por un plebiscito las Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), demandan una Asamblea Nacional
Constituyente.
De por sí complejo, el proceso de negociaciones
tendrá que superar adicionalmente la crisis surgida a raíz de la visita a
Colombia de voceros de ese movimiento rebelde en las gestiones
pacificadoras, con el objetivo de socializar los consensos logrados en
La Habana.
El encuentro en el caribeño departamento de La
Guajira, al que acudieron también pobladores, fue reprobado por el
Ejecutivo tras considerar que los representantes de las FARC-EP violaron
protocolos para su estancia aquí, debido a la presencia de civiles
junto a guerrilleros armados.
En tanto esa agrupación calificó
de injustificada la polémica y aseguró que no transgredió ninguna norma,
asimismo defendió su derecho a conversar sobre el contenido de los
tratados rubricados en la capital cubana, tanto con sus tropas como con
la ciudadanía.
El episodio, que generó criterios a favor y en
contra, provocó tensión entre ambas partes las cuales pese al desacuerdo
coinciden en la necesidad de limar asperezas y proseguir con los
diálogos en busca de la distensión.
En medio de la controversia
el presidente Juan Manuel Santos anunció que los países garantes de las
conversaciones (Cuba y Noruega) ofrecieron sus buenos oficios para
hallar un arreglo y mejorar el clima entre las dos delegaciones de
negociadores.
A la espera de tales diligencias, preocupa también
el intervalo establecido previamente para concluir los debates con un
convenio de paz.
Terminar las discusiones a más tardar el 23 de
marzo, fecha proyectada en meses previos, parece posible para el
Ejecutivo y sus portavoces.
Sin embargo los delegados de la
insurgencia son más cautelosos y evitan ratificar a ciegas ese tipo de
compromiso al argumentar que los prolongados análisis acerca de la
justicia transicional retrasaron el cronograma previsto inicialmente.
Mientras terceros opinan que más allá de los plazos fijados, lo
verdaderamente importante es poner fin a la confrontación bélica
mediante una salida política, posibilidad que resulta creíble para
muchos colombianos.
Luego de tres años de reuniones en Cuba
ambos equipos construyeron de conjunto pactos en asuntos como reforma
rural integral, participación política, combate a las drogas ilícitas y
víctimas.
Persistimos en el llamado a las partes para avanzar de
forma expedita en la firma del acuerdo final, afirmó la plataforma
Marcha Patriótica, luego de rechazar cualquier ultimátum o imposición
que ponga en peligro lo alcanzado en la mesa de encuentros.
No
obstante lo controversial y complicado de estos esfuerzos, el proceso de
acercamiento con el también insurgente Ejército de Liberación Nacional
(ELN) es, sin dudas, uno de los mayores desafíos para garantizar un
escenario pacífico estable y duradero, sobre todo porque todavía no
existe un pronóstico para el comienzo de las pláticas oficiales con el
Gobierno.
La contienda interna ha dejado unos 300 mil muertos, más de seis millones de desplazados y millares de desaparecidos.
Tal realidad explica las razones por las que víctimas de la
conflagración, políticos y defensores de derechos humanos respaldan
esperanzados la perspectiva de la paz. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario