Guatemala
Noticias Aliadas
Represión se intensifica contra líderes campesinos e indígenas que se oponen al acaparamiento de tierras, desalojo y contaminación de fuentes de agua.
Juana Raymundo, de 25 años, era una enfermera y lideresa de su
comunidad en el municipio de Nebaj, en el departamento altiplánico de
Quiché. En una fotografía publicada por Prensa Comunitaria,
aparece vestida con un atuendo tradicional Maya Ixil —una blusa blanca
bordada conocida como huipil, una falda larga roja o corte y un suéter
negro— y sonríe con serenidad mientras mira directamente a la cámara.
Cinco años atrás, con una confianza en sí misma y conciencia política
que no revelaban su edad, Raymundo se había unido al Comité de
Desarrollo Campesino (CODECA) y fue elegida como integrante del comité
ejecutivo del Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP), el
brazo político del CODECA que busca registrarse como partido y postular
en las elecciones del 2019.
El 27 de julio pasado, ella salió
de la casa de sus padres y se dirigió al centro de salud ubicado en la
localidad de Cotzol, donde trabajaba como enfermera. Desde allí intentó
viajar a Nebaj para entregar algunos informes, dice su padre, Pedro
Raymundo, quien también forma parte del CODECA.
Pero la joven
enfermera nunca regresó a casa. Al día siguiente su cuerpo fue
encontrado por pobladores junto a un riachuelo que corre entre Nebaj y
la localidad de Acambalam. Su cuerpo mostraba señales de tortura.
Para activistas de Nebaj, el asesinato de Raymundo recuerda los
sistemáticos secuestros y torturas de campesinos durante los 36 años de
conflicto armado en Guatemala, en el departamento predominantemente
indígena de Quiché, donde ocurrieron algunas de las más sangrientas
masacres, incluyendo actos de genocidio contra el pueblo Maya Ixil,
según informes de las Naciones Unidas.
Raymundo es la víctima
más reciente en una ola de violencia y represión que en lo que va del
año ha cobrado las vidas de 18 líderes indígenas y campesinos, de los
cuales 13 estaban involucrados en conflictos por la tierra y nueve
pertenecían al CODECA. Alrededor de 600 líderes campesinos se encuentran
encarcelados o tienen órdenes de detención por delitos que van desde
invadir propiedad privada a robo de electricidad.
Historia del despojo
La
historia de conflictos agrarios no resueltos en Guatemala, que data de
la época colonial, es la causa principal del descontento del campesinado
que está siendo silenciado por una ola de represión, sostienen expertos
en temas agrarios.
“El modelo exportador se instauró sobre la
base del modelo semifeudal durante la colonia y continuó después de la
independencia. Las inversiones en café, generaron la ocupación de
tierras para la explotación y el primer producto de exportación fue el
café. Luego fue el banano en la costa sur y a mediados de siglo, siguió
el cacao y el hule. Ahora es la caña de azúcar y la palma africana”,
explica a Noticias Aliadas Marcel Arévalo, coordinador del
programa de estudios sobre pobreza y migración de la Facultad
Latinoamericano de Ciencias Sociales (FLACSO).
En los últimos
15 años, la creciente demanda de biocombustibles ha llevado a la rápida
expansión de monocultivos en América Central —principalmente palma
africana y caña de azúcar—, intensificando la concentración de la tierra
en manos de grandes corporaciones y expulsando a los campesinos de sus
tierras, especialmente en los departamentos de Petén y Alta Verapaz, en
el norte y centro-norte del país.
Helmer Velásquez, director de
la Coordinación de ONG y Cooperativas de Guatemala (CONGOOP), precisa
que organizaciones multilaterales como el Banco Mundial han promovido
activamente la concentración de la tierra en manos de empresas
agroindustriales bajo el argumento que traería desarrollo y generaría
empleo en zonas rurales, cuando en realidad ha agravado la pobreza
rural.
Un caso ilustrativo es la compra de tierras disputadas
en el valle Polochic por la empresa azucarera y de palma africana Chabil
Utzaj, de propiedad de la familia Widmann —una de las más poderosas de
Guatemala— a través de un crédito otorgado por el Banco Centroamericano
de Integración Económica (BCIE). En el 2011, tres campesinos fueron
asesinados durante un violento desalojo de familias maya q’eqchi en esa
zona.
Invasión de agroindustrias
Cifras
publicadas por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) ilustran
hasta qué punto las agroindustrias han acaparado las tierras de los
campesinos y desplazado los cultivos de subsistencia durante la pasada
década. La superficie total ocupada por plantaciones de palma africana
aumentó en 33% entre el 2013 y 2014 y en un impactante 80% desde el 2003
al 2014, y la extensión de cultivos de caña de azúcar prácticamente se
ha duplicado en una década (de 188,000 Ha en el 2003 a 378,900 Ha en el
2014), mientras que la siembra de frijoles, alimento básico de la
población pobre rural, disminuyó en un 70% entre el 2013 y 2014.
“Algunas familias vendieron porque querían y se entusiasmaron con el
efectivo ya que los precios [de las tierras] eran realmente altos. Otras
familias aseguran que fueron presionadas violentamente para la venta y
que fueron visitadas por personajes extraños a la zona que les decían:
‘o negocias conmigo o la próxima negociación la hago con la viuda’, una
clarísima amenaza de muerte. Otros se quedaron en medio de plantaciones
con problemas parcelarios, lo cual los obligó a vender”, dijo Velásquez a
Noticias Aliadas.
Un estudio realizado por el Consejo
Nacional de Desplazados de Guatemala (CONDEG) sobre desplazamiento
campesino como resultado de la expansión de monocultivos de palma
africana en el municipio de Sayaxché, en Petén, ilustra el caso
anterior.
En la localidad de Semuy, por ejemplo, mientras que
empresas de palma aceitera como Reforestadora de Palma de Petén SA
(REPSA) adquirían cada vez más tierras, las familias campesinas que
quedaban encontraron que los caminos y hasta pequeñas lagunas que usaban
para bañarse habían sido compradas por la empresa, privando a esas
familias de las tan necesarias fuentes de agua y obligándolas a pagar un
peaje cada vez que querían dejar la comunidad para vender sus productos
en los mercados locales. Algunas veces la empresa les prohibía cruzar
por su propiedad o les cobraba tarifas demasiado altas que eran
imposibles de pagar por una familia pobre.
En muchos casos, las
empresas de palma aceitera y caña de azúcar contaminaron las fuentes de
agua, privando a cientos de familias de tener acceso a este recurso
básico. Uno de los casos más notorios de contaminación vinculada a la
actividad agroindustrial fue el desastre ecológico del río La Pasión, en
la región de las tierras bajas en el norte de Petén. En junio del 2015,
pescadores del pueblo de Sayaxché se horrorizaron al descubrir cientos
de pescados muertos flotando en el río maloliente.
Tres años
después no se han tomado acciones legales contra REPSA, a cargo de la
plantación de palma aceitera ubicada a 120 km río arriba, empresa a la
que organizaciones ambientales locales responsabilizan por el desastre.
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