¿POR QUÉ EL GOBIERNO QUIERE QUE SE VAYA LA CICIG?

Marcelo Colussi

Porque investigando junto al Ministerio Público ya mandó presos por corruptos a 2 presidentes, 1 vicepresidente, tiene al actual entre la espada y la pared con 2 familiares enjuiciados y pedidos de antejuicio, mandó a prisión 3 candidatos presidenciales, 19 ministros y viceministros, 3 secretarios de la presidencia, 4 jefes de la SAT, 25 diputados, 7 magistrados del Organismo Judicial, 6 jueces, 12 militares de alto rango, 155 empresarios y 182 agentes estatales con procesos por corrupción.

¿ESTÁ CLARO POR QUÉ, PARA TODA ESA GENTE, LA CICIG ES UN PELIGRO?

Desde hace algún tiempo la lucha contra la corrupción se ha instalado en la conciencia popular como un tema de principal importancia.

No deja de ser curioso por cuanto la corrupción y su otra cara, la impunidad, han existido siempre en Guatemala. Ambos elementos acompañan toda la historia de estas tierras desde la llegada de los conquistadores españoles. Por lo pronto, uno de ellos (Bernal Díaz del Castillo) pudo decir sin empacho en el siglo XVI: «Vinimos aquí a servir a su majestad, a traer la fe católica… ¡y a hacernos ricos!». Esa es la triste —patética, sangrientamente verídica— realidad de lo que hoy en día es Guatemala. En otros términos, corrupción e impunidad definiéndolo todo. Y violencia.

Ello explica que, cinco siglos después de aquella masacre originaria, el principal responsable —o al menos la cabeza visible— de otra carnicería similar, el general Ríos Montt, luego de habérsele comprobado la autoría de delitos de lesa humanidad, quede virtualmente libre, con el empresariado en su conjunto defendiéndolo. Es decir, «el que manda manda. Y si se equivoca, ¡vuelve a mandar!».

La sociedad guatemalteca se edificó sobre la corrupción y la impunidad. En otros términos, un Estado-finca manejado por unos pocos grupos de poder terratenientes, creídos de su linaje aristocrático (con un sabor aún feudal), junto a una nueva oligarquía industrial y de servicios. El Estado, en toda esta historia, fue un inescrupuloso instrumento de dominación de la clase propietaria, cargado de racismo y de patriarcado, pero fundamentalmente ¡de corrupción! El Estado keynesiano —salvo la década de la Primavera Democrática— nunca existió. El modelo de acumulación capitalista estuvo dado siempre por el despojo de los pueblos originarios, con una justicia impunemente corrupta. «Cabal tu pisto» es la expresión por antonomasia de la forma como los sectores hegemónicos trataban a sus subalternos. «Tomá tu pago y sin discusión», le decía el patroncito al indio. El sistema judicial fue —y sigue siendo— una caricatura. Sirvió solo para justificar el sistema de dominación. Las leyes justifican el saqueo y la explotación, el racismo y el patriarcado.

¿Por qué ahora esta honda preocupación por la corrupción de la llamada clase política? (que, siempre se supo, está constituida por unos delincuentes advenedizos totalmente funcionales a la clase dominante). Allí hay una agenda interesada. En concreto, el Gobierno de Estados Unidos echó a rodar esta novedosa estrategia —llevada adelante por la Cicig— como instrumento de sus llamados golpes suaves, es decir, mecanismos que encienden las pasiones de la población y que sirven para justificar intervenciones. La prisión del exbinomio presidencial, junto con la de otros funcionarios, lo demuestra.

Para muchos de ellos, la presencia de la Cicig y la lucha anticorrupción son el demonio, pues los descubre en su verdadera identidad.

Se desató la lucha contra la corrupción, pero esta no toca la estructura básica: los propietarios siguen siendo los propietarios (tan impunes y corruptos como siempre), los indios no cambiaron y los políticos profesionales continúan siendo los delincuentes solapados de siempre.

La clase dominante también tiene grietas. A la hora de defenderse como clase no se equivoca y cierra filas. Pero hay diferencias. Algunos empresarios avalan esa lucha contra la corrupción. Otros no. Es pura formalidad. Toda la clase dominante es impune y corrupta, así como lo son sus políticos, a quienes financian legal o ilegalmente y quienes le administran su Estado-finca. Y también lo son sus guardaespaldas: el Ejército. Esos grupos de poder, a los que se suman grupos delincuenciales convertidos en nuevos ricos (narcoactividad, contrabando, contratistas del Estado), constituyen una misma cosa. Para muchos de ellos, la presencia de la Cicig y la lucha anticorrupción son el demonio, pues los descubre en su verdadera identidad. De ahí que hoy veamos esa impudicia cínica de diputados y narcoalcaldes gestionando el bloqueo de la comisión y la elección de una fiscal afín a sus negocios.

Fortalecer un Estado sin tanta corrupción es importante para Washington, pues evitaría tanta migración al norte. Pero las mafias locales se resisten a morir. La pugna está entablada. Como población podemos avalar la lucha anticorrupción, pero sin caer en la trampa: la corrupción es efecto, y no causa de los problemas.