
En
 coherencia con la posición del gobierno norteamericano, mentir sobre 
Venezuela y agredirla se ha convertido en la conducta más recurrente de 
la derecha latinoamericana. En ese itinerario, la clase política 
chilena, en aplicación estricta de su política de clase, a la par de sus
 congéneres del hemisferio, está jugando un papel activo en el inventado
 “Grupo de Lima” y la desprestigiada OEA hacia una reactivación más 
agresiva de sus representantes en contra el proceso democrático y las 
elecciones en Venezuela. La voz oficial del gobierno chileno a través de
 su cancillería ya ha expresado su negativa anticipada a reconocer las 
elecciones del 20 de mayo que el gobierno soberanamente ha decido 
convocar y realizar. Estamos ante una nueva vuelta de tuerca en la 
espiral intervencionista que constituye una declaratoria de guerra que 
viene del Norte por medio de una sentencia. El mundo pudo leer el 
contenido de la reciente intervención en la OEA del vicepresidente de 
los Estados Unidos: “No habrá una verdadera elección en Venezuela el 20 
de mayo”.
“Eso es una 
farsa, pretender un proceso electoral en donde la inmensa mayoría de los
 líderes no pueden participar, en donde han inventado que si los 
partidos político no hacen tal o cual cosa no valen, es una farsa”. Este
 mensaje corresponde al sentir político de Ricardo Lagos, a consulta 
expresa de La Tercera, periódico de conocida experiencia en la tarea de 
formatear las percepciones sociales bajo la matriz comunicacional de El 
Mercurio. Es la visión de quien ha recibido un voto de confianza del 
golpista Henrique Capriles Radonski, como un hipotético y deseable 
futuro mediador entre el gobierno y la oposición. También ha señalado el
 ex presidente de Chile, en la misma entrevista de la cita de marras, 
que la vuelta de gobiernos conservadores en América Latina son los 
“ciclos normales en una democracia”. Si así piensa la derecha, 
expresando sin recato alguno su modo de entender la actual realidad 
regional y las impresentables involuciones neoliberales, tendríamos que 
estar preparados para esperar lo peor en términos de sus posibles 
acciones contra Venezuela.
Nuestro
 pesimismo no es antojadizo. Una docena de gobiernos latinoamericanos, 
bajo la batuta de Estados Unidos, desde el llamado “Grupo de Lima”, 
viene orquestando una injustificable atmósfera diplomática que ampara el
 desarrollo de mayores agresiones contra la democracia Venezolana. Su 
más reciente reunión se realizó en México el 14 de mayo, culminando con 
un pronunciamiento en el que amenaza con tomar acciones en el “ámbito 
diplomático, económico, financiero y humanitario”, si no atienden su 
“último llamado al gobierno venezolano a suspender las elecciones”, a 
las que de antemano califica de ilegitimas y carentes de credibilidad, 
con lo cual, queda claro, que sus resultados antes de que se realicen ya
 están invalidando la soberanía de otro país. Que México haya sido el 
anfitrión de esa inamistosa declaración, contra una República hermana, 
resulta deplorable, porque nada tiene que ver con la tradición de su 
política exterior. Pero también es la vez lamentable, pensando en la 
cadena de dolorosos problemas, incertidumbres múltiples y diagnósticos 
preocupantes, sin desconocer los farragosos términos de la relación que 
le ofrece su poderoso vecino Norte sobre de cuya prepotencia a un año y 
medio de su mandato ya nadie tiene la menor duda.
En
 medio de un cerco desestabilizador, golpista e intervencionista, 
sustrato verdadero de la llamada “razón humanitaria”, se realizarán las 
elecciones programadas en Venezuela. Se cierne amenazadoramente la 
acusación de que el régimen que convoca es una “dictadura”, 
conceptualización orquestada por Washington, coreada por una franja de 
gobiernos aliados e incondicionales sus designios, amplificada por 
maquinaria mediática de derecha que tritura conciencias y sus inefables 
intelectuales orgánicos un premio nobel incluido. Visto todo tenso 
paisaje desde Chile, hay que imaginarse por un instante si la dictadura 
de Pinochet hubiera tenido la valentía de llamar a elecciones con 
candidatos de todo el espectro político, con padrón electoral 
verificable y observadores internacionales acreditados. Esta simple 
evocación imaginaria dista mucho de ser un referente consustancial al 
pensamiento democrático de la clase política del país andino. Después de
 cuatro décadas alguien podría decir que el gobierno de Nicolás Maduro 
no es exactamente idéntico al gobierno de Salvador Allende, pero sus 
enemigos internos y externos son los mismos y la trama de intereses 
transnacionales es la misma en cuanto su voracidad sobre nuestros 
recursos y dispuestos a las peores atrocidades en el logro de sus 
objetivos.
Casi sobra 
decir que esa derecha junto a los renovados demócratas y el concurso 
activo de los traidores, carecen de toda autoridad moral para referirse a
 la grave crisis que afecta a Venezuela. No está de más recordar que fue
 el gobierno de Chile bajo la presidencia de Ricardo Lagos Escobar, el 
mismo que hoy sin el menor escrúpulo califica de “farsa” a las 
elecciones venezolanas o de “dictadura” a su régimen político, ha 
inscrito en su historial de vida la deshonrosa decisión de haber apoyado
 el golpe de Estado de 2002 encabezado por Pedro Carmona contra el 
gobierno legítimo de Hugo Chávez a través de su Soledad Alvear.
Venezuela
 tiene el registro de un sistema electoral plenamente confiable, 
reconocido internacionalmente, y la experiencia de haber desarrollado 
exitosamente en las últimas dos décadas el mayor número de elecciones 
con los más altos índices de participación y la menor tasa de 
abstencionismo en la región. El drama político del antichavismo y de los
 propósitos estadounidenses es que no han podido articular internamente 
una plataforma unitaria de oposición. En tales circunstancias, han 
ensayado casi todas las fórmulas políticas, abiertas y encubiertas, 
legales e ilegales, y la combinación de todas las formas de lucha sin 
descuidar los métodos terroristas y el uso de la crueldad, con pírricos 
resultados, salvo el inmenso daño ocasionado al país a través de la 
guerra económica que sigue su curso, cada vez de mayor cobertura y los 
dolorosos efectos en la población. Cuando todo indicaba que en República
 Dominicana se podía llegaba a un acuerdo con la oposición sobre el tema
 electoral, se produjo un brusco giro en la posición de la opositora 
Mesa de Unidad Democrática, conviene recordar, ante un subrepticio 
mensaje que alertaba sobre el riesgo de perder si se presentaba a las 
elecciones.
En medio de 
una farragosa conducta opositora después de las negociaciones de Santo 
Domingo, sus dirigentes alcanzaron a formular la necesidad de buscar 
otra fecha que ampliara el margen de la convocatoria. La respuesta 
gubernamental no pudo ser más generosa, toda vez que sin dilación llegó a
 fijar una nueva fecha. Sin embargo, dado que no han logrado, 
nuevamente, presentar una plataforma unitaria, salvo el inicio inmediato
 de un proceso de impugnación sobre la legitimidad de la nueva 
convocatoria gubernamental, con la salvedad de unos cuantos grupos 
opositores, entre ellos un segmento encabezado por Henry Falcón, ex 
chavista, que ha logrado concitar una cuota potencial de adhesión 
electoral convirtiéndose en una de las propuestas de mayor relieve 
relativo. Empero, no es esta precisamente la franja opositora que 
concita la mayor “simpatía” y apoyo desde el punto de vista de los 
grandes intereses que se erigen en los” jueces” internacionales del 
conflicto en Venezuela. ¿Por qué?, Porque no son estos los opositores 
que se han propuesto abiertamente el derrocamiento del gobierno de 
Maduro que constituye el objetivo estratégico. Con estos agudos 
antecedentes, en la densidad de un cuadro regional adverso, toda la 
fortaleza acumulada durante estos años de revolución bolivariana, el 
pueblo de Venezuela, sus organizaciones sociales y políticas, el poder 
popular y la unidad cívico-militar están llamados a una contienda 
decisiva para defender en las urnas la democracia, sus conquistas 
fundamentales, la legitimidad de sus instituciones y el derecho a la paz
 con el concurso de la solidaridad activa de los demócratas del mundo.
Darío Salinas Figueredo
Profesor-investigador
 emérito, Universidad Iberoamericana. Miembro de la Red de Intelectuales
 y Artistas en Defensa de la Humanidad.
    https://www.alainet.org/es/articulo/192875  
 
No hay comentarios:
Publicar un comentario