La
petrolera Chevron (entonces Texaco) vertió en 1972 y 1973 más de 68.000
millones de litros de agua contaminada tóxica en los bosques tropicales
del Ecuador. No le pasó nada, a pesar de que esos bosques quedaron
mortalmente heridos. Tampoco se indagó sobre la sospechosa multinacional
Trafigura por el vertido de residuos tóxicos en 2006 en Costa de
Marfil. Ni se investigó a la multinacional minera Anvil Mining, acusada
de apoyar a la milicia que masacró a un centenar de civiles que se
rebelaron en Kilwa, República Democrática del Congo, en 2014. Y no se
hizo nada en 2010, tras explotar una plataforma petrolera de British
Petroleum en la costa del Golfo con resultado de 11 personas muertas,
desaparición de miles de aves, tortugas marinas, delfines y otros
animales y la destrucción de medios de subsistencia.
Esos hechos
muestran una impunidad generalizada de las multinacionales que perpetran
crímenes contra los derechos humanos y el medio ambiente. Crímenes como
trabajo forzoso; tráfico de mujeres y niños; niños como cobayas en
experimentos farmacéuticos; financiar y armar milicias asesinas para
controlar un territorio minero; vertidos tóxicos en ríos, lagos y
deltas; destrucción de ecosistemas; destrucción masiva de bosques…
Amnistía
Internacional y la Mesa Internacional para Rendición de Cuentas de
Empresas (ICAR por sus siglas en inglés) han documentado veinte ejemplos
de actuaciones delictivas impunes de multinacionales. Pero en los
últimos años multinacional alguna ha sido investigada ni ninguna cúpula
directiva procesada por violar derechos humanos o atentar contra el
medio ambiente.
Salvo raras excepciones, los gobiernos rehúyen
enfrentarse a las multinacionales violadoras de derechos humanos.
Nestlé, Auchan, Trafigura, Vinci, Coca-Cola, British Petroleum,
Monsanto, Pfizer, Samsung, Tepco, Barklays, Shell en Nigeria, la israelí
Mekorot en Palestina, Glencore Xstrata, Lonmine en Sudáfrica, la
española Hidralia Energía, Cocacola en Colombia… no tienen el menor
temor de tener que responder por sus actuaciones que violan derechos o
destruyen el medio ambiente.
Los leguleyos amantes de la letra
pequeña arguyen que los gobiernos donde tienen sede las multinacionales
no tienen competencias para actuar contra ellas. Pero no es cierto
porque actuar contra las multinacionales es cuestión de voluntad
política, que brilla por su ausencia. Y los gobiernos de países donde se
violan derechos tampoco tienen esa voluntad por temor, debilidad o ser
cómplices bien remunerados de las multinacionales. El resultado es la
enorme impunidad de las multinacionales implicadas en crímenes contra
derechos humanos.
Pero no contentas con violar sistemáticamente
derechos en aras de sus obscenos beneficios, las multinacionales han
desatado una ofensiva general contra la vida digna de la gente común y
contra la misma democracia, a la que quieren vaciar de contenido. ¿Cómo?
Con los tratados comerciales bilaterales como el CETA (entre Unión
Europea y Canadá), el TTIP (entre Unión Europea y Estados Unidos), el
TiSA sobre servicios públicos (entre docenas de estados).
Ante ese
saqueo de las multinacionales y perpetrar graves violaciones de
derechos humanos y agresiones al medio ambiente, el Consejo de Derechos
Humanos de Naciones Unidas, a propuesta de Sudáfrica y Ecuador, ha
aprobado crear un instrumento internacional jurídico vinculante para
procesar y condenar a las multinacionales (y a sus responsables) que
violen derechos humanos donde establezcan filiales, centros de
extracción y de producción.
Contra la propuesta de Ecuador y
Sudáfrica se presentó otra de Noruega, Rusia, Argentina y Ghana, con el
respaldo de la Unión Europea y Estados Unidos, que proponía prolongar
tres años el actual grupo de trabajo de empresas y derechos humanos.
Para que todo siga igual. Para que las multinacionales hagan lo que les
dé la gana.
La Unión Europea y Estados Unidos, tan democráticos,
han advertido que no aceptarán la actuación de ese instrumento jurídico
vinculante, si se llega a crear. La pretendida justificación de
actuación tan fascista es que no hay que poner trabas a los inversores
extranjeros porque generan crecimiento, riqueza y empleo. Pero, como
diría Groucho Marx, y dos huevos duros. Porque eso es falso, como la
tozuda realidad nos desvela día tras día.
Para afrontar el saqueo
de los tratados bilaterales en Europa y América del norte se prepara un
otoño de resistencia ciudadana. Pero habrá que organizar la defensa de
la inviolabilidad de los derechos humanos y acabar con la impunidad de
las multinacionales, restaurando el principio de que quien la hace, la
paga.
Xavier Caño Tamayo
Periodista, miembro de ATTAC
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