Ricardo Alarcón de Quesada
A
mediados del pasado siglo la diplomacia estadounidense se anotó uno de
sus mayores triunfos. Hizo creer al mundo que Puerto Rico había dejado
de ser una colonia para transformarse en un ente extraño al que
nombraron “Estado Libre Asociado (ELA)”. Se dijo entonces que la isla
después de alcanzar plenamente su autonomía decidió suscribir con su
antigua metrópolis un pacto libremente convenido entre iguales.
En
su momento el engendro fue presentado como punto de referencia, como
modelo a seguir por otros. El territorio fue invadido por capitales
norteños que se beneficiaron de privilegios y exenciones impositivas y
exhibió índices de crecimiento notables. Se hablaba incluso del
“milagro” económico puertorriqueño.
La realidad profunda iba por
otros caminos. Las producciones autóctonas -la agricultura, la
industria, los servicios- fueron aplastadas por las del poderoso
“socio”. Para muchos emigrar a Estados Unidos fue la única salida
mientras su tierra se extranjerizaba sin remedio. El incesante éxodo
muestra cifras elocuentes, quedan en la isla alrededor de 3 millones de
habitantes mientras ya son 5 millones los que malviven en la
Norteamérica que los discrimina y desprecia.
Para imponer ese
modelo Washington persiguió con saña a los nacionalistas e
independentistas. La “vitrina democrática” negaba al pueblo su derecho
inalienable a la libertad y para ello recurrió a todos los métodos entre
los que no faltó la violencia represiva
Los patriotas no cesaron
nunca en su lucha por la independencia y se empeñaron por desenmascarar
la farsa colonial y alcanzar la indispensable solidaridad internacional.
Lo hicieron con tenacidad admirable en la Organización de Naciones
Unidas desde que la ONU, en 1960, proclamó el derecho de todos los
pueblos a la autodeterminación e independencia. Consiguieron desde 1973
que el Comité de Descolonización favoreciera su reclamo año tras año.
Entretanto
el diseño económico del ELA entró en una crisis cada vez más profunda y
encara hoy la bancarrota y la insolvencia. Las autoridades locales -el
Gobernador y la Asamblea Legislativa- trataron de encontrar soluciones
imaginando que tenían potestad para hacerlo y que podrían contar con el
apoyo de quien se suponía era su “socio”.
La verdad, sin embargo,
se impuso de modo sorprendente y brutal. En pocos días, casi al mismo
tiempo, el Tribunal Supremo de Estados Unidos, el Congreso Federal y el
Presidente Obama lo dijeron alto y claro para que todos lo entiendan:
Puerto Rico carece de soberanía propia, no es más que un territorio
colonial y está completamente sometido a las decisiones de su dueño. Y
para que nadie se confunda promulgaron una ley creando la Junta de
Control Fiscal. Sus siete miembros, designados por Washington, se
encargarán de administrar y dirigir la colonia.
La indignación
generalizada estalló con fuerza este verano en la sesión del Comité de
la ONU. Allá fueron decenas de representantes de todas las tendencias y
todos los sectores de la sociedad incluyendo al Gobernador García
Padilla.
El Comité además de aprobar una vez más la Resolución que
sostiene el derecho a la independencia de Puerto Rico, dio un paso
adelante y por unanimidad decidió encargar a su Presidente que promueva
un diálogo entre Washington y los boricuas para lograr la
descolonización de la isla. De ese modo se ofrece una salida
constructiva que Obama debería aprovechar. Habiendo reconocido que
engañó al mundo y que Puerto Rico es aun la principal colonia del
planeta, Estados Unidos tiene la obligación ineludible de poner fin a
una situación violatoria del Derecho Internacional que ha durado ya
demasiado tiempo.
Fuente: Cubadebate , 19 julio 2016
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