Como en la más reciente dictadura, el golpe de Estado suave que se desarrolla actualmente contra Dilma Rousseff cuenta con el apoyo apenas disimulado de Estados Unidos. Muchas de las ONG que promueven el juicio contra la presidenta de Brasil son en realidad organizaciones financiadas por estadunidenses
Stella Calloni*/Prensa Latina
Buenos Aires, Argentina. Imágenes de la
guerra contrainsurgente que aplica Estados Unidos en forma simultánea se
ven cada día en varios países de la región, para recordarnos que la
ofensiva está activada y que no hay ningún tipo de ocultamientos sobre
el objetivo central que no es –como se dice– lograr una restauración
conservadora, sino como estamos viendo en Argentina, una restauración
colonial.
¿Es
por “errores” que caen los gobiernos populares y progresistas? En
realidad el mayor error que se ha cometido es no haber advertido que la
“nueva” derecha brutal a la que se enfrentan es hoy como nunca fue antes
la más decadente pero organizada, dirigida y financiada por Washington.
Gobiernos sin poder, como lo son y lo
fueron, se enfrentan nada menos que al poder imperial, que los castiga
no por sus errores sino por sus mejores aciertos. El error es no haber
percibido al enemigo real en periodo de expansión global y descarnada.
No iba a dejar Estados Unidos avanzar el mayor proyecto emancipatorio de
estos tiempos, cuando su plan desde principios del siglo era la
recolonización continental.
La imagen de los diputados “coloniales”
del Congreso de Brasil, cuando en “nombre de Dios” de la “democracia”
del “pueblo brasileño” protagonizaban un violento golpe suave
votando a favor del juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff,
sin ninguna acusación válida, sin ninguna prueba, dio cuenta de la
guerra contrainsurgente de este período histórico.
Rousseff, espiada día por día como lo
denunciara en 2013 Edward Snowden, consultor de la Agencia Nacional de
Inteligencia de Estados Unidos, por órganos de inteligencia de ese país,
estaba siendo golpeada, desacreditada tanto por la Red O’Globo,
poderoso dueño mediático de Brasil, más la revista Veja, especialista en denuncias falsas, entre otras tantas.
El espionaje es un crimen contra la ley
brasileña y la Constitución, que garantiza el derecho a la intimidad y
privacidad, violado esto cada día por los medios del poder hegemónico.
La guerra psicológica, parte esencial de
la contrainsurgencia en la Guerra de Baja Intensidad (GBI) que está
aplicando el Imperio en el continente, derivó en terrorismo mediático de
un nivel nunca visto, mientras los millones de dólares invertidos por
Washington sirven para financiar a la oposición brasileña, mediante una
serie de Fundaciones y Organizaciones No Gubernamentales (ONG),
dependientes de las Fundaciones “madres” de ese país. Una oposición en
cuyas filas se agrupa uno de los poderes económicos más corruptos de
América Latina.
Esa imagen del Congreso en la noche del
17 de abril será inolvidable para nuestros pueblos, para los millones de
brasileños que por primera vez en la historia, bajo los gobiernos de
Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011) y de Dilma Rousseff (2011,
reelecta en 2014, asumiendo en enero de 2015), lograron sacar a 50
millones de ciudadanos de la miseria y la indigencia.
Esa
imagen desdoblada estaba en las calles. Por un lado, una evidente clase
alta y media y los integrantes de muchas ONG pagadas por Washington, y
por la otra, el pueblo, los intelectuales, los trabajadores, los sin
tierra, los que no pudieron ser cooptados por la propaganda fascista
(aquella que usó Joseph Goebbels, el “comunicador” de Adolf Hitler en la
Alemania nazi), y por eso denunciaron el golpe.
Detrás de los primeros está la sombra de
los militares, aquellos que mantuvieron una larga dictadura desde 1964
hasta 1985, después de derrocar con apoyo de Estados Unidos también al
presidente Joao Goulart.
Era tan evidente la diferencia de
clases, que es bueno registrarla entre las imágenes de esta ofensiva
contrainsurgente, lo que demuestra que desde el inicio encuentra
resistencia en todos nuestros países.
En Brasil estamos viendo un nuevo golpe
–como los de Honduras 2009, Paraguay 2012– donde fiscales y jueces
actuaron junto a parlamentarios, muchos de ellos de partidos de larga
tradición y responsables de todas las formas de corrupción, para
destituir a un presidente democráticamente elegido por el pueblo.
Pocos han hablado de las nuevas Escuelas de las Américas,
en este caso para entrenar y cooptar a jueces y funcionarios
judiciales, a parlamentarios, o a jóvenes estudiantes y empresarios,
como aquellos de la otrora Europa del Este que participaron activamente
de los golpes suaves o blandos, de las falsamente
llamadas “revoluciones de colores” cuyas acciones se planeaban en la
sala de situaciones del Pentágono estadunidense.
Y hay que decirlo, se financiaban por
medio de las mismas famosas Fundaciones y sus crías las ONG, que en
estos tiempos se extienden como redes de araña invasora por toda América
Latina.
La justicia nunca se democratizó en
nuestra región. Y los parlamentarios de la nueva derecha decadente y
amoral –como lo estamos viendo en Argentina o en Venezuela o en Bolivia o
Ecuador– fueron muchos de ellos comprados, como sucedió y se demostró
en el golpe hondureño. Es claro que tardíamente.
Denunciada Dilma por diputados tan
corruptos como Eduardo Cunha, como es de público conocimiento, y jueces
abiertamente involucrados con la oposición en contra de Dilma, como
Sergio Moro, sin pruebas de ningún delito cometido por la mandataria,
esto es de una gravísima ilegalidad e inconstitucionalidad.
El mismo Moro ordenó espionaje
telefónico contra la mandataria, violando leyes y contra el expresidente
Lula, quien fue secuestrado en su casa el pasado 4 de marzo por órdenes
del mismo magistrado para una declaración forzada, lo que fue y sigue
siendo ilegal.
Y para añadir irregularidades, el juez
Itagiba Preta Neto, públicamente opositor al gobierno como Moro, ordenó
suspender el nombramiento de Lula como ministro de la Casa Civil, que
había decidido la presidenta. La imagen del expresidente Luiz Inácio
Lula da Silva caminando esposado entre policías, sólo para humillarlo y
que esa foto recorriera el mundo, es parte de las imágenes de esta
guerra contrainsurgente.
El secretario general de la Organización
de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, negó que hubiera una
“acusación bien fundada” contra Dilma Rousseff y se habló de
irregularidades. ¿Qué hará ahora? Lo mismo hizo The New York Times, en una reciente portada.
Almagro es el mismo que ampara a la
oposición venezolana, mayoritaria en el Congreso que intenta utilizar a
éste no para debatir y legislar como corresponde, sino lisa y llanamente
para intentar por todos los medios destituir al presidente Nicolás
Maduro, como lo han declarado públicamente aunque no cuentan con una
justicia “injusta” como quisieran.
Ese parlamento como el de Brasil están
en grave falta y dinamitan al propio Congreso como institución de la
“democracia”, lo que es necesario evaluar por las consecuencias
políticas hacia el futuro cercano.
Los canales de TV del monopolio de la
desinformación en Brasil como es la Red Globo siguen jugando su juego
golpista cada día, lo cual no es novedoso si miramos su pasado.
En abril de 2014 un documento
desclasificado y divulgado por la periodista Helen Sthephanowitz, de la
cadena Rede Brasil Atual, puso en claro el papel cumplido por Roberto
Marinho, titular del poderoso grupo O’Globo durante la dictadura militar
en ese país (1964-1985). Marinho además era el hombre al frente de la
Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).
Se trataba de un documento de
comunicación del embajador de Estados Unidos en Brasil, Lincoln Gordon,
informando al Departamento de Estado sobre sus conversaciones con el
poderoso empresario Marinho.
Helen Sthephanowitz mencionó los
detalles del documento sobre la discusión de ambos –el diplomático y el
empresario– en relación con la sucesión del general Humberto Castelo
Branco, “el primer presidente de facto de la larga dictadura”.
La fecha del documento era 14 de agosto
de 1965, cuando Gordon envió a sus jefes un telegrama clasificado como
“altamente confidencial” donde decía que Marinho estaba “trabajando en
silencio para lograr la extensión o renovación del mandato que sus pares
le habían otorgado a Castelo Branco”.
Mencionaba también en esa misma tarea al
jefe de la Casa Militar, general Ernesto Geisel –quien reemplazó a
Castelo Branco en la sucesión dictatorial– además al jefe del Servicio
Nacional de Información, general Golbery do Couto e Silva, y el jefe de
la Casa Civil, Luis Vianna.
“De acuerdo con Gordon, el general se
resistía a la idea”, destaca la periodista. Según el documento, el
propietario de Globo también sondeó a Gordon sobre la posibilidad de
“traer” al entonces embajador en Washington, Juracy Magalhaes, para
ocupar el Ministerio de Justicia.
“El objetivo era tener a Magalhaes cerca
para endurecer al régimen, ya que el ministro Milton Campos era
considerado demasiado débil, según el telegrama”, señaló la periodista
de Rede Brasil Atual. Agregó que Magalhaes, desde la cartera de
justicia, “reforzó la censura a los medios de comunicación y pidió a los
dueños de los periódicos la cabeza de los periodistas”.
De manera que el papel golpista de
O’Globo es una continuidad de la tarea con Estados Unidos, que decidió
regresar a su patio trasero mediante el nuevo esquema de golpe suave
imitador de las llamadas “revoluciones de colores” en Europa, y de las
“primaveras árabes”. Éstas dieron inicio a las guerras coloniales del
siglo XXI y los genocidios, que continúan en la zona de Oriente Medio,
el Norte de África, Siria y otros países.
El terrorismo mediático de los poderosos
no dudaría en apoyar una invasión militar de Estados Unidos en nuestra
región ya sea “humanitaria” o “en defensa de la democracia”. Y todos
sabemos lo que eso significa para “limpiar el territorio” a ocupar,
asegurarse la muerte anticipada de toda resistencia y así consolidar su
retorno colonial. Eso si los dejamos, pero ya están viendo que no será
tan fácil lo que viene.
Stella Calloni*/Prensa Latina
*Periodista, escritora e investigadora política argentina
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