 Guatemala,
23 jul (PL) Las víctimas del conflicto armado interno (1960-1996), la
sociedad guatemalteca y la comunidad internacional están expectantes al
reinicio hoy del juicio por genocidio cometido contra el pueblo ixil,
según sentencia de mayo de 2013.
"El
proceso fue suspendido por más de dos años por una resolución de la
Corte de Constitucionalidad (CC), que aducía errores de procedimiento en
el primer juicio en el que fue condenado el exjefe de Estado Efraín
Ríos Montt a 80 años de prisión", recuerda un comunicado conjunto.
El referido fallo de la CC no fue unánime sino promovido por tres de
los cinco magistrados que la integraban, mientras que numerosos juristas
dentro y fuera de Guatemala cuestionaron su objetividad y legalidad,
señala el texto.
La nota está firmada por el Centro por la
Justicia y el Derecho Internacional, la Fundación para el Debido
Proceso, Plataforma Internacional contra la Impunidad e Impunity Watch.
Advirtieron que el proceso penal por genocidio contra la población ixil
de Guatemala lleva más de 15 años dentro del sistema de justicia, y
transcurrieron más de 30 años desde que ocurrieron los hechos.
Este retardo injustificado, consideraron, demuestra que no siempre
existió una voluntad real de las autoridades por cumplir con su deber de
investigar, juzgar y sancionar a los responsables de estos graves
hechos.
El genocidio y los delitos contra los deberes de
humanidad son crímenes muy graves, no amnistiables e imprescriptibles,
subrayaron.
Aunque las víctimas y querellantes adhesivos
confiaron en el sistema judicial guatemalteco, enfrentaron múltiples
obstáculos durante el proceso penal, como la limitada capacidad del
sistema de persecución penal para investigar diligentemente.
Los
defensores del exgeneral Ríos Montt expresaron públicamente que
solicitarán el cierre del caso porque él está incapacitado para
enfrentar el segundo juicio, al presentar un informe médico del
Instituto Nacional de Ciencias Forenses.
"Esto es interpretado
por las víctimas y sus familiares como otra estrategia de los defensores
para evadir la justicia, razón por la cual las autoridades deben
analizar objetivamente dicho dictamen y, de ser el caso, solicitar
otro", indicaron.
En tanto el debate no tenga lugar,
sostuvieron, se prolongará la angustia e incertidumbre de las víctimas:
algunas ya están fallecidas, o enfermas que viven en extrema pobreza.
"El sistema de justicia debe actuar con responsabilidad, celeridad e
independencia para juzgar con objetividad e imparcialidad los hechos que
causaron tanto daño a la población indígena de Guatemala y que
atentaron contra la conciencia de la humanidad".
El Estado
guatemalteco, remarcaron, está obligado a combatir la impunidad y porlo
tanto debería garantizar que el juicio contra Ríos Montt se lleve a cabo
de manera transparente y con respeto para los derechos de las víctimas. |
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