La empresa española,
Hidralia Energía, está detrás de la criminalización de la población
guatemalteca que defiende sus tierras y sustento de la construcción de
una mega-represa que atenta contra los derechos humanos y ambientales.
La empresa Hidralia Energía, con sede en A Coruña y propiedad de los
empresarios gallegos Castro Valdivia, está detrás del proyecto de
explotación hidráulica del rio Cambalam en el municipio de Santa Cruz de
Barillas del departamento de Huehuetenango, Guatemala, cerca de la
frontera con México.
El macro-proyecto lleva desde 2007
generando una gran oposición entre la población. Ante esta situación el
gobierno de Guatemala ha puesto toda la maquinaria estatal y militar
necesaria para reprimir a las personas que se posicionan contra la
represa; un proyecto de la empresa española que priva de los recursos
naturales básicos de los que viven a las comunidades maya Q’anjob’al
desde tiempos ancestrales.
La persecución contra activistas
que defienden los derechos humanos y ambientales está siendo masiva y
constante. Saul Aurelio Méndez de 41 años y Antonio Rogelio Velásquez de
45 fueron condenados en noviembre de 2014 por un tribunal de su país a
más de 30 años de cárcel en un proceso irregular plagado de faltas de
forma y fondo. Hoy, 29 de abril, tiene lugar la audiencia de apelación
de esta sentencia por ser "contentiva de vicios".
A pesar de
los hechos, el Gobierno español se manifestó en el año 2013 a favor del
proyecto e instó a las partes a llegar a un acuerdo para su ejecución.
Esta decisión se tomó conociendo la violación de derechos humanos por
parte del Gobierno de Guatemala por defender los intereses de la empresa
española y sus inversionistas
Según una integrante de la
Asamblea Departamental de Huehuetenango y de Amigos de la Tierra
Guatemala, “este es un ejemplo claro de la impunidad con la que actúan
las empresas extranjeras en mi país, generando división, conflicto y
violando los derechos humanos de los defensores ambientales".
“La población defiende su modo de vida y su derecho a decidir sobre los
recursos naturales en su territorio. Por su lado, la empresa busca
imponerse para obtener beneficios económicos a cualquier precio. ¿Por
qué no debería creer lo que dicen las organizaciones sociales y si creer
lo que defiende el gobierno de Guatemala y la empresa? No es de recibo
que el Gobierno español respalde a la empresa hidroeléctrica a costa de
la población”, ha señalado Víctor Barro, presidente de Amigos de la
Tierra y miembro de la misión de solidaridad que visitó la zona en 2012.
Amigos de la Tierra, junto a la asociación Mujeres de Guatemala,
presentó una queja formal ante el defensor del pueblo en junio de 2014
denunciando los hechos [1]. La organización solicita que la queja se
resuelva a favor de las poblaciones de Barillas y sirva de ejemplo para
defender los derechos humanos y ambientales de las comunidades
amenazados por los intereses económicos de empresas españolas en el
extranjero.
Notas:
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