Negar la historia es negar el derecho a la memoria. ¿Quién le quita a un pueblo la posibilidad de reconocerse y caminar, si es justamente para eso que sirve volver la vista atrás? Solo desde la ignorancia, desde una obtusa visión de desarrollo o desde alguna retorcida intención se puede negar y desconocer la historia. Leí recientemente el artículo escrito por un militar guatemalteco que niega la Revolución de Octubre de 1944 como tal. Quisiera partir de que ninguna revolución es sólo el evento de un momento, sino un proceso que inicia mucho antes y perdura mucho después.
Más allá de que puedan levantarse mitos o satanizaciones alrededor de toda revolución, hay hechos que la afirman en la historia de un pueblo. En nuestro caso, el censo de 1946 reportaba 72% de analfabetismo en Guatemala y hasta un 90% en población indígena. A partir de la campaña de alfabetización, declarada entonces de urgencia nacional, se usaron las utilidades de la Lotería Chica para alfabetizar a 82 mil hombres y mujeres de todo el país. ¿No es esta una medida revolucionaria en un contexto de marginalidad y exclusión histórica? Fue entonces cuando la educación comenzó a llegar al área rural y se abrieron muchas más escuelas en el interior del país.
Paralelamente, se formó a maestros rurales en escuelas normales. La intención de mejorar la calidad educativa en todo el país sentó las bases de una educación popular, más vinculada con nuestra realidad. Se establecen los Núcleos Escolares Campesinos que buscan estrechar la relación escuela-comunidad; en el área urbana surgen las Escuelas Tipo Federación, las Escuelas Nocturnas para Adultos y las Escuelas Primarias de Completación. Por lo anterior, se establece la Jornada Única de trabajo, que permite tener tres jornadas en muchos establecimientos educativos. ¿No son estas medidas revolucionarias, si pensamos seriamente en el futuro de una nación?
En 1947, se emite el primer Código de Trabajo, algo que molestó al poder económico porque, además de objetivar los problemas sociales, cuestionó los intereses patronales. Recordemos que las tres empresas más grandes y con más obreros agrícolas y urbanos que tenía Guatemala entonces, eran la UFCO, la IRCA y la Empresa Eléctrica, todas ellas de capital estadounidense. Por otra parte, en 1946, el Congreso de la República había emitido el Decreto número 295, conocido como “La Ley Orgánica del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social” (IGSS), el cual da vida a una institución rebasada por la demanda insatisfecha de salud en el país, pero con amplias posibilidades de ser tan rentable y exitosa, que muchos mueren hoy por privatizarla. Millones de personas se han beneficiado del IGSS desde entonces, y por muchas críticas que se hagan, la balanza se inclina en el lado positivo. Una cosa es que su naturaleza sea noble y otra es la mano que ha metido la clase política en la institución, pero cuando se habla con gente de la clase trabajadora, mucha se refiere al IGSS como su tabla de salvación. En 1952, surge la Ley de Reforma Agraria (Decreto 900). Tema espinoso en Guatemala hasta hoy, pero es indiscutible que cualquier debate sobre la tierra traiga ecos de entonces. ¿Cambios en el empleo, la salud y el territorio, no son cambios revolucionarios para una nación?
La Revolución del 44 fue una revolución de las ideas; se crearon entonces el Instituto Indigenista Nacional, el Instituto de Antropología e Historia, se reorganizan el Museo Nacional de Arqueología y Etnología y el Museo Colonial, se crea la Dirección General de Bellas Artes, la Orquesta Sinfónica Nacional, el Conservatorio de Música, la Escuela de Artes Plásticas y la Editorial del Ministerio de Educación. Se establece la autonomía del deporte y se crea la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala. Fue el único momento de nuestra historia donde no estuvimos sometidos a ningún imperio, ni al ruso, ni al estadounidense, ni al inglés, y se dio una inédita y amplia participación de mujeres guatemaltecas. Si el resultado no ha sido el esperado, es porque ha habido demasiada muerte desde 1954, con todo y su intención de cercenar nuestro derecho a la memoria.
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