Sullkata M. Quilla
El gobierno golpista de Bolivia mantiene una inusual presión sobre la
embajada de México en ese país, con un exagerado despliegue de policías
y militares, tratando que los nueve solicitantes de asilo ya instalados
en esa sede se entreguen para ser juzgados por tribunales locales, ante
el temor de que se pueda producir una salida furtiva de éstos hacia
algún país vecino.
Las relaciones diplomáticas entre México y Bolivia han llegado a un
nuevo punto de tensión luego que el gobierno de Andrés Manuel López
Obrador denunció que su embajada en La Paz ha estado bajo el acecho de
decenas de agentes de seguridad bolivianos y que su personal ha sido
hostigado e intimidado por la Policía de ese país .
El canciller mexicano Marcelo Ebrard señaló que su gobierno
denunciará ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) al gobierno de
facto de Bolivia por el hostigamiento de las fuerzas de seguridad a sus
sedes diplomáticas en el país, expresando su «preocupación» por el
despliegue exagerado de la policía y el ejército bolivianos.
El 23 de diciembre aparecieron fuera de las instalaciones de la
embajada y de la residencia unos «90 elementos no solicitados de Policía
y Ejército» de Bolivia, dijo Ebrard. «Para hacerles una idea, el número
habitual no rebasa los seis», remarcó.
A raíz de esto, se contactó a las autoridades bolivianas para mostrar
la «preocupación» de México sobre este despliegue y también se
estableció contacto con Naciones Unidas y otros organismos
internacionales, indicó el canciller.
López Obrador se sumó al repudio y dijo que «Eso no lo hizo ni
(Augusto) Pinochet». En su habitual conferencia matutina deseó que
Bolivia «recapacite y respete» el derecho de asilo y se aleje la
«tentación» de tomar la embajada de México en ese país.
La Cancillería mexicana manifestó su preocupación
por la violación de la inmunidad de sus representantes diplomáticos y
exigió poner fin a la «excesiva vigilancia» desde que México hizo
pública la decisión de dar asilo al derrocado presidente Evo Morales el
pasado 11 de noviembre. «Es una acción concertada en contra de México»,
acusó Maximiliano Reyes, subsecretario para América Latina y el Caribe.
«Estas personas están actuando peor que las peores dictaduras
centroamericanas y sudamericanas de los años sesenta y setenta. Están
actuando con mucho dolo porque por un lado acusan, amenazan e intimidan y
por el otro no quieren entablar la comunicación que amerita la
situación», dijo el subsecretario.
El
expresidente ultraderechista Tuto Quiroga, «delegado ante la comunidad
internacional» de la dictadura afirmó en conferencia de prensa que López
Obrador es un «cobarde matoncito (…) mientras es tan sumiso ante
Trump, Castro y Maduro. AMLO es el padrino de tiranos latinoamericanos”.
Y agregó que el canciller mexicano Marcelo Ebrard “es el candidato
prematuro buscando congraciarse con castristas”.
Sin dudas, le sobran razones a México al denunciar la excesiva
presencia de fuerzas armadas bolivianas a las afueras de la embajada que
está a cargo de María Teresa Mercado Pérez, diplomática de carrera, y
la inadmisible coacción de funcionarios de la dictadura, que no ha
logrado el control político y social y se encuentra ante el riesgo de
las elecciones a que se comprometió a convocar en 2020.
El vehículo de la embajadora Mercado también fue revisado de forma
irregular, aun cuando lo prohíbe el derecho internacional, reclamó la
Cancillería mexicana en una carta enviada a la Organización de Estados
Americanos (OEA) y a la secretaría general de Naciones Unidas. Más de
150 funcionarios policiales y de inteligencia adscritos al Ministerio
del Interior boliviano, fuertemente armados, rodean la residencia
oficial de México en La Paz.
La excusa oficial de la presión a la representación diplomática
mexicana es de “prevención ante eventuales ataques a la embajada
mexicana para exigir la expulsión del ex militar, sociólogo y ex
ministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana”, señaló –sin
avergonzarse- secretario privado presidencial, Erick Foronda.
El Gobierno de facto acusa a Quintana de sedición y terrorismo por
supuestamente instigar y financiar las protestas a favor del gobierno de
Morales, cuya represión cobró 23 muertos en los últimos tres meses.
«Vamos a ir a la cacería de Quintana», declaró la autoproclamada
presidenta Janine Áñez a mediados de noviembre. Seis semanas después el
asedio continúa, incluso en los límites legales de la Convención de
Viena, el instrumento que media el derecho de las representaciones
diplomáticas entre países. 
Los asilados en la embajada mexicana son Javier Zavaleta López,
exministro de Defensa; Héctor Arce Zaconeta, exprocurador general; Félix
César Navarro Miranda, exministro de Minería; Wilma Alanoca, ministra
de Culturas entre 2017 y 2019; Hugo Moldiz, exministro de Gobierno hasta
2015; Víctor Hugo Vásquez Mamani, exgobernador del departamento de
Oruro; Pedro Damián Dorado López, viceministro de Desarrollo Rural, y
Nicolás Laguna, director de la agencia digital Agetic.
En México también está asilado Luis Arce Catacora, antiguo ministro
de Economía, y uno de los preferidos de Evo Morales para contender por
la presidencia, que se ha convertido en otra fuente de tensión entre
ambos gobiernos.
Por su parte, el coronel Julio Cordero, comandante departamental de
la policía de La Paz señaló que para evitar que escapen esas personas
“no vamos a disminuir un solo efectivo policial en la vigilancia de esos
recintos porque estaríamos cometiendo el delito de incumplimiento de
deberes, además que tenemos la orden para detenerlos en cuanto sea
posible”.
Otro factor de inconformidad boliviana ha sido el procedimiento
utilizado por México para asumir la presidencia de la Comunidad de
Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), que actualmente ejerce
Bolivia y a partir de enero corresponde al norteamericano.
El gobierno de facto, por órdenes de Estados Unidos, ya ha anunciado
su intención de dejar la Celac y señalado la “actitud inamistosa” de
México al convocar a reuniones del organismo regional sin informar ni
contar con el consentimiento de su país que está por entregar dicha
presidencia temporal.
* Antropóloga y economista, analista asociada al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)
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