Orlando Delgado Selley
La Jornada
Al tiempo que en América
Latina se producen decisiones electorales y movilizaciones populares,
que colocan de nuevo el tema de la reducción de la desigualdad en el
centro de las preocupaciones de los gobiernos, de las organizaciones
civiles y de vastos contingentes populares, la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (Cepal) propone emprender un verdadero cambio
civilizatorio. Ganaron las izquierdas en diversos países en la primera
década del siglo y lograron atemperar la desigualdad y la pobreza, pero
no modificaron el modelo de desarrollo de la región. En poco tiempo, el
regreso de las derechas a los gobiernos reinstaló la gestión neoliberal y
los países enfrentaron de nuevo la pérdida de dinamismo económico, se
exacerbó la desigualdad y se profundizaron los problemas ambientales.
El desastre neoliberal provoca que la presión social aumente, lo que
se expresa en el respaldo electoral a planteamientos heterodoxos. En
este 2019 ganan de nuevo las izquierdas el gobierno en Argentina,
Bolivia, y probablemente en Uruguay, mientras en México en diciembre
pasado iniciaba por vez primera su gestión un gobierno de izquierdas. En
Ecuador y Chile amplias movilizaciones populares detienen medidas
típicas de la gestión neoliberal. El tema de fondo es modificar de raíz
el modelo de desarrollo. Las izquierdas, que recibieron un mandato
electoral claro, tienen que superar verdaderamente el neoliberalismo y
no solamente ocuparse de administrarlo bien y honestamente.
El neoliberalismo es concentrador y excluyente en su matriz
productiva y, en consecuencia, en términos distributivos. La Cepal tiene
razón cuando señala que del mismo modo que medimos la pobreza para
emprender acciones que la combatan, es necesario medir también la
riqueza, introduciendo métricas específicas que permitan conocer la
concentración patrimonial y no sólo del ingreso y, también, actuar en
consecuencia.
Es posible plantear que los gobiernos que recién iniciarán, o se
mantendrán, al frente de la gestión gubernamental puedan proponer nuevos
pactos sociales en los que se restablezcan compromisos específicos para
reducir la desigualdad. La propuesta que se aceptó en los Objetivos de
Desarrollo Sustentable (ODS) de la ONU en materia de desigualdad,
mantiene claramente su pertinencia.
El objetivo 10, la reducción de las desigualdades, propone una meta
general: lograr que la tasa de crecimiento del ingreso del 40 por ciento
más pobre de la población de cada país crezca más rápidamente que la
media nacional. Para lograrlo es necesario instrumentar políticas
públicas fiscales, salariales y de protección social. Esta meta de los
ODS debieran concretarla en América Latina los diferentes gobiernos de
izquierdas, comprometiendo metas específicas que permitan valorar los
avances y las dificultades que se enfrentan.
Las metas se incorporarían en un pacto social incluyente en el que,
como señala la Cepal, se ataque la cultura del privilegio que da
prioridad el interés privado sobre el público, la acumulación privada de
las ganancias sobre los propósitos redistributivos, el crecimiento
sobre la conservación de la naturaleza y los derechos privados por
encima de los derechos sociales, cuyo cumplimiento es una
responsabilidad insoslayable de los estados.
Aprobar este pacto social permitiría llegar a esta hora de la
igualdad. Sin embargo, para poder tener éxito será necesario superar
principios ideológicos de la gestión neoliberal que se han impuesto como
valores económicos generales. Un claro ejemplo es la autonomía y el
mandato prioritario de los bancos centrales que, aunque forma parte del
llamado consenso monetario neoliberal, se postula como principio
económico de valor general. Pero, por supuesto, lo central de este pacto
está en la urgente necesidad de elevar los ingresos presupuestales
disponibles para impulsar el desarrollo, a partir de una reforma
tributaria progresiva. En este punto hasta los neoliberales están de
acuerdo, pero lo que ha mantenido los niveles tributarios
escandalosamente reducidos es precisamente la noción aceptada por casi
todas las formaciones partidarias que es más importante el interés
privado que el público, que gravar con mayores tasas a los empresarios y
a sus empresas va contra la dinámica de la inversión y, en
consecuencia, atenta contra el crecimiento.
Hay una oportunidad para modificar el rumbo de la región que debe
aprovecharse. La globalidad obliga a instrumentar acciones locales,
coordinadas internacionalmente. Los nuevos aires que corren en América
Latina abren la posibilidad de fortalecer las políticas que cada
gobierno nacional se proponga, con acciones internacionalmente
concertadas en torno a un pacto social para el desarrollo y el bienestar
que tiene que ser muy incluyente y en el que pueden acordarse métricas
conjuntas para medir resultados y proponerse nuevas metas. En el centro
de este pacto debe estar una importante reducción de la desigualdad de
la riqueza y del ingreso.
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