Frente a un aumento de 132 por ciento en la cantidad de 
menores migrantes presentados ante la autoridad durante el primer 
semestre del año, el gobierno federal y el Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia (Unicef, por sus siglas en inglés) dio a conocer un 
modelo de cuidados alternativos para niñas, niños y adolescentes 
migrantes, solicitantes de asilo y refugiados, el cual aún no tiene 
fecha ni plazos definidos para su puesta en marcha.
En conferencia conjunta, María del Rocío García Pérez, titular del 
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), 
explicó que esta guía se basa en un modelo italiano y está compuesto por
 cuatro etapas.
Indicó que la magnitud del fenómeno obligó a reforzar el trabajo. 
Detalló que de octubre de 2018 a febrero de 2019 fueron detectados más 
de 14 mil niñas, niños y adolescentes, de los cuales casi 4 mil viajaban
 sin compañía.
Por su parte, la subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos
 Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Martha Delgado, 
detalló que durante el primer semestre de 2019 se han presentado ante la
 autoridad migratoria a más de 33 mil niñas, niños y adolescentes, de 
los cuales 74.3 por ciento estaban acompañados y 25 por ciento no lo 
estaban. Esto representa un incremento de 132 por ciento con relación al
 año anterior.
Dora Giusti, jefa del Programa de Protección del Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), alertó que la evidencia 
muestra que la detención, además de ser una violación de derecho, tiene 
consecuencias muy graves en el desarrollo sico-físico de un niño.
Tenemos amplia evidencia de que los niños que llegan ya con un trayecto muy complejo, habiendo vivido violencia, vienen traumados, llegan con fragilidad sicoemocional y la detención agudiza las consecuencias a mediano y largo plazos, expresó.
La primera etapa de este modelo consiste en la identificación por 
parte del Instituto Nacional de Migración o el Sistema Nacional DIF del 
niño migrante en situación de vulnerabilidad, para canalizarlo a un 
centro de asistencia social.
La segunda etapa, de primera acogida, comienza una vez que el menor 
ingresa al centro de corta estancia. En este periodo, la Procuraduría de
 Protección de la Niñez, federal o estatal, elabora un plan de 
restitución de derechos, mientras que el sistema DIF, nacional o local, y
 el centro de asistencia hacen un esbozo de un plan de vida 
individualizado.
La tercera etapa, de segunda acogida, proporciona cuidados alternativos temporales a quienes permanecerán más tiempo en el país.
La cuarta etapa es el egreso, es decir, la reintegración familiar o el acompañamiento hacia una vida independiente.
Ana Langner
Periódico La Jornada
 
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