La decisión del el 
presidente peruano Martín Vizcarra de presentar un proyecto para 
adelantar las elecciones presidenciales y congresales para el 2020, como
 salida a la crisis institucional del país, tomó de sorpresa al 
Congreso, que recién opinará sobre el tema el miércoles, tras dos días 
feriados.
 “Presento al Congreso una reforma constitucional de 
adelanto de elecciones generales, que implica el recorte del mandato 
congresal al 28 de julio del 2020. De igual modo, en esa reforma se 
solicita el recorte del mandato presidencial a esa misma fecha. La voz 
del pueblo peruano tiene que ser escuchada, por ello, esta reforma 
constitucional deberá ser ratificada mediante referéndum”, dijo 
Vizcarra. 
 La decisión se tomó en estricta reserva por el 
mandatario y dos d sus más íntimos colaboradores: el presidente del 
Consejo de Ministros, Salvador del Solar, y el titular de Justicia, 
Vicente Zeballos. Ni siquiera la vicepresidenta, Mercedes Aráoz tenía 
conocimiento del asunto. 
 Los analistas califican la decisión 
como una movida hábil, que hará subir de inmediato la aprobación y la 
credibilidad del mandatario. La oposición fujimorista y aprista no podrá
 acusarlo de querer cerrar un Congreso que ha detenido las reformas 
propuestas hasta el momento. Esa muletilla –del cierre parlamentario 
parta detentar un poder absoluto- fue repetida hasta el hartazgo por los
 líderes opositores. 
 Por ejemplo, la reforma política que 
Vizcarra presentó para que el levantamiento de la inmunidad 
parlamentaria deje de estar en manos del Congreso y sea asumida por una 
instancia independiente, fue desestimada un día antes del anuncio. Era, 
para el gobierno, un paso en la lucha anticorrupción. 
 Perú 
“reclama a gritos un nuevo comienzo. Los peruanos deben poder elegir su 
destino para dar paso al Perú del bicentenario. Con esta acción se 
reforzarán los cimientos de nuestra República, aunque ello implique que 
todos nos tengamos que ir. Señores congresistas, ¡el Perú primero!”, 
indicó, dejando en claro que él también estaba dispuesto a dejar su 
cargo como jefe de Estado. 
 Asimismo, la terquedad del 
fujimorismo en recuperar la conducción del Parlamento a través de un 
candidato cercano a sus intereses –Pedro Olaechea– terminó por decidir 
la orientación final del mensaje. Los analistas coinciden en que una 
directiva diferente hubiera ayudado a la distensión política. 
 
¿Se podrán cumplir los plazos anunciados por Vizcarra, de elecciones en 
abril del 2020, a fin de que pueda haber un nuevo gobierno y Congreso en
 julio?, es la interrogante que plantean los medios hegemónicos. Y, como
 se trata de una reforma constitucional, el gobierno apuesta a que el 
proyecto se apruebe en esta legislatura que arranca en agosto por una 
mayoría simple (66 votos) y luego se confirme por la población, en 
referéndum. 
 P  ara que las elecciones generales puedan 
celebrarse en abril se propondría reducir –por una única vez– el periodo
 presidencial y congresal a cuatro años. El ministro de Justicia, 
Vicente Zeballos, dijo que el referéndum será en la última semana de 
noviembre o la primera de diciembre. 
 La Asociación Nacional de 
Gobiernos Regionales expresó su complacencia ante el anuncio del 
presidente Martín Vizcarra y destacó que todo el país es consciente de 
que existe una profunda crisis del sistema político y electoral, y como 
consecuencia, inestabilidad. ““La crisis ha traído corrupción en 
diferentes niveles de gobierno y demás instituciones. No estamos de 
acuerdo en una política como instrumento para defender intereses 
particulares y de grupos”, señalaron 
 La otra parte del mensaje 
A
 pesar de las protestas de los agricultores del Valle de Tambo contra el
 proyecto minero de Tía María, el mensaje presidencial no dio mayores 
alcances sobre las soluciones al conflicto y a las demandas de las 
comunidades. Vizcarra solo propuso una nueva Ley General de Minería, 
solicitada por gobernadores de varias regiones que exigieron el espeto 
al derecho a la consulta previa, y que sustituya a la vieja norma de 
hace tres décadas.
Vizcarra dio luz verde a la construcción del 
Aeropuerto Internacional de Chinchero, que se iniciará el próximo año, 
respetando “el legado arqueológico del Cusco”, pese a que según 
consultorías contratadas por el Estado se advierten evidencias 
arqueológicas donde se construía el segundo aeropuerto de Cusco. Además,
 el proyecto tampoco cuenta con el Certificado de Inexistencia de Restos
 Arqueológicos.
El mandatario también anunció una inversión de 
seis mil millones de dólares para la construcción de la Red Vial 
Departamental, que avanzada apenas en un 13%. En cinco años, según 
pronostica Vizcarra, el monto anunciado cubrirá su construcción hasta el
 2022 y se estima un avance de 70% de la infraestructura. 
A 
pesar que las demandas en el sector agrario son varias, durante su 
mensaje resaltó la realización del Pleno agrario en el Congreso, donde 
se aprobaron 14 medidas para promover el agro. Entre sus anuncios dijo 
que acaban de aprobar un protocolo fitosanitario para la exportación de 
quinua, y programas para la mejora de pastos.
Entre sus anuncios 
mencionó que se proyecta suscribir contratos de gas natural en regiones 
como Puno, Cusco, Apurímac, Arequipa, Moquegua y Tacna, con la meta de 
llegar a un millón de hogares con gas natural del yacimiento cuzqueño de
 Camisea.
 Mariana Álvarez Orellana. Antropóloga, docente e 
investigadora peruana, analista asociada al Centro Latinoamericano de 
Análisis Estratégico (CLAE,  www.estrategia.la) 
 
No hay comentarios:
Publicar un comentario