Pierre Gottiniaux
Recientemente estalló un escándalo político en
Puerto Rico que ha conducido a la población a ocupar las calles con
manifestaciones de varios miles de personas en torno a un lema: «¡Ricky
renuncia!», «¡Ricardo, dimite!». Se lo piden a Ricardo Rosselló, actual
gobernador de la isla.
El 11 de julio, una fuente anónima, publicó los mensajes personales de la cuenta de Telegram (equivalente al Whatsapp)
de este gobernador ligado a Donald Trump. Dos días más tarde, el Centro
de Periodismo de Investigación de Puerto Rico los publicaba en
internet, revelando así unos mensajes con un fuerte contenido misógino y
homófobo, que correspondían al gobernador Rosselló y a numerosos
políticos locales de su entorno. Dos de ellos renunciaron inmediatamente
después de esa publicación, uno de los cuales era el secretario de
Estado Luis Rivera Marín. Pero eso no fue suficiente para calmar la
cólera de la población, que había comenzado a reunirse en las calles
desde el momento en que estalló el escándalo.
Las manifestaciones alcanzaron el máximo de asistencia el miércoles
17 de julio, con cerca de 100.000 personas en las calles de San Juan, la
capital de Puerto Rico. Fue el momento en que el consorcio de
periodistas reveló una «red de corrupción de varios millones de
dólares», involucrando a varias sociedades públicas.
Desde 2016, Puerto Rico se halla bajo el control de un Consejo de Supervisión Financiera (Financial oversight board), instaurado por la ley PROMESA (Puerto Rico Oversight, Management and Economic Stability Act)
aprobada durante el gobierno de Obama. El objetivo de ese consejo de
representantes, no elegidos, es poner en marcha un plan de pago a los
acreedores de la isla, principalmente a los grandes fondos de inversión
estadounidenses. Para ello, se está aplicando un plan de austeridad
radical que incluye el cierre de escuelas, enormes recortes en las
pensiones, y sobre todo, la ausencia total de inversiones en la economía
local, las infraestructuras y las políticas sociales.
| Mas informacion: La deuda neocolonial de Puerto Rico |
Fue en este contexto, descrito perfectamente por la Doctrina del
shock de Naomí Klein, que la isla sufrió, por dos veces seguidas, el
paso de unos huracanes que originaron enormes destrozos, matando a más
de 3.000 personas y destruyendo la red eléctrica. Se necesitaron 11
meses para restablecer la corriente en toda la isla, lo que hizo
aumentar bastante el número de decesos causados por el huracán, la falta
de mantenimiento de la red eléctrica y las catastróficas acciones
efectuadas en la gestión de esa crisis. Las revelaciones del consorcio
de periodistas confirman ampliamente este último punto.
Aunque la red eléctrica es propiedad de la empresa pública PREPA
(Puerto Rican Electric Power Authority), ésta firmó para su restauración
un contrato con una empresa que no tenía ninguna experiencia en la
región, pero que tenía estrechos lazos con el secretario del ministerio
del Interior Ryan Zinke. El contrato terminó siendo anulado, y un nuevo
contrato se firmó con una empresa ligada al gigante de las energías
fósiles Mammoth Energy Services, a pesar de que la situación de la isla y
su exposición frente a los huracanes han demostrado, con total
claridad, que Puerto Rico necesita disponer de una producción local de
energía.
Ricardo Rosselló no resistirá mucho a esta ola de descontento. Sus
adversarios políticos ya están preparando un recurso para intentar poner
en marcha una moción de destitución del gobernador (impeachment). Pero
eso no arregla el daño hecho, y no cambiará el programa del Consejo de
Supervisión Financiera que proseguirá en su camino de austeridad, a
favor de los acreedores de la isla. Éstos obtienen enormes beneficios,
mientras la temporada de huracanas comienza de nuevo…
Recordemos que el CADTM Internacional estuvo en Puerto Rico en diciembre de 2018,
habiéndose realizado un exitoso programa de actividades organizado por
su socio local: el Frente ciudadano para la auditoría de la deuda.
Traducción de Griselda Piñero
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