A
fines del siglo XIX el Estado argentino llevó adelante un genocidio
contra los últimos pueblos originarios que aún resistían la
incorporación de sus tierras a la economía capitalista y a los mercados
internacionales. Entre 1878-1879 el entonces Ministro de Guerra, general
Julio Argentino Roca, comandó la llamada “Conquista del Desierto”
contra los pueblos de la Nordpatagonia, que culminó con miles de
muertes, casi 12.000 prisioneros que serían reducidos a la servidumbre y
la incorporación de 15 mil leguas que pasaron a manos de terratenientes
nacionales y compañías extranjeras. Después, durante su primera
presidencia (1880-1886), se produjeron la “Campaña de los Andes”
(1881-1883), donde se hostigó a los pueblos cordilleranos hasta su
rendición, y la “Campaña del Chaco” (1885), en la que se masacró a más
de 1000 originarios. Tras estas operaciones militares, los últimos
territorios que aún quedaban en manos de sus primeros pobladores pasaron
a incorporarse al Estado argentino.
Pero en el Chaco, el último de
los territorios incorporados, los enfrentamientos entre el Ejército y la
resistencia de los pueblos originarios se mantendría hasta bien entrado
el siglo XX. De hecho, este es el origen del nombre de su capital:
Resistencia. Si bien en 1917 se dio por concluida la “Guerra contra los
Tobas” (Toba es el nombre que se le daba al pueblo originario Qom), se registraron nuevos enfrentamientos en 1918, 1919 y 1923.
La región del norte argentino presenta poblamiento humano desde hace
más de 4 mil años. A fines del siglo XIX estaba habitaba por cinco
grupos originarios: a) mbayá-guakurúes: que incluía a los qom o tobas,
mocovíes y abipones; b) los mataco-mataguayos: que incluía a los wichi o
matacos; c) los chiriguanos; d) los chané; y d) los lule-vilelas.
Para “contener” a los pobladores originarios dispersos y prisioneros
tras las campañas militares, el Estado creó las “Reducciones Indígenas”.
Su función era mantener reunidos a los aborígenes en los momentos del
año en que su fuerza de trabajo no era necesaria. Para la década de 1920
los qom y otros pueblos estaban incorporados como obreros en la
producción de tanino, madera, algodón y azúcar, en condiciones de
servidumbre. La “Reducción de Indios de Napalpí” –hoy Colonia Aborigen
Chaco “Omaixac da Carviraxaqui”- fue fundada en 1911 y sus ocupantes
solo tenían títulos precarios. Ese lugar había sido escenarios de
batallas el 4 de mayo de 1883 y el 4 de febrero de 1890. Quizá por ello
fue llamada de ese modo, ya que Napalpí en idioma qom significa
“Lugar de los muertos”. Hasta 1915 la colonia se sostenía exclusivamente
con la explotación de madera, pero a partir de entonces se incorporó la
agricultura del algodón.
Las causas de la huelga de 1924 hay
que buscarlas no solo en la ocupación militar del espacio aborigen, sino
también en las medidas que el gobierno territorial tomó ese año. Una de
ellas fue la prohibición de que los originarios salieran a trabajar
fuera del territorio chaqueño, impidiendo mejores condiciones de trabajo
y salarios. Otra fue la prohibición de la caza, lo que los forzaba aún
más a emplearse como asalariados de los hacendados criollos y europeos.
Por último, una ley los obligaba a entregar al Estado el 15% de la
producción de algodón -cuyo precio se había desplomado-, lo que agravaba
aún más su situación económica.
A esto se suma el resurgimiento
del chamanismo, bajo la forma de los movimientos milenaristas y
mesiánicos. Eric Hobsbawm define al milenarismo como la esperanza de un
cambio completo y radical en el mundo, que se reflejaría en el milenio. “Lo que lo hace milenario –dice Hobsbawm- es la idea de que el mundo, tal cuál es, puede –y de hecho lo hará- acabar algún día, para resurgir profundamente cambiado”.
Martínez Sarasola señala la función que tiene el líder como “mesías” o
“mensajero divino”. El mesianismo es una forma de milenarismo. Ambos
autores señalan el carácter popular del movimiento, ya que la salvación
no se dará individual sino colectivamente.
Entre los nuevos
jefes chamanes que encabezaron el movimiento encontramos al mocoví Pedro
Maidana y a los qom José Machado y Dionisio Gómez. En 1923 Gómez
anunció que “iban a resucitar todos los que habían sido mal muertos por los cristianos”.
Al año siguiente hubo robos a las haciendas y caza de animales para
alimentarse. La prohibición del chamanismo encendió aún más el
descontento.
Los terratenientes comenzaron a azuzar el miedo a
un alzamiento indígena para forzar al gobierno a actuar. El 19 de mayo
el gobernador Fernando Centeno se reunió con los líderes rebeldes
buscando una mediación y prometió mejoras laborales, por lo que los
manifestantes optaron por desmovilizarse. Sin embargo, un mes después,
al no verse cumplidas las demandas y ante el asesinato del chamán Sorai
por la Policía y la confusa muerte de un colono francés –acaso por
venganza-, la situación se disparó.
Los criollos y los europeos
comenzaron a abandonar la zona. En El Agüará, pobladores originarios
desarmados ocuparon pacíficamente una chacra, levantando sus viviendas
tradicionales. En Napalpí y otros lugares se declararon en huelga por
tiempo indeterminado. Cuando amenazaron con realizar una movilización
hacia las provincias de Salta y Jujuy, algo prohibido por la ley que
impedía la movilidad, el Estado desató la represión.
El 19 de
julio unos 130 efectivos de la Gendarmería Nacional, la Policía del
Chaco y matones privados de los terratenientes, armados con fusiles
Mauser y con apoyo de una avioneta de reconocimiento, se movilizaron
desde Quitilipi y cercaron a los originarios de El Agüará. El ataque
comenzó a primeras horas de la mañana, cuando alrededor de mil qom,
wichis y criollos correntinos refugiados entre los indígenas realizaban
un baile religioso. El tiroteo duró alrededor de 45 minutos y se
dispararon más de 5000 balas.
Los atacantes no encontraron
resistencia, ya que la concentración era pacífica y los chamanes habían
advertido que el baile ritual los protegería de las balas. Martínez
Sarasola nos dice que “el ataque de las fuerzas nacionales se convirtió lisa y llanamente en un fusilamiento”.
Los heridos fueron degollados sin contemplación y los uniformados
cortaron testículos, penes y orejas como trofeos de guerra que se
expusieron en la Comisaría de Quitilipi.
Mientras tanto, desde
la avioneta se arrojaron sustancias inflamables para quemar las
viviendas. Los cuerpos de los masacrados fueron arrojados a fosas
comunes. El número total de asesinados se calcula en 200 personas.
Poco
después, los diputados nacionales del Partido Socialista (PS) Antonio
de Tomasso y Mario Bravo (primer legislador originario argentino),
denunciaron la masacre y pidieron la conformación de una Comisión
Investigadora (CI). Por entonces gobernaba el hacendado Marcelo T. de
Alvear de la Unión Cívica Radical (UCR), segundo presidente surgido del
voto “universal” masculino. Su antecesor, Hipólito Yrigoyen, había
tenido una política contradictoria: al mismo tiempo que llevaba adelante
medidas de carácter popular y anti-imperialista, fue responsable de la
masacre de obreros en la “Semana Trágica” de 1919 y el asesinato por
parte de la Gendarmería de 1500 peones rurales en Santa Cruz en 1921.
El 29 de agosto el ex director de la Reducción de Napalpí, Enrique Lynch Arribálzaga denunciaba: “La
matanza de indígenas por la Policía del Chaco continúa en Napalpí y sus
alrededores; parece que los criminales se hubieran propuesto eliminar a
todos los que se hallaron presentes en la carnicería del 19 de julio
para que no pudieran servir de testigos si viene la Comisión
Investigadora de la Cámara de Diputados”.
El Informe de la CI denuncia la barbarie de los “representantes de la civilización”: “Los
desgraciados nunca creyeron lo que les iban a hacer, de suerte que no
intentaron defenderse. Sonó la primera descarga, a la cual surgió con
algún intervalo, una segunda y una tercera, continuando el fuego a
discreción. La primera fue alta, en su mayoría, pero causó algunas
bajas, la segunda y la tercera, bien dirigidas, barrieron las tolderías y
entonces se produjo el pánico y el desbande.
Debe
tenerse en cuenta que el mago o Dios Gómez había dicho que las balas de
los cristianos no les entrarían a los indios, por esto fue que, después
de la primera y antes de la tercera, nadie trató de escapar”.
Respecto al trato a los líderes espirituales dice que: “a
Maidana se lo mató de forma salvaje, y aunque cueste decirlo en esta
Cámara, se le extirparon los testículos para exhibirlos como trofeo de
batalla. Se le cortaron también las orejas”.
El gobernador
Centeno, en su declaración ante la CI, quiso justificar la masacre
diciendo que se trató de un enfrentamiento, aunque no pudo explicar por
qué no hubo muertos entre los uniformados.
El levantamiento de
Napalpí y El Agüará fue un movimiento pacífico que no provocó muertos
entre los colonos criollos y europeos. Sin embargo, fue brutalmente
reprimido por el Estado.
Otro movimiento milenarista pacífico
surgió en Pampa del Indio en 1933. El profeta Tapaniak prometió la
llegada de aviones con alimentos que pondrían fin al hambre de su
pueblo. En 1934 el movimiento fue reprimido por la Policía y su líder
encarcelado. Otro movimiento surgido en el Zapallar –hoy General San
Martín- en 1935 tuvo el mismo destino: en 1937 fue desarticulado por la
Policía y su líder Natochi asesinado.
Frente a esta situación,
muchos grupos originarios optaron por armarse para resistir a la
explotación de los terratenientes y la represión del Estado. En 1933 se
registraron combates en la cercanía del fortín El Descanso. En 1936
varias comunidades atacaron la expedición del teniente Enrique Fa en el
Río Pilcomayo, pero fueron derrotadas y sus líderes sometidos. En 1938
se disolvió el Cuerpo de Gendarmería de Línea, declarando que las
operaciones de “limpieza (étnica)” en el Chaco estaban concluidas.
Fuente: https://pueblosoriginarios.com
En 1947 la Gendarmería Nacional llevaría a cabo una nueva masacre
contra pueblos originarios del norte, esta vez en el vecino Territorio
Nacional de Formosa. Por entonces gobernaba el general Juan Domingo
Perón. Son conocidas las políticas sociales del peronismo que mejoraron
el nivel de vida de las clases populares, sin embargo este otro hecho
menos glorioso ha permanecido silenciado durante décadas.
Para
los pueblos pilagá de Formosa, la situación no mejoró con la llegada del
gobierno de Perón. Recluidos en “Reducciones” eran obligados a realizar
trabajos agrícolas por un salario miserable que rara vez cobraban o lo
hacían con descuentos o por medio de bonos que se podían canjean en muy
pocos almacenes de la zona.
En marzo de 1947 cientos de
trabajadores rurales -mayoritariamente de la etnia pilagá- se
movilizaron desde Las Lomitas (Formosa) hasta Tartagal (Salta) para
trabajar en el Ingenio San Martín, propiedad del político y hacendado
Robustiano Patrón Costas. Les habían prometido un pago de $6 por día,
pero al momento de culminar las tareas agrícolas les pagaron solo $2,50
el día. Cuando fueron a reclamar ante el propietario, los expulsaron del
lugar.
En la primavera de ese año cientos de familias pilagá,
provenientes de los parajes de Pozo Molina, Pozo Navagan, El Descanso y
Cacique Coquero, entre otros, se concentraron para reclamar por esta
estafa en el descampado de Rincón Bomba, en cercanías del Escuadrón 18
de Gendarmería de Las Lomitas. Eran liderados el sanador Tonkiet
(Luciano Córdoba). Las familias permanecieron varios días, escuchando
las interpretaciones de la Biblia que realizaba este hombre «que curaba
sin cobrar», convirtiendo el lugar en un sitio de debate político y
religioso. Finalmente acordaron formar una delegación compuesta por los
caciques Pablito Navarro y Nola Lagadick, además de Tonkiet, quienes
reclamaron ayuda para las familias damnificadas a la Comisión de Fomento
de Las Lomitas y al Gobierno Territorial de Formosa.
Luego de
varios días el gobierno de Perón envió desde Buenos Aires tres vagones
del Ferrocarril Belgrano con ropas, medicinas y alimentos, de los cuales
llegaron solo dos y con alimentos en mal estado, lo que provocó
intoxicaciones masivas y decenas de muertes. Sin embargo algunos
sobrevivientes sugieren que los productos provenían de los almacenes de
la zona que exponían los alimentos a la contaminación con gamexane
(insecticida para hormigas).
Durante los primeros días de
octubre, el funcionario Abel Cáceres, encargado de la Reducción
“Bartolomé de las Casas”, dependiente de la Dirección de Protección al
Aborigen de la Secretaria Nacional de Trabajo y Previsión, fue enviado
junto con gendarmes para convencer a los ocupantes de que desalojen el
lugar y acepten trasladarse a una reducción. El rechazo de los ancianos
de la comunidad a esta propuesta fue interpretado como un acto hostil
por parte del Gobierno y el rumor de un malón (ataque indígena)
comandado por el cacique Pablito Navarro comenzó a circular entre los
pueblos vecinos.
El 10 de octubre en horas de la tarde,
efectivos de la Gendarmería Nacional rodearon a las familias
concentradas y comenzaron a disparar con ametralladoras y fusiles
automáticos. De acuerdo a los testimonios de los sobrevivientes, la
matanza y la persecución de las familias por el monte se extendieron
durante semanas. Durante la primera mitad del mes, un número
indeterminado de personas murieron debido a las heridas, la sed, el
hambre, y los fusilamientos. Durante la segunda mitad del mes de octubre
se multiplicaron las capturas y decenas de mujeres fueron violadas por
los gendarmes. Muchos pilagá pudieron sobrevivir escapando hacia el
Paraguay.
Los testimonios de los sobrevivientes, que pudieron hablar muchas décadas después, dan cuenta de la brutalidad represiva: “ni siquiera pudimos enterrar a los muertos”, “los árboles quedaron llenos de agujeros por los disparos”, “a todos les faltó un hijo, les faltó un padre, les faltó una abuela”, “estábamos
amontonados como una bandada de patos. Sin poder beber agua. Los
gendarmes le pidieron al traductor del cacique Tapiceno que les dieran
una chica y ellos nos dejarían ir. Entonces agarraron a la chica más
linda y el comandante de la tropa la violó. (…) cuando volvió no cumplió su palabra, nosotros seguimos cautivos”, “a los niños se los llevaron unas hermanas religiosas y nunca más aparecieron. No sabemos qué pasó con ellos” (del documental Octubre Pilagá, de Valeria Mapelman, 2010).
El 11 de octubre, un día después del primer fusilamiento, un Documento Confidencial y Secreto,
firmado por el Director General de Gendarmería coronel Natalio Faverio
informó al ministro del Interior Ángel Borlenghi sobre un supuesto
levantamiento indígena y sobre la movilización de tropas por parte del
Ministerio de Guerra a cargo de José Humberto Sosa Molina. El 16 de
octubre un Documento Confidencial y Secreto firmado nuevamente
por Faverio anunció que un avión JU-52T-153 había despegado el día
anterior desde la Base Militar de El Palomar en Buenos Aires para
colaborar en la represión. El avión se detuvo en Resistencia, donde se
le quitó la puerta y se le colocó una ametralladora Colt, con la que
dispararon sin piedad contra comunidades pilagá de Formosa. Estos
documentos muestran el conocimiento y participación del gobierno
nacional en la masacre que se estaba cometiendo.
De hecho el
día 12 de octubre, mientras se estaba llevando a cabo una masacre en
Formosa, el general Perón dio un discurso por el “Día de la Raza”
reivindicando la conquista española. El 17 de octubre hicieron un acto
por el “Día de la Lealtad”, al cumplirse dos años de las movilizaciones
populares llevaron a la liberación de Perón -encarcelado en este
entonces por el gobierno militar de Farrel- ajenos completamente a lo
que estaba sucediendo.
Se calcula que fueron masacradas entre
de 500 y 750 personas de las etnias pilagá, qom, mocoví y wichi, además
de las torturas, violaciones y apropiaciones de niños/as para ser
entregados a instituciones cristianas encargadas de quitarles su
identidad cultural.
Finalizada la masacre, las familias
prisioneras fueron trasladadas a las Colonias Aborígenes de Francisco
Muñiz y Bartolomé de las Casas, para ser “reducidas” a trabajos forzados
bajo la administración de la Dirección de Protección al Aborigen y la
vigilancia de la Gendarmería. Entre los prisioneros estaba el sanador
Tonkiet y el cacique Navarro, capturado cuando intentaba cruzar la
frontera al Paraguay.
Los principales diarios de la época, tanto oficialistas como opositores (La Prensa, La Razón, Crítica, Noticias Gráficas),
fueron cómplices de este genocidio, publicando notas en donde hablaban
de “asaltos a la población cristiana” por parte de los originarios
movilizados y de la heroica acción de la Gendarmería para proteger a los
civiles. Esto muestra los esfuerzos del aparato estatal por justificar
la masacre que acababa de cometer. Solo un periódico, El Intransigente
de Salta, publicó una nota de su corresponsal en Formosa que informaba
que se había cometido una masacre y posterior quema de poblados para
ocultar el crimen.
Al
igual que las masacres de Napalpí y El Aguará, las de Formosa también
fueron llevadas a cabo por un gobierno que se presentaba como “nacional y
popular”. Tanto la UCR como el peronismo siguen sin reconocer la
responsabilidad de sus gobiernos en estos crímenes contra la humanidad.
Casi 60 años después de estos hechos, el 1º de abril de 2005, la
Federación Pilagá inició una demanda civil y penal contra el Estado
nacional en el Juzgado Federal de Formosa, reclamando justicia y
reparación por estos hechos, basándose en el principio de la
imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad. Pero la Justicia
exigía pruebas materiales. En busca de las mismas el Equipo de
Investigaciones Científicas Forenses realizó excavaciones en los lugares
señalados por los sobrevivientes, encontrando 27 cadáveres que se
correspondían con aquella masacre.
Testimonios de sobrevivientes también fueron recopilados en el documental Octubre Pilagá (2010), de Valeria Mapelman.
Pero por entonces también vivía uno de los genocidas: el alférez
Leandro Santos Costa, que fue condecorado por su «valerosa y meritoria»
acción. Luego de esto se dedicó a la abogacía, y ejerció como juez
durante la Dictadura Cívico-Militar de 1976-1983. Fue integrante de la
Cámara Federal de la ciudad de Resistencia hasta su renuncia en 1999 y
murió en 2012 sin haber sido juzgado por sus crímenes. Sin embargo no
sucedería lo mismo con Carlos Smachetti, piloto del avión JU-52T-153,
que sería procesado en 2015.
En la actualidad, la fuerza que
llevó a cabo estas masacres -la Gendarmería Nacional- continúa implicada
en hechos represivos. Acaso el más conocido sea la represión a
comunidades mapuches movilizadas en Chubut en 2017, en la que
desapareció el joven artesano Santiago Maldonado, quién apareció sin
vida unos meses después. A fines de ese mismo año el Escuadrón Albatros
de su fuerza hermana, la Prefectura Naval Argentina, asesinó por la
espalda al joven mapuche Rafael Nahuel. Esto demuestra que la impunidad
es caldo de cultivo para futuros crímenes contra la humanidad.
Pero al mismo tiempo, la tenaz lucha de las asociaciones pilagá para
lograr una condena por el genocidio sufrido nos demuestra también la
imprescriptibilidad de estos delitos y la obligación de los Estados de
responder por ellos. Constituyen de este modo un valioso antecedente
para víctimas y sobrevivientes de otros genocidios que, pese al tiempo
transcurrido, continúan reclamando Justicia y Reparación.
Bibliografía:
- Asquini, Norberto; (2002) “La masacre de Napalpí en el Chaco”, Caldenia, suplemento cultural del diario La Arena, Santa Rosa, 15 de septiembre.
- Ahumada, Gustavo; (2015) “Ratifican que la masacre contra la étnia pilagá es un delito de lesa humanidad”, Infojus, http://www.infojusnoticias.gov.ar, 10 de octubre.
- Hobsbawm, Eric J.; (1983) Rebeldes primitivos, Barcelona, Ariel.
- Lozza, Arturo; (2010) “La masacre de Rincón Bomba”, Pájaro Rojo, http://pajarorojo.com.ar, 29 de julio.
- Mapelman, Valeria; (2010) Octubre Pilagá, documental.
- Martínez Sarasola, Carlos; (2011) Nuestros paisanos los indios, Buenos Aires, Del Nuevo Extremo.
- Valencia, Luciano Andrés; (2018) “Las masacres de Napalpí y El Aguara”, en: Boletín de la Revista de Historia, www.revistadehistoria.es, 9 de noviembre.
- Vicat, Mariana; (2008) Caciques indígenas argentinos, Buenos Aires, Ediciones Libertador.
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