Palestra guatemalteca
En este artículo se repasan las principales tensiones y las candidaturas que concentran el debate electoral y mediático de unas elecciones inéditas en la historia guatemalteca.

El próximo 16 de junio los y las electoras guatemaltecas están citadas a las elecciones presidenciales en ese país. Son tres mujeres las que centran el debate político en un ambiente conformado por una nueva legislación electoral, exigencias sobre el fin de la corrupción, la violencia y, en general, mejora de las condiciones de vida en una Guatemala que apenas sobrevive a su historia más inmediata y que, hoy, la recuerda con la candidatura de la hija del exdictador Ríos Montt –Zury Ríos-. En este artículo se repasan las principales tensiones contextuales y las candidaturas que concentran el debate electoral y mediático.

Elecciones atípicas como contexto general

Son distintos los aspectos que definen a la contienda electoral guatemalteca como atípica y única en su historia. Para empezar, la Ley de Partidos Políticos fue reformada de cara a las elecciones de 2019.[i] Entre las reglas modificadas se encuentran: i) controles para la contratación equitativa de los medios de comunicación para las campañas proselitistas; ii) la posibilidad de votar por diputados(as) sin importar la posición que ocupe en la planilla; iii) aumento de la deuda electoral –de 2 a 3 dólares por cada voto válido, siempre y cuando éste supere el 5%-; iv) los(as) secretarios(as) generales de los partidos políticos no pueden ser electos; v) nuevos parámetros de mayoría relativa para la elección de alcaldes –quien obtenga el 40% o sume el 25% de los votos válidos y supere la diferencia sea del 5%–, entre otros.[ii]
Las reformas, sin embargo, no inciden directamente en el cambio del sistema político guatemalteco. Por ejemplo, dejan por fuera la inclusión de mujeres y personas indígenas, no toma en cuenta un revocatorio a puestos de elección popular e incrementa el número de afiliaciones necesarias para fundar un partido político. Esta última condición limita la participación de amplios sectores de escasos recursos, lo que deja entrever que los diputados(as) no escucharon las propuestas de la sociedad civil ni de organizaciones políticas.
Por otro lado, a pesar de que son 28 los partidos políticos inscritos para las elecciones, aún no hay mayor claridad sobre quiénes sí son candidatas(os) oficiales.[iii] Tal es el caso de Thelma Aldana quien, según la Contraloría, perdió el “finiquito”[iv] de su candidatura al recibir una denuncia penal en su contra. Muy similares son los casos de Carlos Menocal, Francisco Rivas y Juan Francisco Solórzano, quienes están quedando fuera de la contienda y en los gobiernos anteriores cumplieron un papel fundamental en la lucha contra la corrupción.[v]Así, a un poco más de un mes, las papeletas electorales no han sido concretadas, pues la mayoría de las impugnaciones no han sido resueltas. A ello se suma la escandalosa privación de libertad de Mario Estrada en Miami por la DEA. El excandidato de la Unidad del Cambio Nacional (UCN) es acusado de tener vínculos con el Cartel de Sinaloa, así como por la tentativa de homicidio contra dos candidatas presidenciales.

¿Quiénes disputan la Presidencia guatemalteca?

En la palestra guatemalteca hay varias mujeres que pueden ser elegidas para presidenta el 16 de junio de 2019. Sandra Torres -quien fuera esposa del expresidente Álvaro Colom )se divorció en 2011, lo que le permitió ser candidata a la primera magistratura- y líder de la Unión Nacional de la Esperanza (UNE)- es una de las contendientes con importantes performances electorales. Ha sucedido a su exesposo en el liderazgo de la UNE (institución inscripta en 2002).
Si bien no se pudo presentar el año de su divorcio, ya que la Corte de Constitucionalidad se lo impidió, en 2015 se enfrentó en la segunda vuelta con el ahora presidente Jimmy Morales. Este último asumió con grandes promesas para erradicar la corrupción y culminó enfrentándose y expulsando a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) -organismo respaldado por Naciones Unidas-, dedicada a investigar los casos más importantes de corrupción. Ese litigio llevó al presidente Morales a enfrentarse con la Corte de Constitucionalidad que había decidido suspender la expulsión del Comisionado, Iván Velásquez; pero para ese momento los funcionarios de esta Comisión ya habían abandonado el país. Las investigaciones de la CICIG habían logrado el juicio y encarcelamiento del expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti. La relación se erosionó con el actual presidente cuando la Comisión comenzó a investigar sus vínculos con fondos ilícitos para financiar su campaña presidencial.
Asimismo, sobre Sandra Torres pesa una investigación sobre financiamiento ilícito en la campaña de 2015 y, que logró sortear apelando a la Ley de Femicidio para alejar la “intimidación” de los fiscales. También estos últimos días se le vinculó a Mario Estrada (UCN) –preso en Estados Unidos- al partido de Torres, ya que durante el Gobierno de Álvaro Colom, Estrada prestó servicios de seguridad al propio presidente a través de la Secretaria de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia. Hoy, Sandra Torres busca despegarse de este vínculo y advertir que Mario Estrada estaba relacionado con el mismo presidente Jimmy Morales. Morales, por su parte, licuó todo su capital político y el de su partido (Frente de Convergencia Nacional) en la contienda contra la CICIG. De hecho, en ninguna de las dos encuestas conocidas ese partido es considerado; no posee ninguna chance de continuar en el poder.
Además de Sandra Torres se encuentra Thelma Esperanza, del Movimiento Semilla, quien fue presidenta de la Corte Suprema de Justicia y dirigió el Ministerio Público durante el Gobierno de Otto Pérez Molina. Tiene una importante popularidad, y la revista Time la nombró como una de las personas más influyentes del mundo. Su candidatura a la Presidencia no es oficial aún, pues se presentó una denuncia sobre corrupción en su contra; además, se encuentra fuera del país para eludir la orden de detención –emitida el 19 de marzo de 2019-. A fines de marzo, Thelma confirmó que no están dadas las condiciones de seguridad para su regreso.
Entre estas candidatas se encuentra Zury Ríos Sosa, quién posee una larga trayectoria como congresista desde 1996. Ha pasado por distintos partidos: participó en el de su padre, el genocida Efraín Ríos Montt (Frente Republicano Guatemalteco, FRG) donde fue segunda vicepresidenta del Congreso de Guatemala. Luego se candidateó en el 2015 por el partido Viva, y ahora se postulará por el partido Valor (conversión del Partido Libertador Progresista, inscripto como partido en 1994).
Entre la disputa por la presidencia también aparece Alejandro Giammattei, del partido Vamos. El exdirector del Sistema Penitenciario (2006-2008) dejó su cargo cuando logró la Presidencia Álvaro Colom. Se le vinculó con el asesinato de siete presos en la cárcel de Pavón y, luego de una detención de más de 10 meses –en 2011-, fue puesto en libertad, ya que se demostró la falsedad de la denuncia.

Encuestas en contraste

Como en otros países de Centroamérica, las encuestas difieren profundamente entre sí respecto de la intención de voto. Las encuestas públicas y mayormente difundidas corresponden a la realizada por CID Gallup Guatemala y la Consulta Mitofsky. La primera, a través de una consulta a 1.815 personas, coloca a Sandra Torres, de Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), a la cabeza con un 17,70%. A Thelma Aldana, de Movimiento Semilla, la ubican con un 10,70% y a Zury Ríos, de Valor, con el 7,90%.[vi]
Por su parte, Mitofsky, de acuerdo a la consulta a 1.000 personas mayores de edad y con acceso a internet, ubica a Thelma Aldana con un importante 28%, 18% para Zury Ríos y, muy por debajo, a Sandra Torres con el 6,1%. Además, Alejandro Giammattei se coloca en el tercer lugar con un 14%.[vii]
Ambas encuestas fueron publicadas en marzo de 2019, y el mismo día de publicación de la encuesta de CID Gallup –el 7 de marzo- la candidata de Valor, Zury Ríos, publicó en sus redes sociales una encuesta que le atribuye el 25% de la intención de voto y a Thelma Aldana y Sandra Torres 16% y 15%, respectivamente. Según el medio de comunicación Nómada, esta es una práctica común en las contiendas electorales de Guatemala, pues no hay mayor norma electoral que impida que las y los candidatos puedan contratar empresas que especulen respecto a la intención de voto. Además, según el mismo medio, ni la candidata ni los dirigentes de Valor se refirieron a la empresa contratada, y mucho menos a la ficha técnica que respalda dicha información.[viii] Así, la credibilidad de los datos publicados hasta ahora es frágil.

Consideraciones finales: ¿es Guatemala un Estado narco?

El debate electoral está dirigido por una ola “honestista y securitista”, en razón de los distintos procesos políticos respecto a la lucha contra la corrupción y también las profundas dinámicas de violencia que atraviesan a Guatemala desde hace varios años. Es, precisamente, la ola “honestista” la que coloca a Thelma Aldana como una candidata presidencial electoralmente potable.
Asimismo, la reducción del gasto público, las inversiones extranjeras y el subsidio de programas sociales siguen siendo uno de los temas más relevantes; eso sí, desde una óptica neoliberal. Es importante remarcar que, en el contexto de elecciones, la pobreza y la extrema pobreza, pese a la transferencia de subsidios a los más necesitados, aumentó entre 2006 y 2016, y hoy llega a 59,3% (Instituto Nacional de Estadísticas). El desempleo abierto y la informalidad también aumentaron con respecto al 2017 (2,3% y 69,7%, respectivamente) y en 2018 el desempleo abierto trepó al 2,8% y la informalidad al 70,9% (Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos). En términos generales, los alineamientos geopolíticos dominantes en Guatemala se mantienen y continúan, así como las propuestas económicas excluyentes que se organizan alrededor de las políticas e imaginarios neoliberales. La conjunción de neoliberalismo, securitismo y honestismo viene complicando y erosionando a la misma élite político-económica.
Como si fuera poco, la alerta sobre las vinculaciones del narcotráfico con la élite político-económica se disparó con el arresto de Mario Estrada. El excandidato no sólo es acusado por sus vínculos con el narcotráfico sino por tentativa de homicidio contra Thelma y Zury. Dicho conato ha generado crisis a lo interno del Pacto de Corruptos –concepto proporcionado por Nómada para referirse a Jimmy Morales y todos los partidos políticos que participan en la contienda contra la CICIG-, pues varias personalidades se encuentran relacionadas con Estrada. Entre entre ellas destacan Jimmy Morales quién participó en una reunión –que culminó en una celebración- de Estrada con el Cártel, Sandra Torres, debido al rol del excandidato del UCN en el Gobierno de Colom y Consuelo Porras, la actual Fiscal, quién no advirtió a Thelma del riesgo que corría su vida. La crisis está dentro del Gobierno actual y las élites que ostentan el poder en Guatemala desde hace varios años.[ix]
Más allá de la gravedad del asunto respecto al narcotráfico, este conato demuestra la forma en la que se hace política en Guatemala: desde la violencia, intimidación, junto con el crimen organizado y desde una perspectiva neoliberal. Posiblemente, con las investigaciones sobre los vínculos de Estrada con el narcotráfico se develen otros nexos con otras personalidades gubernamentales. Dicha cuestión podría fortalecer retóricas de intervencionismo en Centroamérica –a partir de la guerra contra el narcotráfico-, así como las demandas por el cese a la corrupción y la impunidad ya muy presentes en las discusión política guatemalteca, sin contar con una incidencia política contundente que erosione a la cúpula criminal que dirige el Estado.


[ii] Ídem.
[iv] Figura administrativa que da luz verde a las candidaturas presidenciales.