América XXI
Este martes la ONU
publicó un preocupante informe sobre la situación de los defensores de
los derechos humanos en Guatemala. Las cifras son elocuentes: entre 2017
y 2018 fueron asesinados 39 de estos activistas y casi 900 sufrieron
ataques.
El informe de de la Oficina de la Alta Comisionada de la
ONU para los Derechos Humanos expuso la ausencia de garantías
fundamentales para las organizaciones y sus miembros que defienden estos
derechos en el país centroamericano. Además de la violencia física y
sexual, se multiplicaron en el país las amenazas, el espionaje o
vigilancia y las acciones de intimidación.
Otras agresiones
contra estos grupos reportadas en el informe tienen que ver con “el uso
indebido del derecho penal en su contra”, especialmente en cuestiones
vinculadas a la posesión y el acceso a las tierras y los recursos
naturales, lo que da cuenta de una extendida corrupción judicial en
favor de los más poderosos.
Las poblaciones indígenas, las
mujeres, los defensores del colectivo LGBTI, periodistas, jueces y
abogados independientes y los defensores de víctimas del conflicto
interno son grupos en situación de riesgo, según el informe conjunto de
la Procuraduría de los Derechos Humanos y la Oficina que encabeza la
expresidenta chilena Michelle Bachelet.
De los 196 defensores de
los derechos humanos entrevistados, el 86% sufrió ataques o amenazas al
menos una vez en el periodo estudiado, y un 58% en más de una ocasión.
Los denunciantes señalan tanto a funcionarios públicos como a miembros
de organizaciones criminales y actores del sector privado o mercenarios
como los perpetradores de las agresiones.
Agravamiento
En
lo que va del año se corroboró que el proceso electoral en marcha
agudizó la violencia contra estas organizaciones. Tres candidatos y dos
aspirantes que representan a sectores comunitarios o indígenas fueron
asesinados desde enero.
Además, el informe confirma que “la
impunidad en relación con estos delitos es persistente y generalizada”.
En cuanto a las investigaciones, se afirma que “los jueces
independientes -incluidos los de los tribunales superiores- y los
fiscales sufrieron agresiones, amenazas y represalias y fueron
estigmatizados”.
Guatemala padece una “corrupción endémica”,
gravísimos problemas de acceso a la tierra, falta de seguridad,
extendida impunidad y “debilidades institucionales”, según el informe.
El
escrito sostiene que “las personas defensoras de derechos humanos
desempeñan un papel fundamental en la construcción y consolidación de la
democracia y el estado de derecho. Su trabajo comprende una amplia gama
de acciones, desde la denuncia de violaciones de los derechos humanos
hasta el desarrollo de propuestas para fortalecer la realización
efectiva de los derechos humanos de todas las personas”.
En
consecuencia, las recomendaciones son: adoptar una política pública de
protección integral que incluya un enfoque diferenciado sobre personas
defensoras indígenas, mujeres, LGBTIQ, periodistas y operadores de
justica; prevenir ataques contra las personas defensoras; desarrollar
una política integral de protección de la vida e integridad; combatir la
impunidad.
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