Brasil de Fato
Hoy
hace tres años que la Cámara de Diputados, comandada por un diputado
condenado por corrupción, aprobó la apertura de un proceso de
impeachment contra mí, sin que hubiera un crimen de responsabilidad que
justificara tal decisión. Aquella votación en sesión plenaria fue uno de
los momentos más infames de la historia brasileña. Avergonzó a Brasil
ante sí mismo y ante el mundo.
El sistemático sabotaje de mi gobierno fue determinante
para la ruptura de la normalidad institucional. Empezó con pedidos de
recuento de votos, días después de las elecciones de 2014, y con un
pedido de impeachment en marzo del mismo año, a solo tres meses de
gobierno.
La construcción del golpe pasó por el Congreso, los medios,
segmentos del Poder Judicial y el mercado financiero. Compartían los
intereses de los vencidos en las urnas y actuaban en sincronía para
inviabilizar al gobierno.
El principal objetivo del golpe fue la adecuación de Brasil
a la agenda neoliberal que, en cuatro elecciones presidenciales había
sido derrotada en las urnas. Por lo tanto, una de las primeras acciones
de los interesados en el golpe fue la formación de una oposición salvaje
en el Congreso. Su objetivo era impedir al gobierno recién electo
gobernar, creando una grave crisis fiscal. Para ello, echaron mano de
asuntos bomba que aumentaban gastos y reducían ingresos. También
impidieron sistemáticamente la aprobación de proyectos cruciales para la
estabilidad económica del país. Y durante los primeros seis de
gobierno, presentaron 15 pedidos de impeachment.
El año 2015 adquirió el cuerpo esa oposición que actuaba
bajo [la lógica] “cuanto peor, mejor” que, insensible ante las graves
consecuencias de su acción para con el pueblo y el país, impedía
realizar nuevas inversiones privadas y públicas, al imponer la
inestabilidad como norma. Una crisis política de esta dimensión paralizó
y lanzó al país a una recesión.
Fue ese verdadero sabotaje interno que hizo prácticamente
imposible, en aquel momento, atenuar en Brasil los efectos de la crisis
mundial caracterizada por la caída en el precio de las commodities,
reducción del crecimiento en China, alza del dólar debido al fin de la
expansión monetaria practicada por EE.UU. y en el interior del país, por
los efectos de la sequía en el precio de la electricidad.
El golpe fue el episodio inaugural de un proceso devastador
que ya dura tres años. Contó, para su desenlace y actos subsecuentes,
con la estratégica contribución del sistema punitivista de justicia, la
Lava Jato, que bajo el argumento de atacar a la corrupción, lastimó la
Constitución de 1988, golpeando al Estado Democrático de Derecho e
imponiendo la justicia del enemigo como regla.
La relación medios-Lava Jato posibilitó que la prensa se
convirtiera en la 4ª instancia del Poder Judicial, tratando de condenar
sin derecho de defensa. La lógica política de esa relación está enfocada
en la destrucción y criminalización del PT - en especial, de Lula - y,
para ello, se utilizaron filtraciones en vísperas de las elecciones,
delaciones sin pruebas, irrespeto al debido proceso legal y al derecho
de defensa.
El efecto colateral de esta trama fue la destrucción de los
partidos de centro y de centro derecha, que se sometieron a la
tentación golpista. Fue lo que permitió la limpieza del terreno
partidario tan necesaria para hacer crecer con fuerza a la ultraderecha
bolsonarista como una planta solitaria en las elecciones de 2018. Sin
embargo, el arma final y decisiva fue la condena, la prisión y la
interdicción de la postulación de Lula a la presidencia a fin de
garantizar la elección de Bolsonaro. La ida del juez Sergio Moro al
Ministerio de Justicia es la constrictiva prueba de ese dispositivo.
Por ello, lo que ocurrió hace tres años explica y es la
causa de lo que está pasando hoy. Hay razones más que suficientes para
que la historia inscriba al 17 de abril de 2016 como el día de la
infamia. Fue cuando se desencadenó el desastre; se desencadenó al
bloquear los proyectos de los gobiernos del Partido de los
Trabajadores que habían mejorado la vida de decenas de miles de personas
pobres, que pasaron a ser ciudadanas, con derechos y acceso a servicios
públicos, al empleo formal, ingresos, educación para sus hijos, salud,
vivienda y medicinas. Se interrumpieron programas estratégicos para la
defensa de la soberanía y para el desarrollo nacional, proyectos que
colocaron a Brasil entre las seis naciones más ricas del mundo y sacaron
al país del vergonzoso mapa del hambre de la ONU.
El golpe resultó en una calamidad económica y social sin
precedentes para Brasil y, enseguida, en la elección de Bolsonaro.
Derechos históricos del pueblo que se están aniquilando. Avances
civilizatorios conquistados en el periodo democrático que sucedió a la
dictadura militar están siendo arruinados. Conquistas fundamentales
garantizadas en los gobiernos del PT fueron revocadas. Este proceso se
radicalizó en un gobierno agresivamente neoliberal en la economía y
perversamente neofascista.
El gobierno de Bolsonaro sigue apoyándose en la gran
mentira mediática que fundamentó el golpe: la de que Brasil estaba roto
cuando los golpistas de Temer asumieron el gobierno. Esta falsificación
de los hechos que siguen alardeando los medios, utilizada retorcidamente
para justificar una recuperación que nunca llegó y empleos que nunca
volvieron. Ni vendrán mientras dure la agenda neoliberal. La verdad es
que Brasil ni siquiera estuvo a punto de quebrar durante mi gobierno.
Un país solo está quebrado cuando no puede pagar sus deudas
internacionales. Ello, por ejemplo, ocurrió en el gobierno de FHC
[Fernando Henrique Cardoso], cuando Brasil tuvo que recurrir al FMI para
enfrentar su endeudamiento externo y su falta de reservas. En 2005, el
presidente Lula liquidó totalmente nuestra deuda con el FMI y, después
de eso, nuestras reservas aumentaron y alcanzaron 380.000 millones de
dólares, convirtiéndonos en prestamistas internacionales.
Una situación muy diferente de lo que pasa hoy,
lamentablemente, en la Argentina de Macri, sometida una vez más a las
absurdas exigencias del FMI.
Los medios, a su vez, no dejaron de construir la leyenda de
que el gobierno federal estaba quebrado y los gastos públicos
desenfrenados. Solo tendría sentido decir que el gobierno federal estaba
quebrado si no pudiera pagar sus propias cuentas con tributos o al
contraer deudas. Eso no pasó en mi gobierno.
Brasil continuó recaudando tributos y contrayendo deuda, manteniendo su capacidad de pagar sus propias cuentas.
Cabe recordar que la deuda pública siguió en caída todos
los años, desde 2003, y alcanzó el menor nivel histórico, al comienzo de
2014, antes del “cuanto peor mejor”, de los tucanes [como se conoce a
los integrantes del Partido de la Socialdemocracia Brasileña - PSDB] y
los demás golpistas. Pero en 2015, la deuda pública subió. Aun con la
subida, la deuda siguió abajo de los niveles registrados en las mayores
economías desarrollados y en desarrollo. El problema nunca ha sido el
tamaño de la deuda. Pero sí, su coste, que permanece entre los más altos
del mundo debido a las tasas de interés y de los diferenciales
[spreads] abusivos practicados en Brasil. Lo que explica, además, sus
ganancias estratosféricas, aún cuando el país vive una crisis.
Los medios insisten, hasta hoy, en decir que mi gobierno
perdió el control sobre los gastos, lo que tampoco es verdad. El hecho
es que la recaudación cayó más rápido que los gastos. Los gastos
crecieron, pero no en función del aumento del pago de los funcionarios,
que permaneció constante. Es importante resaltar que lo que creció fue
el valor de las transferencias sociales – como Bolsa Familia y
jubilación – lo que creció fue la oferta de servicios a los
ciudadanos, en especial salud y educación. Todos esos gastos son
fundamentales para corregir injusticias históricas, reducir
desigualdades sociales y desarrollar al país.
La verdad es que los gastos del gobierno nunca estuvieron
descontrolados. Al contrario, hasta cayeron en términos reales. Lo que
hubo fue una rápida reducción de los ingresos, debido a la parálisis que
un proceso de impeachment provoca en los inversionistas, que pasaron a
no tener seguridad para crear nuevos negocios, abrir nuevas plantas y
ampliar inversiones, deprimiendo así la economía y la recaudación.
El gobierno Bolsonaro está ampliando un legado de
retrocesos del gobierno Temer, manteniendo y hasta profundizando la
absurda enmienda del techo de gastos, que reduce las inversiones en
educación y en salud; la reforma laboral, que abrió las puertas para la
explotación más brutal y para la indulgencia con el trabajo análogo a la
esclavitud; la venta de bloques del Pre-sal; la reducción del Bolsa
Familia; la extinción para los más pobres del [programa] Mi Casa Mi Vida
y del Aqui Hay Farmacia Popular y la reducción del [programa] Más
Médicos; la destrucción de los principales programas educativos y la
dilapidación de la Amazonía y del medio ambiente.
Culmina, ahora, con el intento de privatización
(capitalización individual) de las Pensiones, con la enmienda 06,
artículo 201—A, y la retirada de las reglas de las pensiones de la
Constitución, con el artículo 201, lo que permitiría cambios legales,
que no exigen tres quintos del Congreso para su aprobación. Los cambios
que el gobierno quiere hacer refuerzan los privilegios de unos pocos y
sacrifican a los jubilados de bajos ingresos, a las mujeres, a los
trabajadores rurales y urbanos, así como a aquellos que reciben el
Beneficio de Prestación Continua (BPC).
Del “cuanto peor, mejor” a la prisión de Lula, del día 17
de abril de 2016 – día de la aceptación del impeachment por la Cámara,
al día 7 de abril de 2018 – día de la prisión de Lula, se pavimentó el
camino hacia el Estado de excepción y las mentiras y falsedades de los
medios tuvieron un papel fundamental.
Incluso los que se oponen a Lula, pero aprecian la
democracia, se avergüenzan con el escándalo de su prisión y condena
ilegal, y ya percibieron que es un prisionero político. Un inocente
condenado sin crimen, y por eso sin pruebas.
Lula sintetiza la lucha por la democracia en nuestro país.
Luchar por su libertad plena significa enfrentar al aparato neofascista –
militar, judicial y mediático – que está destruyendo la democracia.
Lula es la voz de la resistencia y carga el estandarte de la lucha
democrática. Incluso preso, es el mayor enemigo del neofascismo que nos
amenaza.
Lula le mostró al pueblo brasileño, en cada gesto suyo que
se tornó público, que es posible resistir incluso en las peores
condiciones, su fuerza moral nos fortalece, su garra nos anima, su
integridad nos hace luchar por su libertad, que representa también las
libertades democráticas de todos los brasileños.
Lula está del lado correcto de la historia. #LulaLibre.
Traducción: Luiza Mançano, para Brasil de Fato.
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