Guatemala
Desde 2017 se observa
con mayor claridad un bloque de fuerzas que aglutina a militares,
políticos y empresarios —llamado Pacto de Corruptos—, el cual avanza en
sus afanes de mantenerse en el control del Estado y en la impunidad.
Ese
bloque de poder, además de controlar el Ejecutivo y el Legislativo, ha
tenido la capacidad de copar las más importantes instituciones del
Estado (el Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal
Supremo Electoral y, recientemente, la Contraloría General de Cuentas) o
de garantizarse en ellas decisiones en función de sus intereses. Si
avanzan en su dominio de la Corte de Constitucionalidad, cerrarán las
posibilidades para su relevo. Muy probablemente se consolidarán como
bloque de poder y harán retroceder aún más al país al instaurar una
agenda gubernamental, legislativa y judicial en función de sus intereses
de enriquecimiento, acumulación e impunidad.
En el ámbito de la
contienda electoral es evidente que las fuerzas que integran dicho
bloque compiten utilizando una diversidad de partidos políticos, entre
los cuales sobresalen las candidaturas de Zury Ríos, Alejandro
Giammattei, Roberto Arzú, Mario Estrada, Fredy Cabrera, Estuardo
Galdámez y Julio Estrada, entre otros. Esto responde a intereses
particulares y a contradicciones secundarias que los llevan a competir
por posicionarse como la principal fuerza electoral del bloque de poder.
Tal fraccionamiento no impide su articulación en torno a las políticas
que comparten y muy probablemente no impedirá su alianza alrededor de la
candidatura que finalmente represente la mejor posibilidad para ganar
la elección y mantenerse en el control de las principales instituciones
del Estado.
En el ámbito económico han venido compartiendo una
agenda que les ha garantizado mayores niveles de enriquecimiento y
acumulación de capital, por ejemplo el control de los presupuestos, las
inversiones y las obras públicas; la contención del aumento al salario
mínimo, y la garantía de ventajas y privilegios fiscales, como sucedió
recientemente con el sector cafetalero, que logró este tipo de
beneficios con la justificación recurrente de la disminución de los
precios del café.
En el ámbito político comparten una agenda de
control de segmentos de la oposición política, de represión contra la
protesta social, que representa resistencia a proyectos extractivos, y
de confrontación parcial con Estados Unidos, en particular en materia de
justicia e impunidad. En torno a la competencia electoral, esta agenda
se desarrolla en dirección a la judicialización de candidaturas como la
de Thelma Aldana, del partido Semilla, uno de sus principales
contendientes electorales. Aldana, una candidata de derecha, representa
la figura que atentó contra dicho bloque de poder desde su gestión en el
Ministerio Público, que abandera una agenda contra la impunidad y la
corrupción y que goza del apoyo privilegiado de la embajada
estadounidense en sus planes para Guatemala. Otra de esas candidaturas
es la de Sandra Torres, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE),
quien, no obstante su cercanía al bloque de poder porque representa la
reproducción del modelo económico y comparte objetivos de impunidad por
su interés de evitar su procesamiento por financiamiento electoral
ilícito, representa una fuerza que les disputará el control de la cosa
pública. En caso de que Aldana o Torres ganara la elección, esto
representaría una recomposición de fuerzas en la dirección del Estado y,
por consiguiente, en los matices que adquiriría durante los siguientes
cuatro años el actual modelo de enriquecimiento y de acumulación de
capital.
En esta disputa, no obstante, penden de un hilo legal
las tres candidaturas que encabezan las encuestas. En este sentido, de
prosperar el impedimento legal a la participación de Zury Ríos, del
partido Valor, muy probablemente se registre una importante
recomposición de fuerzas en torno al proceso electoral en el bloque de
poder que actualmente controla el Estado. De proceder el impedimento
contra Torres, muy probablemente la UNE, con su capacidad organizativa y
financiera, logre una bancada numerosa, con la cual tendría condiciones
de negociación favorables. Y Semilla, por su parte, es probable que sin
candidata presidencial obtenga una bancada respetable, pero de entrada
dividida entre un grupo conservador devenido de la plataforma de Aldana y
uno progresista devenido de la organización partidaria.
Así las
cosas, la disputa entre las derechas sigue en ciernes y se dilucidará en
una contienda electoral en la cual son hegemónicas.
Blog del autor: www.plazapublica.com.gt
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