Guatemala
No es acuerdo si
excluye demandas medulares de la población, como la cancelación de los
proyectos hidroeléctricos. No construye paz, al negociarse en
condiciones de militarización y persecución de dirigentes comunitarios.
No es desarrollo, porque legitima proyectos cuya finalidad principal es
la generación de beneficios, aún a costa del deterioro del medio
ambiente y la división social.
El Acuerdo para la Paz y el
Desarrollo en San Mateo Ixtatán, negociado y rubricado entre empresa, 23
representantes comunitarios, Alcalde, Ministerio de Ambiente y Recursos
Naturales, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, y
mediadores de la Iglesia Católica, es presentado como un modelo de
negociación y consenso "público, privado y comunitario", un parteaguas
hacia la reducción de la conflictividad que generan los megaproyectos.
En la práctica, el Acuerdo -y el esquema seguido para alcanzar el
mismo- se construyó bajo criterios de unilateralidad, monólogo e
imposición. Por estas razones fundamentales:
1. Exclusión de la consulta previa
El Acuerdo ignoró la consulta comunitaria realizada el 21 de mayo de
2009 en el municipio de San Mateo Ixtatán. En esta consulta, 25 mil 646
personas rechazaron proyectos extractivos. Asimismo, desconoció la
obligatoriedad de realizar consulta, antes del inicio de cualquier
proyecto de desarrollo empresarial o estatal. La consulta a posteriori,
cuando el proyecto ya está en marcha, o un Acuerdo que no es consulta
pero quiera pasar por tal, elimina la libre determinación de las
comunidades. Así, los promotores del dialogo en Ixtatán priorizaron el
derecho de inversión sobre la decisión comunitaria.
2. Diálogo con alcances limitados
El Acuerdo partió de dos sofismas, que condicionaron su alcance:
1) La hidroeléctrica trae desarrollo, por lo que el diálogo se redujo a generar condiciones para la permanencia de la empresa.
2) El problema no es la hidroeléctrica, sino la falta de la presencia del Estado,
por lo que no se consideraron las denuncias de destrucción ambiental y
de los ciclos de vida, y la afectación de la convivencia comunitaria,
desde la llegada de los proyectos a la región.
La mesa de
diálogo no tuvo en cuenta las responsabilidades compartidas de empresa y
Estado, y por tanto no consideró la cancelación del proyecto y la
negociación de las condiciones de retirada de la empresa .
La inobservancia de las (malas) prácticas empresariales (entre otras, l a
certeza jurídica acerca la tenencia de la tierra, la ausencia de
aprobación de los estudios de cambio del uso del suelo, el tráfico de
influencias, ACOGUATE), derivó en la a utoexclusión de representantes comunitarios.
Acoguate. Microregión de Ixquisis, un escenario de violaciones de derechos humanos. https://acoguate.org/tag/
3. La pistola que apunta a la sien
Desde el inicio de los proyectos hidroeléctricos, se incrementó la
presencia militar y policial. Según investigación de ACOGUATE, desde
el año 2014 la subestación No. 43-73 de la Policía Nacional Civil (PNC) y
el destacamento militar “Ixquisis Frontera”, están instalados en el
terreno privado de la empresa, con la justificación de restaurar la
orden y la paz después de una quema de maquinarias ocurrido en mayo de
2014. Se han reactivado redes de Patrullas de Autodefensa Civil, junto a
la presencia de la seguridad de la empresa.
Durante estos
años, se han producido asesinatos de opositores, como el caso de
Sebastián Juan Alonso, ocurrido el 17 de enero de 2017, sin que la
responsabilidad haya sido deducida. El pasado mes de octubre se detecto
la presencia de más de 300 efectivos militares y policiales, actuando a
favor de los intereses de la empresa. En 2017, el Colectivo Resistencia
Pacífica, integrado por más de 12 comunidades, reportó 75 ataques:
acoso, violación sexual, tiroteos, asesinato y difamación, según
información recogida por Paula Irene del Cid Vargas en el artículo
Solidaridad con el territorio y el pueblo de Ixquisis.
El tiempo del diálogo estuvo acompañado de campañas de criminalización,
en la que los dirigentes opositores fueron calificados de radicales, promotores de la conflictividad, extorsionadores, violentos.
Un diálogo bajo este esquema equivale a decir: si te sentás con
nosotros y firmás lo que te proponemos, está bien. Si no, estás fuera de
la ley y te podés ir preso.
Acuerdos en el vacío
En la práctica el diálogo se realizó para responder a esta pregunta: ¿qué hacemos para lograr que la empresa se quede?
Las comunidades opuestas al proyecto quieren dialogar y llegar a acuerdos sobre otros puntos: ¿A
quién beneficia la hidroeléctrica? ¿Qué aporta y qué destruye? ¿A
partir de qué otros medios podemos obtener energía? ¿Cómo conseguimos
que el Estado cumpla su función constitucional de garantizar el bien
común, sin condicionarlo a la presencia de proyectos extractivos? ¿Qué es desarrollo para la empresa y qué para las comunidades?
Cualquier acuerdo que no investigue las violaciones de derechos
humanos, los asesinatos, la criminalización, las formas en que la
empresa y las instituciones estatales negociaron el otorgamiento de
permisos y licencia; cualquier diálogo sin una agenda amplia que incluya
la exploración de alternativas a la presencia de las empresas en los
territorios; cualquier decisión sin consulta previa con toda la
población, cae en el vacío.
El Acuerdo para la paz y el
desarrollo en San Mateo Ixtatán es bueno para la empresa y los actores
de poder que dialogan con sí mismos. Pero carece de legitimidad
comunitaria y, por tanto, de viabilidad.
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