¿Hacia dónde va el Ecuador de Lenín Moreno?
Nueva Sociedad
| Ecuador no atraviesa su mejor momento económico. La crisis persistente se ha combinado con la inacción política y con un retorno a medidas que muchos imaginaban como parte del pasado. Todo parece indicar que la deuda externa seguirá creciendo y la dolarización se sostendrá de forma artificial. Ante este complejo futuro, las izquierdas y los movimientos sociales tienen la urgente responsabilidad de reinventarse |
La supervivencia política primero
Desde fines de 2014 el Ecuador ha vivido años complejos en lo
económico, en lo político y en otras dimensiones sociales. Si bien la
situación no es tan vertiginosa como en otros rincones latinoamericanos,
el país andino acumula serios problemas que pudieron enfrentarse, y en
algunos casos hasta superarse, durante la década correísta (incluso
problemas de tipo estructural). Sin embargo, luego de discursos
progresistas, bonanzas idas y corrupciones galopantes, Ecuador sigue
siendo «un país incierto que no cambió».
Frente a la herencia
correísta de «no-cambio», el gobierno de Lenín Moreno arrancó con una
fuerte fragilidad política: en un inicio quedó oscurecido por un posible
fraude electoral denunciado por el opositor Guillermo Lasso; luego la
disputa entre correísmo y «morenismo» entrampó al gobierno (aunque
manteniendo alianzas estratégicas en puntos clave). Al parecer, la
necesidad de Moreno de legitimarse luego de las elecciones, a más de
ganar espacios políticos al correísmo, hizo que ubique los problemas
económicos en segundo plano. Así, la supervivencia política del gobierno
fue lo que primó en su primer año de gestión. Como resultado, la
política económica se ha mantenido sin rumbo, al principio con dos
obtusas mezclas progresistas-neoliberales (cada una con sus respectivos
matices). Solo en su segundo año de gobierno, el panorama se aclaró y el
neoliberalismo clásico vuelve a asomar, aunque este retorno ya se venía
sembrando en los últimos años de Rafael Correa.
En este
complejo escenario, la «no-transformación» correísta aparece como una
cruz que acompañará a Ecuador por años, mientras que el «morenismo»
parece haber llegado solo para sobrevivir y cerrar la pinza neoliberal.
Mientras, el tiempo sigue avanzando -y se lo sigue desperdiciando- la
estructura económica ecuatoriana vive una crisis persistente ante la
cual no parece tener la capacidad de reponerse.
Shocks, crisis persistente y estructuras intactas
Entre 2007-2014 el PIB ecuatoriano creció a una tasa promedio anual de
4% (2,5% en términos per cápita). Es decir, hubo un crecimiento
relevante de la producción -aunque inferior a otras épocas de expansión,
como los años 70- y de los ingresos, que incluso motivó a que el
correísmo construya la imagen del Ecuador como la de un «milagro
económico», un «jaguar latinoamericano», entre otras estridencias y
desvaríos.
Sin embargo, desde 2015 el «jaguar» se pondría a
prueba frente a dos importantes shocks externos: la caída de los precios
de los commodities que, entre junio de 2014 y febrero de 2016, hizo que
el precio del crudo ecuatoriano caiga de 100 a 22 dólares por barril; y
la apreciación del dólar que, para el mismo período, implicó el paso de
una cotización de 1,36 a 1,11 dólares por euro (apreciación de 22,6%).
Ambos shocks golpearon a las exportaciones petroleras y no petroleras:
tomando como base el año 2014, de 2015 a 2017 ambas exportaciones
cayeron en un promedio anual de casi 7 mil millones de dólares (7% del
PIB), y 710 millones (0,7% del PIB) respectivamente. Por si eso no
bastara, el terremoto del 16 de abril de 2016 dejó una contracción
-oficial- de -0,7% del PIB y, sobre todo, la tragedia de más de 600
fallecidos.
Si bien los shocks fueron graves, su principal
efecto fue el «desnudar al jaguar» y develar que las estridencias
correístas eran propaganda. Así, en 2016, el PIB cayó en un 1,58% (-3,1%
per cápita). Luego, en 2017 y ya con el gobierno de Moreno en
funciones, los datos hablan de una recuperación de 3% (1,5% per cápita),
pero en términos absolutos lo que se ve es un estancamiento: a fines de
2017 el PIB per cápita llegó a 6.143 dólares anuales por persona,
cuando en 2014 fue de 6.347 dólares. Es decir, Ecuador «perdió» tres
años de ingresos. A eso se agrega que las expectativas no son
alentadoras, como muestra la persistente caída de la inversión: mientras
que en 2014 ésta representó 26,6% del PIB, para 2017 su peso cayó a
22,4%, la proporción más baja vista desde 2010.
Mientras que
producción e inversión se estancan, el mal de la deuda ha contraatacado.
Ya en los últimos años del correísmo la deuda pública creció
drásticamente de 10 mil millones de dólares en junio de 2009 a 43 mil
millones en marzo de 2017 (aumento de 7 a 26 mil millones en el caso de
la deuda externa), echando por la borda la auditoría a la deuda hecha en
2008. En definitiva, el correísmo se endeudó drásticamente, incluso
superando el límite legal de endeudamiento del 40% del PIB. De hecho, se
ha acusado penalmente a Correa y a su equipo de romper la ley
distorsionando la contabilidad de la deuda para no rebasar el límite
legal de endeudamiento. Aunque la legalidad se encuentra en disputa, la
cuestión es obtusa pues si el correísmo excedió el límite legal de
endeudamiento, el «morenismo» acentuó las cosas: en apenas un año de
gobierno, la deuda creció en 6 mil millones de dólares netos llegando,
en abril de 2018, a casi 49 mil millones (34 mil millones de deuda
externa). Igualmente, el servicio de la deuda va creciendo, pasando de
1.287 millones de dólares a 9.463 millones entre 2009 y 2017. Y a ese
saldo aún debe sumarse las «preventas petroleras» negociadas con China y
otras deudas que sumarían hasta 10 mil millones adicionales.
En
términos más cotidianos, el empleo y los precios son claros indicadores
de que la recuperación aún es muy lejana. En el primer caso hay un
claro deterioro en el «empleo adecuado», cuyo peso en la población
económicamente activa (PEA) cayó de 49,3% a 42,3% entre 2014-2017 (caída
acompañada de una reducción del ingreso laboral medio de -3,1% en
términos reales). En el segundo caso, en 2017 Ecuador vivió una inusual
caída del índice de precios al consumidor de -0,2% (deflación),
denotando una contracción de demanda que podría estar atada hasta al
mismo estancamiento de ingresos laborales.
En particular, una
deflación en dolarización hace pensar en la posibilidad de que los
shocks externos han disminuido el circulante, reduciendo la dinámica
económica especialmente en aquellas actividades informales que se mueven
fundamentalmente con dinero líquido (y que en Ecuador podrían englobar a
un 45% de empleados). Esta situación de potencial contracción de
liquidez es preocupante más aún si se ve que los dólares ingresados vía
endeudamiento externo han sido insuficientes para evitar que, en 2017,
la balanza de pagos refleje una salida neta de -1.859 millones de
dólares. Una salida explicable -entre otros factores- por el propio
aumento del servicio de la deuda externa.
Las caídas en
producción, inversión, empleo y precios a más de la expulsión de dólares
reflejada en la balanza de pagos indican que la estructura económica
ecuatoriana no ha logrado reponerse de los shocks vividos desde 2015. Y
tal incapacidad parece tener un origen estructural, más cuando se ve que
ni el moderado aumento del precio del crudo ecuatoriano a 55 dólares
por barril en abril de 2018 ha brindado los recursos suficientes para
evitar que, en el mismo mes, se registre una inflación negativa de
-0,14% (a la vez que en marzo de 2018 el empleo adecuado se ubicó en
41,1% de la Población Económicamente Activa).
¿Por qué la
persistencia de la crisis, aún con la ligera mejora de los precios del
petróleo? Quizá la principal razón se encuentre en los problemas
estructurales de la economía ecuatoriana, sobresaliendo dos: un
estancamiento industrial, reflejado en el peso casi inalterado de la
manufactura en el PIB (pasando de 11,9% a 11,5% entre 2007-2017); así
como una tendencia a la reprimarización exportadora, reflejada en un
aumento del peso de los productos primarios en el total de exportaciones
(pasando de 74% a 77%). Ambos problemas (junto con muchos otros que en
su momento han sido analizados) dan cuenta de una estructura económica
inalterada (como ejemplo se tiene la estafa de la «transformación de la
matriz productiva»), internamente débil, vulnerable a los shocks y en
extremo dependiente de los flujos externos de dólares para sobrevivir
casi mes a mes (como lo ha admitido gente del propio gobierno de
Moreno).
Otra estructura intacta en extremo relevante es la
elevada concentración y centralización del capital, en beneficio de
importantes grupos económicos. Una muestra: entre 2010-2016 el índice de
Gini de distribución de activos entre compañías se ha mantenido
estancado en 0,92 puntos. Igual de elevada se mantiene la concentración
de la tierra y el agua. De hecho, varios grupos -como por ejemplo Eljuri
o Nobis- obtuvieron millonarias utilidades en el correísmo, pagaron un
mínimo de impuestos (apenas 2,3% de sus ingresos totales se destinaron
al impuesto a la renta en 2016) y, hasta han ubicado representantes
directos dentro del gabinete de Moreno.
Es justo desde este
último problema estructural -el fuerte lazo entre el poder político y el
poder de grandes grupos económicos oligopólicos- que emergen las
dificultades para construir alternativas de transformación que den al
país mayor fortaleza interna frente a shocks externos. Solo basta pensar
en que ningún grupo económico deseará cambiar las estructuras cuando
éstas le brindan elevados niveles de concentración (por ejemplo, hay
empresas que dominan más del 70% del mercado de varias actividades
manufactureras, así como apenas un banco que concentra alrededor del 30%
de los depósitos y los créditos, por mencionar apenas dos ejemplos
[(1).
A la final estos grupos siguen siendo quienes definen, en
el fondo, gran parte de la política económica del gobierno de turno en
el país. Y es desde ahí que se puede entender al primer año del gobierno
de Moreno como un año en donde los grupos dominantes se han reacomodado
(ver, por ejemplo, la breve decaída del grupo Eljuri y el ascenso de
Nobis) a fin de continuar con su consolidación. La diferencia quizá sea
que, mientras con Correa tales grupos se consolidaban tras la sombra de
un falso discurso «socialista», la falta de norte de Moreno les ha dado
la chance de volverse protagónicos en una política económica que no
tenía rumbo, pero que ya se perfila claramente hacia un nuevo
neoliberalismo.
¿Hacia un nuevo Consenso de Washington?
En un primer momento, que quedó recogido en el «plan económico»
presentado por Moreno en octubre de 2017, se plantearon algunas medidas
llamativas de corte progresista, aunque insuficientes para enfrentar los
problemas estructurales antes mencionados; plan a ratos con claros
indicios neoliberales. Entre los puntos a destacar de dicho plan están:
-Incentivar la creación de empleo reduciendo los tributos a pequeñas
empresas y promoviendo nuevas formas de contratación laboral (entiéndase
flexibilización).
-Sustentabilidad de cuentas fiscales
reduciendo el déficit fiscal y generando una austeridad reduciendo en
10% el sueldo de los servidores públicos que más ganan, a más de reducir
los gastos en viáticos, vehículos de lujo entre otros gastos varios.
-Reformas tributarias como el incremento del impuesto a la renta a
grandes empresas, incremento de impuestos a quienes ganen más de 3 mil
dólares mensuales y uso de tarifas arancelarias generalizadas para
contener las importaciones.
-Cambio del manejo monetario por
medio de la entrega del dinero electrónico a la banca privada y la
obligación a las personas naturales o jurídicas que realicen actividades
económicas a aceptar el dinero electrónico como medio de pago.
-Ajuste tributario racionalizando beneficios tributarios, perdonando
100% de intereses y multas a deudores tributarios y deudores de aportes a
la seguridad social -sobre todo grandes- a cambio de que paguen sus
deudas en el corto plazo, así como la eliminación del anticipo del
impuesto a la renta para el año 2019.
-Ajuste externo reduciendo
el impuesto a la salida de divisas de forma gradual según cómo avance
la balanza de pagos, así como el aumento de aranceles.
-Incentivos a inversiones especialmente con una serie de exoneraciones tributarias.
-Alianzas público-privadas (entiéndase casi privatizaciones) en
infraestructura, hidrocarburos, energía, minería, telecomunicaciones,
transporte y obras públicas.
-Reducción del gasto público
extendiéndose a eliminación de instituciones públicas, reducción de
asesores, ventas de inmuebles, etc.
-Ratificar las nuevas formas
de contratación laboral según las necesidades de sectores como el
turismo, la agricultura, la pesca entre otros.
-Fomento a la «economía popular y solidaria» sin presentar medidas específicas.
-Incentivos tributarios exonerando el pago del impuesto a la renta por 8
años a las empresas que hagan nuevas inversiones en las ciudades de
Quito y Guayaquil, y por 10 años a quienes inviertan en las demás
ciudades del país.
-Ratificación de varias de las propuestas de
abril, especialmente en lo que refiere a la eliminación de impuestos y
condonación de intereses y multas a deudores del Estado.
-Créditos para la economía popular y solidaria, en beneficio de 250.000 personas.
Claramente esta primera propuesta denotó una disputa entre medidas de
apoyo a pequeñas empresas, aumento de impuestos a grandes empresas y a
quienes más ganan (propuestas tibias, pero con el potencial de abrir
campo a nuevas políticas realmente redistributivas), y medidas
neoliberales como la flexibilización laboral o la entrega del dinero
electrónico a la banca privada (cuando ya había propuestas -para el
debate- donde el dinero electrónico podía contribuir a la reactivación
económica desde lo público). Asimismo, se vieron medidas insuficientes
como la «austeridad fiscal», la cual se enfocó en seguir reduciendo la
inversión pública (cosa que ya venía haciendo el correísmo), sin
cuestionar el gasto corriente en salarios y subsidios mal direccionados
(que nunca fueron redistributivos).
A pesar de que este primer
intento no fue totalmente progresista, recibió un sinfín de críticas por
parte de los representantes de los grandes grupos económicos, las
cámaras de comercio, los grandes medios de comunicación del país y hasta
de sectores sindicales (por la flexibilización laboral). Ante toda esa
presión, en un segundo momento, el gobierno de Moreno empezó a borrar lo
poco de progresismo que le quedaba y tomar posición por un bando
específico que le ayude a sostenerse en el poder.
Así, en abril
de 2018, Moreno hizo pública su segunda propuesta de plan económico.
Esta vez se plantearon cuatro ejes, altamente concentrados en la
estabilización fiscal y las inversiones: estabilidad y equilibrio
fiscal, reestructuración y optimización del Estado, equilibrio externo y
sostenibilidad de la dolarización, reactivación productiva. A la par
con estos ejes, se presentaron varias políticas específicas, entre las
cuales destacan:
En esta versión de plan, recibida con mayor
agrado por los grupos dominantes, fue clara la intención de Moreno de
conciliar con éstos. Ya no se habló de aumento de impuestos a las
grandes empresas, ni del énfasis al apoyo a las empresas pequeñas. Ahora
la mayor concentración se dio en el ajuste fiscal, así como en las
facilidades para la llegada de inversión privada, así sea con la entrega
de recursos naturales y la exacerbación extractivista (neoliberalismo
puro y duro). Este giro de Moreno se aderezó con la mención, casi
simbólica, de la «economía popular y solidaria» sin ninguna política
concreta.
Aunque esta versión del plan ya parecía definitiva, el
abrupto cambio de dirección en el ministerio de Economía y Finanzas
-ubicándose como timonel a un expresidente del Comité Empresarial
Ecuatoriano- hizo que las cosas cambien otra vez. Así, el manejo
económico de Moreno llegó a un tercer momento que inició el 24 de mayo
de 2018.
Si bien aún es prematuro analizar las medidas concretas
que el «morenismo» tome una vez que ha entregado el manejo de la
economía y las finanzas a un exrepresentante del empresariado
ecuatoriano, algunas ideas ya quedaron planteadas en el discurso que
Moreno dio al cumplirse un año de su gobierno. Entre esas ideas se puede
hablar de:
Claramente, en el último anuncio de Moreno se
destaca la exoneración tributaria diametralmente opuesta al incremento
de impuestos propuesto en octubre de 2017. Pero, sobre todo, destaca la
intención de radicalizar el enfoque neoliberal del «rata plan»
presentado en abril. Plan que será aplicado con un ministro de economía
representante del empresariado, además de un ministro de comercio
exterior que mantiene vínculos familiares con Isabel Noboa (mandamás del
grupo Nobis) y que va ganando protagonismo en la definición de la
política económica del país.
A la par que se define quiénes
manejarán la política económica en el corto plazo, también se aclara que
la deuda externa seguirá siendo el salvavidas de Moreno. De hecho, el
flamante ministro de economía ha reconocido la necesidad de seguirse
endeudando. Es más, propondría la eliminación del techo legal a la
deuda, que sería reemplazado por «reglas macro-fiscales» que estarían
por definirse. Asimismo, ha indicado que se podría realizar un
acercamiento al Fondo Monetario Internacional para «reperfilar» la deuda
ecuatoriana y que no es el momento de «estigmatizar a los organismos
multilaterales».
Sin duda esas últimas palabras podrían tomarse
como señal del completo regreso de Ecuador al Consenso de Washington, un
regreso que -reiteremos- fue enrumbado por el propio correísmo.
Desde fines de 2014, Ecuador ha vivido años complejos. Entre la crisis
persistente y la falta de rumbo de Moreno ya se ha «matado» el primer
año de un gobierno que pudo recuperar lo positivo del progresismo -que
lo hay- y desterrar la peor herencia del correísmo. Por ahora, la gente
que sufre la crisis en carne y hueso seguirá aguantando las
consecuencias de la «no-transformación» desde la informalidad y con
ingresos laborales estancados. Mientras, la deuda externa seguirá
creciendo y la dolarización se sostendrá de forma artificial, al menos
hasta que la deflación no haga estallar la situación. Ante este complejo
futuro, las izquierdas y los movimientos sociales tienen la urgente
responsabilidad de reinventarse para hacer frente al retorno de un nuevo
neoliberalismo.
John Cajas Guijarro es economista. Se
desempeña como profesor de la Universidad Central del Ecuador.
Actualmente, cursa estudios de doctorado en economía en FLACSO-Ecuador.
Todos los datos presentados en este trabajo corresponden a cifras
oficiales (especialmente del Banco Central del Ecuador, del Instituto
Nacional de Estadísticas y Censos entre otras).
Nota
1) Sobre este tema se puede ver los resultados recogidos en el capítulo
5 del libro de Alberto Acosta y John Cajas Guijarro (2018): Una década
desperdiciada. Las sombras del correísmo. Quito: Centro Andino de Acción
Popular.
Fuente: http://nuso.org/
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