El Salto
Una veintena de jóvenes asesinados, más de cuarenta desaparecidos y
cientos de personas heridas son las víctimas reportadas por las
protestas de estudiantes y pensionistas que desde hace cuatro días son
reprimidas en Nicaragua por la Policía Nacional y las Juventudes
Sandinistas. El presidente del país, Daniel Ortega, no ha expresado sus
condolencias a la población, inhibe al Gobierno de responsabilidad y
culpa a las redes sociales de incitar a la violencia.
Diecisiete
asesinadas, más de cuarenta desaparecidas y cientos de personas heridas
son, según fuentes extraoficiales, el resultado de cuatro días de
enfrentamientos entre las fuerzas afines al Gobierno de la República de
Nicaragua —regido por el presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta
Rosario Murillo— y el movimiento estudiantil, firme defensor de una
población pensionista que a su vez le está secundando proporcionándole
víveres, medicinas y hospedaje.
A pesar de que los centros
históricos de las principales ciudades del país centroamericano están
siendo asediados por los antimotines de la Policía Nacional con la
justificación de detener los actos violentos, en la jornada del sábado
múltiples grupos de manifestantes pacíficos se volvieron a convocar. “El
miércoles nos plantamos para exigir el cese de las reformas al Seguro
Social, pero hoy lo estamos haciendo para revelar todos y cada uno de
los abusos del Gobierno”, señalaba Ingrid, una estudiante de Derecho de
26 años que ayer durante la mañana se manifestó pacíficamente en León
frente al Heodra (Hospital Escuela Óscar Danilo Rosales Argüello), lugar
donde se inició una represión institucional que el Gobierno está
tratando de encubrir con cortes intermitentes de electricidad y mediante
el cese permanente de la televisión por cable en varios puntos del
estado.
Como resultado de la batalla acontecida el viernes, el turístico municipio de León —declarado según la revista Forbes “la ciudad más cool del
mundo” hace apenas una semana— amanecía oliendo a cenizas y envuelto en
un insólito silencio que solo se quiebra en los supermercados de las
afueras y en el centro de la ciudad. En los primeros, decenas de
personas salvaguardan el futuro comprando provisiones: “Vienen porque en
Managua y en Masaya ya se están produciendo saqueos en las tiendas”,
señalaba una cajera de Maxi Palí en el barrio de Laborio, uno de los
supermercados más grandes de León.
Por su parte, en las
principales calles del núcleo arruinadas por los morteros, tiros e
incendios que se sucedieron durante la jornada del viernes, los
propietarios de pequeños restaurantes, farmacias, puestos de comida
ambulante, tiendas de suvenires, librerías, etc., apilaban estanterías
sin desmontar en las traseras de camionetas, echando el cierre a su
sustento de vida “hasta no sabemos cuándo”, señalaba uno de ellos.
Los motivos del caos
El
pasado lunes 16 de abril, el director ejecutivo del INSS (Instituto
Nicaragüense de la Seguridad Social) informaba: “Para seguir brindando
los servicios de salud, para seguir dando las pensiones que tenemos
ahorita, que son dignas, pues entonces vamos a tener que ir ajustando
periódicamente el Seguro Social”. Con estas palabas, Roberto López
advertía algunas de las modificaciones que el reciente Decreto
Presidencial 03-2018 establece sobre el Reglamento de la Ley de la
Seguridad Social de 1982. En concreto, la reforma dicta que “los
pensionados por vejez, invalidez e incapacidad aportarán mensualmente el
5% de la cuantía de sus pensiones para la Rama de Enfermedad y Muerte”,
matizando que el aporte “será descontado por el Instituto al momento
del pago de la pensión, y el Instituto garantizará que reciban servicios
de salud de igual nivel que los asegurados activos”.
Este
Decreto Presidencial (equivalente al Decreto Ley de la legislación
española) presenta asimismo una modificación del Artículo 11, precepto
que regula las cuotas aportadas para las prestaciones por parte de
contratantes y personas empleadas. Mediante la nueva orden, dichas
cuotas serán más altas para ambas partes, una subida que también
atañerá, a partir del 1 de julio de 2018, al régimen especial de
representantes religiosos de cualquier culto.
Oposición representativa
El
decreto, lanzado sin consenso por parte del Gobierno, ha originado la
respuesta de los principales representantes empresariales de Nicaragua:
el COSEP (Consejo Superior de la Empresa Privada) y la AmCham (Cámara de
Comercio Americana de Managua), que ya han convocado una huelga general
prevista para el próximo lunes 23 de abril.
Por su parte, la
Conferencia Episcopal de Nicaragua, parte implicada que despliega un
influjo capital sobre la sociedad nicaragüense, difundió ayer, 20 de
abril, un tajante comunicado: “Exhortamos a las autoridades del país a
escuchar el grito de los jóvenes nicaragüenses y la voz de otros
sectores que se han pronunciado al respecto de las reformas del INSS y
derogar las reformas realizadas […] en el Decreto Presidencial 03-2018.
Una decisión unilateral siempre trae consigo la inestabilidad social.
[…] Reprobamos todo brote de violencia que enfrenta a los hijos de una
misma nación. Las acciones represivas ejecutadas por miembros afines al
Gobierno alteran la paz”.
En su discurso, la institución ha
destacado que “reprimir la libre expresión y la protesta pacífica
manifiesta la decadencia del estado de derecho de una república y la
violencia de la justicia. […] Hay pecados sociales que ningún ser humano
puede ignorar, sino que debe denunciar, sobre todo si se desean
restituir los derechos violentados de los más vulnerables: nuestros
jubilados”. Asimismo, el obispo auxiliar de la Archidiócesis de Managua,
Monseñor Silvio José Báez, se ha posicionado al respecto pidiendo “la
sensatez por el bien del país para evitar peores consecuencias”,
subrayando la necesidad de “derogar la ley de reformas del INSS y abrir
una amplia mesa de negociaciones con técnicos independientes y todos los
sectores”.
Que se rinda tu madre
#NoTenemosMiedo, #QueSeRindaTuMadre, #OcupaINSS o #SOSNicaragua son algunos de los hashtags
que han servido a la población para convocar más de cuarenta protestas
en diferentes puntos del país, una acción que el Gobierno de la
República pareció presagiar hace tres semanas, cuando anunció la
necesidad de censurar las redes sociales “para proteger la seguridad de
la nación”.
Internet sirvió así para que los ciudadanos y las
ciudadanas se autoconvocaran por primera vez el pasado miércoles 18 de
abril en Camino de Oriente, en Managua, donde fueron atacados por turbas
orteguistas que a su vez destruyeron la entrada de la Universidad
Centroamericana (UCA). Como respuesta, el sector universitario de la UCA
reactivó la protesta al día siguiente, y cientos de estudiantes de la
Upoli (Universidad Politécnica de Nicaracua), de la UNI (Universidad
Nacional de Ingeniería) y de la UNA (Universidad Nacional Agraria) se
unieron.
La represión policial a base de bombas lacrimógenas y
balas de goma provocó el asesinato de dos jóvenes de 24 y 16 años. Al
día siguiente, el Gobierno también reportaría el fallecimiento de un
inspector policial de 33 años. La muerte de los dos jóvenes se difundió
con celeridad a través de Twitter y otros canales, y las manifestaciones
se propagaron por casi toda Nicaragua.
A pesar de la expansión
de las protestas, en su discurso de medianoche del pasado jueves 19 de
abril, la vicepresidenta Rosario Murillo restaba importancia al número
de manifestantes y reinterpretaba las razones por las que la gente se
está convocando: “Noticias falsas, y también falsas personas, falsos
seres, falsas conciencias, falsas propuestas… Falsos, falsos, falsos,
así son estos minúsculos grupos alentadores de odio. Menos mal que aquí,
Nicaragua entera se une y reclama, retoma esa Paz que tanto nos ha
costado, reclama esa Paz que tanto nos ha costado. Y esa es la Paz que
vamos a defender”.
Sin embargo, en las jornadas del viernes 20 de
abril y el sábado 21, la defensa de la Paz enunciada por el Gobierno
continúa sin acaecer y la Policía Nacional apoyada por las Juventudes
Sandinistas continúan reprimiendo brutalmente con armas de fuego a
estudiantes y pensionistas que han reorganizado su discurso y su
estrategia: “Esto ya no es por el INSS. Es por los estudiantes
asesinados, es por los que se tienen que marchar del país, es por el 70%
de desempleados, es por la reelección ilegal… Se va a seguir derramando
sangre si es lo que ellos quieren”, sentencian.
Las agresiones
se están dando en las calles de Managua, Masaya, León, Estelí, Granad y
las víctimas no están siendo atendidas en los hospitales públicos.
Asimismo, varios periodistas han sido agredidos por las grupos
oficialistas, han sufrido el robo de sus equipos y están siendo
interceptados en el aeropuerto de la capital nicaragüense. Además, los
centros de las ciudades están destruidos: los árboles de la vida de
Managua, costoso símbolo del Gobierno, están siendo cercenados; las
catedrales; bombardeadas; los edificios institucionales, incendiados, y
las entradas de las facultades, destruidas.
Los turistas, apilándose en combis,
autobuses y taxis, huyen masivamente hacia San Juan del Sur, la
localidad más turistificada de la nación, así como a Costa Rica y al
resto de países centroamericanos. En Jinotega la Policía Nacional ha
declarado que se une a la lucha del pueblo; en Matagalpa y en otros
municipios del país los militares merodean las calles en camionetas.
Pronunciamiento de la ONU por represión y censura
El
pasado viernes, la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos emitió
un comunicado en el que muestra su preocupación por los hechos y pide a
las autoridades del país centroamericano que se respete el derecho a la
libertad de expresión, de reunión pacífica y de asociación. “Estamos
profundamente preocupados por la muerte de, al menos, tres personas, y
porque decenas han resultado heridas en Nicaragua durante las protestas
contra las reformas a la seguridad social anunciadas por el Gobierno que
están teniendo lugar esta semana”, dijo Liz Throssell, la portavoz de
la Oficina. “Asimismo, se ha informado de que periodistas han sido
atacados durante las protestas y es preocupante que varios canales de
televisión que estaban cubriendo los hechos hayan sido cerrados por el
Gobierno”, subrayó.
“El Estado nicaragüense debe cumplir sus
obligaciones internacionales para garantizar que las personas puedan
ejercer libremente sus derechos a la libertad de expresión y a la
libertad de reunión pacífica y asociación. También instamos a los que se
manifiestan a hacerlo de forma pacífica”, concluyó la portavoz.
Por
otra parte, cientos de migrantes nicaragüenses apoyados por población
originaria de Bilbao, Miami, Buenos Aires, San José, Washington D.C.,
Santiago de Chile, San Salvador, Guatemala y Venezuela se han
concentrado frente a los consulados y a las embajadas de Nicaragua para
pedir el cese de la violencia.
En Madrid, grupos de migrantes
nicaragüenses han convocado una protesta en la Puerta del Sol este
domingo a las 16 horas "para denunciar la violación a los Derechos
Humanos que se está dando en nuestro país y pedirle al gobierno español
que le pida a nuestro gobierno que cese la represión".
La respuesta de Daniel Ortega
Tras
4.146 días sin hacer una intervención pública, la tarde del 21 de abril
de 2018, cuando ya se han reportado una veintena de personas
asesinadas, más de cincuenta desaparecidas y cientos de heridas, el
presidente de la República de Nicaragua Daniel Ortega, acompañado por su
esposa y vicepresidenta Rosario Murillo y por los jefes del Ejército y
la Policía Nacional, se ha dirigido a la población nicaragüense a través
de los canales de televisión oficialistas —que en ese momento se
encontraban con la emisión cortada en varios puntos del país— para
manifestarse sobre los acontecimientos que desde el pasado día 19
sacuden a Nicaragua.
Lejos de la autocrítica por la actuación de
la Policía Nacional y los grupos oficialistas de las Juventudes
Sandinistas, Ortega ha arremetido contra las protestas estudiantiles y
ha insistido en que se deben a “la manipulación en las redes sociales”
por parte de la oposición. Asimismo, ha calificado a las personas que se
han manifestado como “grupos de pandilleros que arman alboroto y
responden a una dirección política”. Además, ha señalado que las
protestas son “incívicas y culpables de destruir la buena imagen de
Nicaragua”, así como de sembrar “el terror y la inseguridad a todos por
igual”.
Poniendo la atención en el pasado histórico de la nación y
en otros países vecinos que “sí sufren la violencia de las maras”, el
presidente Daniel Ortega ha concluido su comparecencia sin expresar sus
condolencias a las familias de los fallecidos y sin asumir un ápice de
responsabilidad en la delicada situación que atraviesa el país,
afirmando además que el problema del INSS es algo heredado por gobiernos
anteriores al suyo.
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