Guatemala
Noticias aliadas
Comunidades indígenas cumplen con estrictas reglas para asegurar la regeneración del bosque y proteger las fuentes hídricas.
Sistema
de verificación de legalidad forestal incluye procedimiento legal
acelerado para enjuiciar a empresas madereras que violan la ley. / INAB
El 20 de junio del 2017, intensas lluvias causaron una avalancha de
lodo que descendió por la ladera de la Cumbre de Wachuná, municipio de
San Pedro Soloma, en el noroccidental departamento de Huehuetenango,
causando la muerte de 11 personas que se trasladaban a trabajar en un
minibús. Dos días después, el número de muertos aumentó a 12 cuando un
anciano de 94 años que había sido rescatado del alud, murió a causa de
sus heridas en el hospital.
Durante ese mes, las autoridades
guatemaltecas informaron que 1,060 personas habían sido evacuadas, 644
viviendas resultaron dañadas y 57,460 personas fueron afectadas por los
deslizamientos causados por las intensas lluvias, principalmente en los
departamentos de Petén y Huehuetenango, al norte del país.
Como
resultado del cambio climático, Guatemala y otros países
centroamericanos han soportado fenómenos climáticos extremos tales como
huracanes y fuertes sequías. En el 2010, la tormenta tropical Agatha
provocó inundaciones a lo largo de América Central, dejando 152 muertos y
100 desaparecidos por deslizamientos, y cinco años antes el huracán
Stan mató 1,668 personas en toda la región —principalmente en Guatemala—
como resultado de aludes provocados por las torrenciales lluvias.
El riesgo de deslizamientos mortales es particularmente grave en zonas
donde la excesiva tala de madera ha despojado de vegetación a colinas y
montañas, dejando sin barreras para contener el lodo, rocas y escombros
en caso de lluvia torrencial.
No sorprende que Guatemala, que
tiene la cuarta tasa más alta de deforestación del mundo después de
Malasia, Paraguay e Indonesia, según el Programa de las Naciones Unidas
para el Medio Ambiente (PNUMA), también tenga la cuarta tasa más alta de
riesgo de muerte por deslizamientos, de acuerdo con el Índice de Riesgo
de Mortalidad de las Naciones Unidas.
Según el Instituto
Nacional de Bosques (INAB), 34% del territorio de Guatemala está
cubierto por bosques (31.7 millones de hectáreas), pero cada año pierde
1% de esa cobertura boscosa.
Medidas enérgicas
Consciente
de las consecuencias mortales de no poner freno a la deforestación
causada por la agricultura, la tala ilegal y el uso generalizado de la
leña, a principios del 2014 el INAB lanzó el Sistema Electrónico de
Información de Empresas Forestales (SEINEF) de rastreo de madera, para
registrar, monitorear y controlar el flujo de productos forestales a
través de empresas establecidas y registradas legalmente.
Antonio Guorón, jefe del departamento de mecanismos financieros del INAB, explicó a Noticias Aliadas que
actualmente existen alrededor de 1,600 empresas madereras registradas
en Guatemala que deben inscribir sus inventarios y transporte de todos
los productos madereros, así como facturas en esta nueva plataforma en
línea.
Las inspecciones se llevan a cabo, dijo Guorón, cuando se
identifican “actividades sospechosas”, tales como empresas que anulan
facturas sin razón aparente. Desde que se lanzó el SEINEF, el INAB ha
presentado 450 demandas legales contra empresas que violan la ley.
Sin embargo, debido a que el sistema de justicia penal de Guatemala
experimenta debilidad institucional y está plagado de elevadas tasas de
impunidad y corrupción, enjuiciar a los infractores no es tarea fácil.
Por esa razón, el INAB ha adoptado un enfoque pragmático y optado por un
procedimiento legal acelerado conocido como “procedimiento abreviado”,
en el que empresas que violan la ley se declaran culpables y pagan
indemnizaciones por el daño causado en lugar de embarcarse en un largo
proceso judicial.
Guorón citó como una limitación la falta de
acceso al servicio de internet en algunas zonas rurales y aseguró que el
INAB está trabajando en una solución para convertir el sitio web del
INAB más compatible con teléfonos inteligentes ya que el uso de
celulares prepago en Guatemala es generalizado, hasta en remotas áreas
rurales.
“Ha habido un gran avance con relación a los controles
del INAB sobre los productos de madera que ingresan y egresan en los
centros de transformación industrial. Existe una debilidad en cuanto a
controlar el transporte y comercialización de leña, lo que a mi criterio
es una tarea pendiente en el INAB”, precisó a Noticias Aliadas César
Augusto Sandoval, investigador del Instituto de Agricultura, Recursos
Naturales y Ambiente (IARNA) de la Universidad Rafael Landívar.
Alrededor del 70% de la población guatemalteca usa leña para cocinar y
el IARNA estima que una persona usa en promedio una tonelada de leña por
año.
“El problema de la leña es de tipo social-forestal; es
parte del consumo para la sobrevivencia de la población de Guatemala, no
provoca deforestación pero si puede degradar el bosque”, aseguró
Sandoval, agregando que las autoridades deben reconocer eso y trabajar
con las comunidades rurales para involucrarlas en programas de manejo
forestal y proporcionarles medios de vida más sostenibles.
“Otro
aspecto que limita al sistema de verificación de la legalidad forestal
en Guatemala es el desconocimiento del derecho consuetudinario de los
bosques para determinar qué es legal o ilegal. Lo ilegal se entiende
como aquel proceso que evade tanto las normas locales [contempladas en
el Código Penal] como las formales [usos y costumbres de los pueblos o
derecho consuetudinario]. Toda vez no exista un consenso al particular,
el uso de los recursos por parte de las comunidades y los pueblos
indígenas estará en constante controversia con el derecho ordinario”,
indicó.
Saldoval citó a Asilvochanol, una asociación local en
Huehuetenango que ha trabajado con las autoridades guatemaltecas para
reforestar 1,000 Ha de bosques y permitir a la población indígena local
usar el subproducto del raleo para la leña, como un ejemplo de cómo el
gobierno debería esforzarse para trabajar con las comunidades en vez de
penalizar a los agricultores de subsistencia por usar leña.
El ejemplo de los 48 Cantones
La
importancia de respetar los derechos comunitarios e indígenas a la
tenencia colectiva de la tierra y manejo forestal es resaltada
igualmente en un informe del 2015 de World Resources Institute (WRI),
con sede en Washington, que analiza el impacto de los programas
forestales manejados por las comunidades en Asia, África y América
Latina, incluyendo concesiones forestales comunitarias en la Reserva de
la Biósfera Maya de Guatemala, en términos de proteger los bosques
tropicales y mitigar el cambio climático.
Uno de los ejemplos
más exitosos y conocidos de manejo forestal por la comunidad son los “48
Cantones”, tierra forestal en el occidental departamento de Totonicapán
de propiedad comunal de comunidades maya kiché desde la época colonial.
En los 48 Cantones está estrictamente prohibido talar dentro de
un radio de 5 km de los recursos hídricos y si una familia necesita
talar un árbol para leña, debe conseguir el consentimiento previo de los
líderes de la comunidad y sólo los árboles más viejos pueden ser
talados. Las penalidades por romper esa regla dependen del tamaño del
árbol talado y van desde plantar cinco árboles a pagar multas
equivalentes entre US$64 a $102.
Para asegurar la regeneración
del bosque, cada año en mayo los líderes distribuyen plantones del
invernadero comunal para que cada integrante de la comunidad pueda
plantar cinco árboles en un área a su elección.
Las comunidades
también observan estrictas reglas en relación al uso del agua de seis
fuentes en el bosque. Si una familia desea construir una casa, debe
buscar permiso del comité de agua local. Está prohibido usar agua para
actividades consideradas superfluas, tales como lavar automóviles o
motocicletas.
No es coincidencia que Totonicapán tenga la tasa
de deforestación más baja del país, según el Ministerio de Ambiente y
Recursos Naturales (MARN).
Actualmente, los 48 Cantones son
ampliamente considerados en Guatemala como ejemplo de manejo forestal
exitoso liderado por la comunidad. Pero la relación entre el INAB y las
comunidades maya kiché no siempre fue fluida y armoniosa.
“Establecieron muchas políticas sin haber generado un diálogo con las
autoridades comunitarias y con quienes hacen el manejo de bosques”, dijo
a Noticias Aliadas Andrea Ixchiú, expresidenta de la junta directiva de
Recursos Naturales de los 48 Cantones de Totonicapán. “Al principio la
relación entre el INAB y los 48 Cantones era bastante negativa, pero con
el paso del tiempo llegaron personas a dirigir la institución a nivel
regional que tienen muchísima más sensibilidad y se generaron pautas de
coordinación entre los dos modelos. A la fecha, no se generan políticas
que no se hayan diseñado en conjunto con las autoridades comunitarias de
Totonicapán”.
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