Entrevista a Rosa Cañete, investigadora especializada en América Latina
La pupila insomne
Entrevista a la economista Rosa Cañete, coordinadora de la Campaña Iguales
de Oxfam, quien posee una larga experiencia de trabajo e investigación
en países de América Latina con organismos como el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Comisión Económica para
América Latina (CEPAL) y la propia Oxfam.
Rosa Cañete, coordinadora de la Campaña Iguales de Oxfam
Los
economistas suelen insistir en las bondades del crecimiento económico,
pero usted ha afirmado que el crecimiento por sí mismo no es bueno. ¿Por
qué?
El crecimiento es un medio, no un fin en sí mismo,
no es un objetivo final, por lo tanto funciona cuando colabora con la
satisfacción de las necesidades de la sociedad. El crecimiento puede no
respetar al medio ambiente, ni los derechos de las mujeres, o basarse en
la explotación de los derechos económicos y sociales de los
trabajadores y las trabajadoras. El crecimiento sirve cuando permite
garantizar derechos y muy a menudo no ha estado ocurriendo así en
América Latina.
En su investigación “Privilegios que
niegan derechos. Desigualdad extrema y secuestro de la democracia en
América Latina y el Caribe” [1]
usted ha afirmado que los llamados sistemas democráticos funcionan como
“democracias secuestradas, en las que las élites políticas y económicas
moldean las reglas y utilizan al Estado para mantener sus privilegios a
costa de los derechos de muchos y muchas. En nuestro informe planteamos
múltiples políticas que son efectivas en la lucha contra la desigualdad
y la pobreza pero el primer paso es tener la voluntad política de
gobernar para las mayorías.” ¿Cuál es la relación entre pobreza y
desigualdad? ¿Cómo asociaría usted democracia y desigualdad?
Oxfam [2]
es una organización internacional cuyo fin principal es luchar contra
la pobreza. Con ese propósito llevamos más de cincuenta años trabajando
con organizaciones comunitarias, con organizaciones de mujeres y en
plena alianza con otros grupos, y nos damos cuenta que cuando te centras
solo en atacar la pobreza, no la resuelves de manera estructural;
mientras que si te enfocas más en la desigualdad y ves una relación
dinámica entre la pobreza y la riqueza, entre la exclusión y las
garantías, entiendes dónde están los nudos que podrían desmontar la
pobreza de una manera estructural. Por lo tanto cuando reduces
desigualdad, reduces de una manera más permanente la pobreza, en otras
palabras, sientas las bases para que esa pobreza no se vuelva a
reproducir.
La
eliminación de la pobreza no consiste solo en garantizar un mejor
ingreso monetario, sino en propiciar que las voces sean escuchadas, que
los intereses de grandes poblaciones sean puestos sobre la mesa y sean
garantizados. En esa misma línea, el tema conecta con la democracia, con
la capacidad que tenga el sistema democrático de nivelar los intereses
de una sociedad, de defender los intereses de las mayorías sobre los
privilegios de unos pocos. Ese es uno de los roles que debe tener la
democracia, por lo tanto, democracia, pobreza y desigualdad conforman un
círculo que, si fuera virtuoso, debería garantizar los derechos de las
grandes mayorías. No como ha ocurrido en gran parte de América Latina,
donde las políticas públicas se diseñan, muy a menudo, para defender los
intereses de unos pocos privilegiados, eliminando la posibilidad de
grandes partes de la población de contar con sus derechos económicos y
sociales.
¿Cómo relaciona los procesos electorales y las reformas fiscales?
Es difícil para la población asumir las reformas fiscales, tributarias,
como un proceso beneficioso. La ciudadanía tiene que aportar al Estado
con sus impuestos y a cambio, espera recibir servicios de calidad.
Cuando los gobiernos no tienen suficiente transparencia a la hora de
explicar cómo utilizan los recursos públicos, o la población no se
siente satisfecha con los servicios públicos, no querrá aportar más al
Estado a través de los impuestos. Necesita un intercambio, por eso es
importante que en los procesos electorales la población sepa que el
sistema fiscal es garante de sus derechos y pueda posicionarse no solo
con respecto a los servicios públicos, sino en cómo estos deben ser
financiados. Por lo tanto ese debería ser un tema central de los debates
alrededor de los procesos electorales, en el que la ciudadanía
participe y pueda expresar cómo le interesa su relación con el sistema
tributario y fiscal, y por ende, con los servicios públicos.
Enfoques
que defienden los informes presentados por la Campaña Iguales,
abordando el tema de la extrema riqueza, podrían hacer pensar que hay
envidia detrás de esa mirada. ¿Qué respondería a las personas que
piensan que atacar a los ricos o a las grandes riquezas, tiene tras de
sí un sentimiento de envidia?
El problema no es la
riqueza sino su nivel de concentración. En América Latina hay 32
personas que concentran tanta riqueza como 300 millones de personas de
toda la región. Es un nivel de concentración extremo que uno casi no
puede ni imaginar los volúmenes de riqueza que están manejando unas
pocas manos.
Ese
nivel de concentración no es resultado del esfuerzo, por un lado es
fruto de siglos de acumulación, basada en estructuras coloniales y de
exclusión. Por otro lado, es el resultado de políticas públicas que
propician esa situación. Sistemas democráticos que no están garantizando
que las políticas públicas vayan a que los derechos de todas y todos
sean tenidos en cuenta, sino que privilegian a muy pocas familias.
Estamos hablando de 32 personas en América Latina y si vas país por
país, te encuentras 100, 200 familias que concentran gran parte de la
riqueza. La riqueza no es solo riqueza, también es poder y eso pervierte
el sistema democrático. Cuando nos hablan de envidia o nos acusan de
querer atacar a los ricos, es importante que se entienda que lo que
estamos planteando es la necesidad de una retristribución mejor de la
riqueza, que sería beneficiosa para las grandes mayorías, pero incluso,
beneficiaría a las élites que necesitan un sistema económico que crezca y
con niveles de concentración tan altos hasta el propio crecimiento
económico se ve afectado. Las grandes mayorías no están siendo capaces
de consumir o demandar lo que producen esas mismas élites a través de
sus sectoresproductivos.
¿De dónde proviene la riqueza en estas pocas manos, de su trabajo?
Al analizar el origen de las principales fortunas de los grandes
multimillonarios de América Latina, más de la mitad son heredadas,
vienen de sus familias, de décadas, siglos, de acumulación. Pocos de
ellos lo han conseguido por su propio esfuerzo, mediante empresas que
han fundado y gestionado y a las que deban esos niveles de acumulación.
Pero la concentración es tan alta, que en cualquier caso han contado con
políticas públicas que los han beneficiado en el sistema financiero,
por ejemplo, la falta de regulación de los monopolios, que les ha
permitido niveles de acumulación muy altos. Ese es el caso del monopolio
de las telecomunicaciones de Carlos Slim -el latinoamericano más rico
del mundo-, que le costó a los mexicanos pagar servicios de telefonía a
más del doble del precio que se hubiera podido proveer, si a Carlos no
se le hubiera entregado el control total de ese sector.
¿Cómo cree que se pueda acabar con la pobreza?
Para acabar con la pobreza hay que garantizar los derechos de las
grandes mayorías. La única posibilidad real de ello es reduciendo los
privilegios de unos pocos. Hay que tocar ciertos intereses si quieres
realmente garantizar los intereses de las grandes mayorías. En un
sistema democrático existen conflictos de intereses alrededor de la
definición de las políticas públicas. Garantizar los de unos, implica
reducir los de otros. No se trata de quitárselos, pero sí de repartirlos
mejor.
¿Cuándo se puede decir que prima eficiencia sobre justicia en un sistema fiscal?
Por ejemplo un sistema fiscal donde prima la eficiencia por encima de
la justicia, se basa en impuestos al consumo, que suelen ser más fáciles
de cobrar. Lo que ocurre es que este tipo de impuestos hace a los
pobres más pobres, pues esas capas de la población no son capaces de
ahorrar, todo el ingreso que tienen lo consumen. Entonces son sistemas
que hacen pagar más a los que menos tienen, priorizan la eficiencia
recaudatoria por encima de la justicia tributaria, que implicaría hacer
pagar más a los que más tienen. La estuctura actual de los sistema
ficales en América Latina siguen reproduciendo la desigualdad.
Alicia
Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América
Latina y el Caribe (CEPAL), ha dicho que “lo que está haciendo ahora
Cuba es modernizar su sector productivo para que sea más eficiente, con
la claridad de que los derechos sociales son irrenunciables”. ¿Qué le
diría a las cubanas y cubanos, después de estudiar el contexto
latinoamericano como lo ha hecho usted?
Los avances que
ha tenido la Revolución cubana en la garantía de derechos económicos y
sociales son altísimos, los niveles educativos o de salud son
incomparables con los niveles de otros países de la región. En el
proceso de transformaciones que se está impulsando en Cuba, es
importante tener en cuenta que esos derechos no solo hay que
mantenerlos, sino también refortalecerlos, y por otro lado, el diseño de
las políticas públicas -y en particular de la política fiscal que es
central- debe concebirse tomando en cuenta la necesidad de que las
brechas o las desigualdades no aumenten con el fortalecimiento del
sector no estatal.
Eso es posible si las políticas públicas son
diseñadas para garantizar no solo que recaudamos más sino que se haga de
manera justa. Ese es un gran reto y al mismo tiempo una gran
posibilidad que tiene la sociedad cubana, de seguir protegiendo sus
logros y a la vez, prepararse para que no sean puestos en juego en esta
nueva etapa.
Notas:
[1] Para el informe completo Privilegios que niegan derechos. Desigualdad extrema y secuestro de la democracia en América Latina y el Caribe, visite https://www.oxfam.org/es/informes/privilegios-que-niegan-derechos
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