Bogotá,
2 may (PL) El asesor jurídico de las FARC-EP Enrique Santiago afirmó
hoy que a más tardar en junio podría estar listo el acuerdo de paz entre
el Gobierno colombiano y ese movimiento guerrillero, el principal
involucrado en el conflicto interno.
Mi previsión es que si ambas partes se ponen a trabajar en la mesa para
abordar los temas pendientes, y no se pierde tiempo en discusiones
innecesarias, pues para finales de mayo o junio estarían cerrados todos
los puntos (de la agenda), incluido el pacto conclusivo, precisó el
abogado en declaraciones al diario El Tiempo.
Ello -amplió- posibilitará iniciar el proceso de dejación de armas.
Al referirse a los temas más complicados por dilucidar, Santiago
mencionó las garantías de seguridad para los futuros desmovilizados de
las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo
(FARC-EP) y las políticas de desmantelamiento eficaz del
paramilitarismo.
Otro problema -dijo- tiene que ver con la
visión gubernamental sobre las zonas donde estarán concentrados los
insurgentes inicialmente o territorios de paz, pues el Ejecutivo propone
lugares cerrados en los cuales no se podrá entrar ni estará permitido
salir.
Según el jurista español se trata de una postura
contradictoria al contemplar un régimen incluso más duro que el
establecido para las sanciones restaurativas dentro del mecanismo de
justicia transicional acordado.
Las FARC-EP quiere desaparecer
como organización guerrillera y transformarse en asociación política,
pues no tiene sentido prohibir la relación con la población civil,
consideró el experto, citado por el periódico de circulación nacional.
Básicamente, aclaró, el grupo rebelde rechaza la posibilidad de que dichos sitios sean convertidos en escenarios de reclusión.
Desde 2012 representantes gubernamentales y de esa agrupación dialogan
en Cuba con la finalidad de hallar una solución concertada a la
conflagración.
Si hay compromiso y seriedad por parte del
Gobierno para poner en marcha las políticas de seguridad, es decir, de
combate eficaz al paramilitarismo, ese proceso de dejación de armas
podría estar concluido a finales de 2016 o en los primeros días del
2017, con lo cual el conflicto de más de 50 años entre el Estado y las
FARC-EP se podría dar por concluido, comentó.
En cuanto al
tratado global de las conversaciones Santiago explicó que los
insurgentes recomiendan firmarlo bajo la fórmula del acuerdo especial
humanitario, una figura prevista en los artículos tres y seis, de la I,
III y IV convenciones de Ginebra.
Tal pacto deberá tramitarse posteriormente en el Parlamento para darle fuerza de ley, subrayó.
Pese a las complejidades de esta etapa, no hay que ponerse nerviosos,
no hay que preocuparse por las pequeñas crisis que vayan desatándose en
este contexto; lo importante es no perder tiempo y trabajar intensamente
los temas pendientes, enfatizó Santiago. |
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