San
José, 26 abr (PL) Empleados públicos y afiliados de otros sindicatos
costarricenses marchan hoy por avenidas de esta capital hacia la
Asamblea Legislativa, donde exigirán a los diputados archiven proyectos
de ley que afectan los derechos laborales y económicos de los
trabajadores.
Desde bien temprano los manifestantes se concentraron en el Parque La
Merced, convocados fundamentalmente por la Asociación Nacional de
Educadores, la Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad
Social y el Bloque Unitario Sindical y Social Costarricense, que agrupa a
casi medio centenar de sindicatos ticos.
De acuerdo con los
organizadores del paro nacional de hoy y mañana, durante esta jornada el
objetivo es realizar una gran manifestación en el centro de San José en
contra de los proyectos de ley que pretenden empobrecer a miles de
familias costarricenses y fomentar la mano de obra infantil y juvenil.
Mañana, prosiguen, efectuarán acciones en diversos puntos del
territorio nacional en repudio a diversos proyectos de ley que
fomentarán el enriquecimiento ilícito de unas pocas familias y el
empobrecimiento de la mayoría del pueblo costarricense.
Los
sindicatos enumeran 16 razones más por las cuales van a la huelga
general, entre ellas el respeto a los derechos laborales, económicos y
sociales de la clase trabajadora y del pueblo costarricense, y el
aumento del salario en el sector público y privado, de acuerdo con el
costo real de la vida.
Asimismo, por el derecho a una educación
pública, gratuita y obligatoria, el reconocimiento de los derechos de la
policía penitenciaria; el derecho al agua como un bien público; menos
estudiantes por grupo y más infraestructura educativa; y no más
impuestos sobre las espaldas del pueblo.
Los manifestantes
reclaman también que se deroguen las políticas dictadas por organismos y
entidades financieras internacionales que buscan beneficiar a los
sectores más poderosos; y que los grandes empresarios, políticos y
banqueros paguen al fisco lo que les corresponde.
Marchan además
por la defensa de las convenciones colectivas, porque entreguen la
tierra a los campesinos que la trabajan y por el descongelamiento
salarial de trabajadores en servicio y pensionados.
Los líderes sindicales garantizaron que los servicios esenciales a la población no serán afectados por la huelga general.
Exaltan que efectúan el paro nacional, a pesar de las amenazas del
gobierno, referidas a rabajas salariales y despidos de quienes respalden
las jornadas de brazos caídos. En caso de algún despido, los
organizadores aseguran que mantendrán la huelga por tiempo indefinido.
En respuesta a la protesta, el presidente Luis Guillermo Solís divulgó
un mensaje a la ciudadanía en el que reconoce el derecho a la huelga,
pero agrega que el paro carece de justificación.
Los objetivos
de la manifestación -afirma- se pueden lograr sin paralizar el país, sin
producir desorden en las calles y sin lesionar los servicios públicos, y
sostiene que "quienes apelan al derecho a la protesta deben recordar
que no hay un solo punto en sus demandas que no se encuentre presente, o
pueda ser incorporado, a las negociaciones en curso".
A esto,
los líderes sindicales responden que hasta ahora no han rendido frutos
las conversaciones con representantes del gobierno sobre peticiones y
reclamos de la clase trabajadora. |
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