La batalla por el 
control geoestratégico de regiones claves del planeta entre las dos 
grandes superpotencias, está dando un paso más con la posible 
construcción del Canal de Nicaragua por parte de empresas chinas, que 
busca absorber parte del flujo económico de vecino canal de Panamá de 
influencia estadounidense.
En las últimas fechas se ha dado un paso 
adelante en la construcción del canal nicaragüense. La empresa china 
Hong Kong Nicaragua Canal Development (HKND) ha logrado el permiso 
ambiental y empezará a final de año el proceso para iniciar la 
construcción del Canal de Nicaragua. Esta será una de las mayores 
infraestructuras creadas en la historia, siendo su coste económico de 
50.000 millones de dólares. El Canal tendrá una longitud de 278 km de 
largo (de los cuales 105 kilómetros atravesarán el lago Nicaragua), un 
máximo de 500 metros de ancho y una profundidad de 30 metros. Pero el 
canal no solo será lugar de tráfico de mercancías: alrededor de él están
 proyectadas otras infraestructuras como un aeropuerto internacional, 
dos puertos, instalaciones turísticas y plantas eléctricas, entre otras.
El
 permiso ambiental concedido por el Gobierno dirigido por Daniel Ortega 
obvia el impacto ambiental que se producirá en el país centroamericano, 
especialmente en una de sus mayores reservas naturales, el lago 
Nicaragua. Este, con más de 8.000 kilómetros cuadrados, es el segundo 
más grande de América Latina y la reserva más importante de agua de todo
 Centroamérica. Desde el punto de vista geológico y geográfico es un 
enclave de enorme importancia, ya que forma parte del arco volcánico 
centroamericano, y entre sus más de 400 islas, en la de Ometepe está 
todavía activo el volcán Concepción. Además posee una gran importancia 
ecológica al albergar especies como el tiburón toro y el pez sierra.
Recogiendo
 el informe del Centro Humnoldt, el impacto ambiental del Canal sería 
devastador al dividir en dos el Corredor Bilógico Mesoamericano, 
afectando a unos 4.000 km2 de bosques, costas y humedales en las que 
habitan 22 especies vulnerables y en peligro de extinción, como tapires,
 jaguares, tortugas marinas y colares, y gran variedad de ecosistemas 
cada vez más escasos en Centroamérica.
Desde el punto de vista 
hídrico, el canal causaría impactos en la calidad del agua y la 
distribución de esta, tanto en el país como en la región. Esto se deberá
 tanto por la construcción, como por a los vertidos producidos por el 
tráfico de los buques transoceánicos. Todo ello perjudicaría el uso del 
agua del lago para el consumo humano, la pesca, el riego y la seguridad 
alimentaria.
En lo social, el Canal supondrá la ruptura del 
territorio y por lo tanto de las relaciones y comunicaciones entre las 
comunidades vecinas, para las que no hay de momento alternativas, así 
como la expropiación de terrenos y viviendas de muchas familias y 
comunidades. Además acabaría con muchas comunidades indígenas por las 
que el Canal atraviesa.
Lejos de los argumentos que propugnan un 
beneficio económico para el país, este no es tal, ya que según la Ley 
840 Nicaragua solo recibirá anualmente un 1 % de las acciones por parte 
de las empresas adjudicatarias. La concesión del Canal será de 100 años.
 La empresa podrá expropiar los terrenos que considere necesarios. No 
habrá posibles acciones para el incumpliendo de las obligaciones y no 
establece la necesidad de un Estudio de Impacto Social y Ambiental. De 
este modo, el tan manido mantra del beneficio económico queda diluido en
 la realidad del reparto de beneficios, que irán hacia las grandes 
corporaciones como HKMD en detrimento de la población local, que verá 
gravemente afectados sus modos de vida, cambiándolos por una forma de 
vida dependiente y precaria.
La movilización social en contra del
 Canal ha venido de la comunidad científica, poblaciones y comunidades 
afectadas y organizaciones sociales, especialmente ecologistas, 
agrupadas en el Grupo de Cocibolca. Estas movilizaciones han sido 
duramente reprimidas por el Gobierno nicaragüense.
Por todo ello,
 Ecologistas en Acción muestra su apoyo y solidaridad con las diferentes
 movilizaciones sociales en contra del Canal. Así como se suma a la 
petición al gobierno de Nicaragua de la paralización del proyecto por 
sus graves daños medioambientales y sociales.
Además, la 
organización ecologista participa en la organización de una serie de 
eventos los próximos 27 y 28 de noviembre en Madrid con motivo de la 
visita de Mónica López, una de las referentes nicaragüenses en la lucha 
contra el Canal.
 

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