El miércoles 17 de
diciembre la segunda sala penal de apelaciones de la Corte Superior de
Cajamarca (Perú) falló a favor de Máxima Acuña y su familia,
absolviéndola de la denuncia interpuesta por la poderosa empresa minera
Yanacocha por supuesta apropiación ilícita de terrenos. Tras un largo
proceso que ha durado más de tres años, el juez resolvió declarar
fundado el recurso de apelación frente a la anterior sentencia que les
condenaba a dos años y ocho meses de prisión, y al pago de una multa de
5.500 soles. “Agradezco a los magistrados que han hecho justicia. En
ningún momento yo vendí mi terreno, pero ellos se aprovecharon porque yo
soy una mujer humilde y campesina”, afirmaba emocionada Máxima Acuña tras conocer la sentencia.
La
abogada de la familia, Mirtha Vásquez Chuquilín, manifestó que a pesar
de que la empresa Yanacocha argumentaba que eran unos usurpadores, que
entraron a su terreno golpeando a policías, “todas esas mentiras han
caído, pues la sala finalmente ha señalado que no existe ninguna prueba
de lo que Yanacocha venía sosteniendo”. Además, agradeció a la familia
por su perseverancia a lo largo de todos estos años y a todas las
personas que la han apoyado.
Por su parte, la empresa Yanacocha, propiedad de la estadounidense Newmont Mining Corporation, anunció que presentará un recurso de casación
ante la Corte Suprema. Wilby Cáceres, gerente de asuntos legales de la
empresa, indicó que no comparten la sentencia y que el caso de ninguna
manera ha finalizado. “Consideramos que en el proceso obran pruebas
contundentes que demuestran que Yanacocha es legítima propietaria y
posesionaria de los terrenos en litigio”, aseguró.
Un largo conflicto
En 1994 la familia Chaupe Acuña adquirió 18 hectáreas de tierras frente a la Laguna Azul, tal y como indica el certificado de posesión
otorgado por la comunidad campesina de Sorochuco. Dos años después, la
empresa compró a la comunidad 270 hectáreas cercanas al terreno de los
Chaupe Acuña, argumentando que dentro de éstas se encuentra el terreno
en litigio. Fue el 24 de mayo de 2011, con la llegada de la minera a la
zona, cuando comenzó la odisea de la familia por mantener bajo su
propiedad la parcela denominada “Tragadero Grande”. Ese día la empresa se presentó con maquinaria y policías, destruyeron su vivienda e intentaron desalojarlos.
Tras este intento, la minera regresó en varias ocasiones con el fin de
desalojarlos y se produjeron agresiones por parte de la Policía Nacional
de Perú hacia los miembros de la familia, que nunca abandonaron su
terreno.
En el año 2011 se presentó la primera denuncia de la
empresa alegando la usurpación de tierras. Tras varias apelaciones, en
agosto de 2014 el juzgado dictó una nueva sentencia en contra de la
familia, que ahora queda anulada. De esta forma, la familia queda
absuelta y de momento no podrá ser expulsada de sus parcelas. “Me
quedaré en mis tierras pues ya no temo el desalojo con el que Yanacocha
me amenazaba cada día”, afirmaba Máxima Acuña entre lágrimas de alegría a
la salida del juzgado.
Proyecto minero Conga
La casa de
la familia Chaupe Acuña se encuentra frente a la Laguna Azul, una de las
lagunas que podrían verse afectadas por el proyecto minero Conga, en el
Departamento de Cajamarca en el norte de Perú. Este proyecto, que
actualmente se encuentra paralizado, pretende extraer entre 480.000 y
780.000 onzas anuales de oro y 54.000 toneladas de cobre durante
aproximadamente veinte años, contando con una inversión estimada de
4.800 millones de dólares. Para ello, se destruirían cuatro lagunas,
dos (El Perol y Mala) serán vaciadas para extraer mineral y las otras
dos (Azul y Chica) serán usadas como depósitos de desmonte.
Según un informe de 2012
que la organización Environmental Defender Law Center encargó al
hidrogeólogo estadounidense Robert Moran, el agua de la zona donde se
proyecta Conga es potable y útil para la agricultura y otras actividades
como los criaderos de trucha que ya existen en la zona. En sus
conclusiones, el informe asegura que el subsuelo de las lagunas que
Yanacocha pretende utilizar para almacenar sus residuos tóxicos no es
impermeable, sino que la roca cálcica porosa del subsuelo filtraría las sustancias contaminantes a todo el sistema hídrico.
Esto provocaría la contaminación de manantiales y otros recursos
acuíferos subterráneos, donde metales como el aluminio, arsénico o
plomo, permanecerían muchos años después de que la minera abandonase la
explotación de la zona.
El proyecto Conga ha suscitado una gran
controversia y una fuerte oposición por parte de la población, cuya
resistencia comenzó en noviembre de 2011. Tras el levantamiento de la
población civil en contra del proyecto minero, las autoridades
declararon el estado de emergencia y la militarización de varias
provincias. El punto más álgido de la represión tuvo lugar en el año 2012, cuando la policía mató a cinco personas durante una manifestación, entre ellos a un joven de 16 años.
Ese mismo año el pueblo de Cajamarca convocó la Gran Marcha Nacional
del Agua que recorrió 840 km entre la ciudad norteña y Lima, articulando
a miles de personas en torno a la defensa del derecho al agua y a la
protección de las cuencas hidrológicas frente a la minería. En la
actualidad el conflicto continúa activo, lo que refleja el rechazo de la
población al proyecto y la inviabilidad social que supone.
116.572 firmas en apoyo a Máxima
La
semana pasada, en el marco de la COP20 y la Cumbre de los Pueblos
frente al Cambio Climático celebradas en Lima, alrededor de un centenar
de personas arroparon a Máxima en un acto donde se le hizo entrega de
las 116.572 firmas recogidas en su apoyo a lo largo de todo el mundo y
que fueron entregadas al Estado peruano. Una campaña impulsada por la Red Latinoamericana de Mujeres y la Coordinadora de Mujeres por el Agua, la Vida y la Paz.
El evento también quiso ser un homenaje a la perseverancia y el coraje
de todas las mujeres que se levantan a diario en defensa de su tierra,
del agua y la naturaleza.
Desde la página web de la organización Salva la Selva
y con el título: “Condenada por empresa minera: ¡Máxima es inocente!”,
se recogieron estas firmas con las que se reclamaba “impedir el desalojo
y que cesara el acoso y violencia contra Máxima por defender la tierra y
las lagunas de Conga”. Además, solicitaban al Estado peruano que
respete el derecho a vivir dignamente en un ambiente sano. Por otro
lado, demandaban que se derogue la ley que permite que las fuerzas policiales operen bajo contrato privado como seguridad de las empresas mineras, en un país donde los convenios entre la Policía Nacional y las empresas extractivas son frecuentes.
Entre
gritos de “Máxima somos todas”, la campesina muy emocionada agradeció
el apoyo recibido y pidió al público que no se olviden de ella ya que la
lucha continúa. “Yo estoy perseguida, estoy amenazada por las
transnacionales y las autoridades, pero me alegro mucho de ver que no
estoy sola. Han conocido mi historia y se han conmovido sus corazones”,
concluyó entre lágrimas.
Orlan Cazorla (@orlancazorla) es periodista freelance en América Latina. Autor de www.orlancazorla.net
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