Howland hizo estas declaraciones durante una rueda de prensa en la sede de la ONU en Bogotá (capital), en la que estuvo acompañado por el obispo de la Diócesis de Quibdó, capital de Chocó; Juan Carlos Barreto, y el defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora.
“La situación del departamento de Chocó es bien problemática: hay problemas de desplazamiento masivo, amenazas y homicidios de líderes, enfrentamientos de actores armados ilegales”, entre otras dificultades, denunció.
De igual forma, aseguró que este departamento, con 540.000 habitantes, además de su déficit en seguridad alimentaria y la gran ineficiencia en los sistemas de salud y educación, sufre por la intensificación del conflicto armado, la violencia urbana y las afectaciones provenientes de la explotación minera.
En este contexto, urgió al Gobierno a planear un cambio de actividad económica y a hacer frente a las actividades ilegales que se comenten en Chocó que, según aseguró, es uno de los departamentos del país con mayores índices de pobreza extrema.
El 48,7 % de su población vive en la pobreza extrema y el 80 % de sus habitantes no ve satisfechas sus necesidades básicas. Según cifras del gobierno nacional, hay 320.000 desplazados y el 80 % de la población no tiene servicios de acueducto y alcantarillado, informó.
La Iglesia católica, por su parte, lamentó que la mitad de los hogares de ese departamento ni siquiera tenga ingresos para la subsistencia alimentaria, mucho menos para vestido, transporte, educación y salud.
Por último, Otálora invitó al Gobierno nacional a satisfacer las necesidades de los habitantes de Chocó, al tiempo que urgió a una mayor presencia de la fuerza pública, a fin de que los grupos ilegales desaparezcan del sector y se generen mayores oportunidades para los chocanos.
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