Autor: IPS
El gobierno del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional enfrenta el problema de la violencia y la delincuencia organizada de manera muy distinta al implantado por Estados Unidos en la región. Ahora, en un nuevo periodo en la titularidad del Poder Ejecutivo, la estrategia entra en fase decisiva. Sólo dos escenarios excluyentes parecen posibles: el desmantelamiento de las maras o el regreso a la violencia incontrolable y el empoderamiento de las pandillas
Edgardo Ayala/Claudia Marroquín/IPS
San Salvador, El Salvador. Cuando el
próximo 1 de junio el izquierdista Salvador Sánchez Cerén asuma la
Presidencia de la República de El Salvador encontrará graves grietas en
la tregua entre las pandillas delictivas que gestionó el gobierno
saliente, y que por 2 años mantuvo contenida la criminalidad.
El pacto vive su momento más crítico
desde su gestación, en marzo de 2012, con el resquebrajamiento de la
tregua, aunque no su ruptura (al menos por ahora).
“En la medida en que se debilita el
diálogo, aumenta la violencia, y las nuevas autoridades tendrán que
tomar la decisión de que el proceso de paz entre pandillas continúe”,
dice a Inter Press Service (IPS) uno de los dos mediadores de la
tregua, Raúl Mijango. El otro fue el obispo católico castrense Fabio
Colindres.
Sánchez Cerén, dirigente del
exguerrillero y gobernante Frente Farabundo Martí para la Liberación
Nacional (FMLN), no ha querido profundizar en la nueva espiral de
violencia ciudadana, ni tampoco otros miembros de su equipo. El
presidente electo fue vicepresidente del gobierno saliente de Mauricio
Funes.
Pero durante la campaña electoral que
concluyó con su victoria el 9 de marzo, el entonces candidato dijo que
enfrentará ese fenómeno con lo que llamó la “mano inteligente”, una
mezcla de represión y prevención.
Hasta la llegada de Funes, en 2009, la estrategia contra la delincuencia fue de mano dura, bajo los sucesivos gobiernos de la derechista Alianza Republicana Nacionalista, que gobernó el país desde 1989.
Al nuevo gobierno le urge reducir los
homicidios no sólo porque es una exigencia de la población, sino porque
este año arranca la campaña electoral para los comicios de alcaldes y
diputados de 2015, y el alza de los crímenes va contra los candidatos
del FMLN.
La Mara Salvatrucha y el Barrio 18, las
dos principales pandillas del país, pactaron hace 2 años cesar las
agresiones mutuas y a civiles, policías y militares.
El gobierno, a su vez, accedió a trasladar a prisiones menos restrictivas a los líderes de esos dos grupos.
Desde entonces, los asesinatos cayeron
en promedio de 14 a cinco por día. La Oficina de las Naciones Unidas
contra la Droga y el Delito informó en mayo que, durante 2012, la tasa
de homicidios salvadoreña cayó a 41.2 por cada 100 mil habitantes
contra los 69.2 por cada 100 mil del año precedente.
Pero desde febrero de este año,
paulatinamente la criminalidad se recrudeció y el promedio diario de
asesinatos ronda actualmente los 10.
Más de 50 por ciento de los homicidios
que se cometen en El Salvador se achacan a miembros de las pandillas y
35 por ciento de las víctimas pertenecen también a esas bandas
criminales. Se calcula que hay unos 60 mil pandilleros en este país de
6.2 millones de habitantes.
Para Mijango, la crisis que enfrenta la
tregua la comenzó el Ministerio de Justicia, cuando durante la campaña
electoral desvinculó al gobierno del papel de “facilitador” que
ejercía, mediante el cual los pandilleros presos tenían comunicación
con sus secuaces en libertad para transmitirles lineamientos.
Además, endureció los operativos policiales contra las pandillas, lo que generó enfrentamientos en las comunidades.
Analistas políticos consideran que esa
actuación buscó mostrar dureza ante el crimen por razones electorales,
después de que Funes habilitara el acercamiento entre las pandillas.
El gobierno saliente argumenta que el
alza de crímenes obedece a una pugna entre las dos facciones que
componen Barrio 18: los Sureños y los Revolucionarios, en una lucha por
control territorial que se estaría resolviendo a balazos en las
comunidades del país donde tienen presencia.
De hecho, el propio Funes dijo en un
programa radial que la tregua prácticamente estaba rota, y su ministro
de Justicia y Seguridad, Ricardo Perdomo, reveló que las pandillas
ahora poseen fusiles y armas de más poder para enfrentarse a la policía.
Los agentes policiales han salido mal parados de enfrentamientos con estas bandas.
El 6 de abril pasado, por ejemplo, en
el municipio de Quezaltepeque, en el central departamento de La
Libertad, un policía murió y otros tres resultaron heridos durante un
ataque.
Pero las grandes pandillas salvadoreñas
niegan que el pacto haya muerto o existan pugnas como la que indica
Funes y sus colaboradores.
“Pese a los ataques que ha recibido, la
tregua aún se mantiene”, dice un comunicado hecho público el 29 de
abril y suscrito por los líderes de la Mara Salvatrucha, por las dos
facciones del Barrio 18, y por las pandillas Mao Mao, La Máquina y
Mirada Locos 13.
El comunicado fue leído en una
conferencia clandestina en San Salvador a la que sólo se invitó a
cuatro medios de comunicación, entre ellos IPS. Participaron un
portavoz nacional de la Mara Salvatrucha, uno de los Sureños y otro de
los Revolucionarios, del Barrio 18. Los tres pidieron el anonimato por
razones de seguridad.
“¿Tú crees que si estuviéramos en guerra las dos facciones, estaríamos ahorita juntos?”, cuestionó el representante de los Sureños.
Sin embargo, estos portavoces reconocieron que la tregua no es perfecta, que hay clicas (células) que no se ciñen a los lineamientos dictados por los dirigentes encarcelados o en la calle.
Por esa razón, no negaron ni confirmaron que pandilleros hayan participado en el ataque a los policías en Quezaltepeque.
De hecho, también aceptaron que hay un conflicto con una clica
escindida de los Revolucionarios en el municipio de Zacatecoluca, en el
central departamento de La Paz, lo que estaría generando una violencia
inusual en esa zona.
Pero esa disputa, de carácter local, no explicaría el incremento de muertos a nivel nacional, aseguraron.
“Nosotros mantenemos el compromiso con la sociedad”, señaló el vocero de la Mara Salvatrucha.
Sin embargo, el sacerdote católico
Antonio Rodríguez, quien ha trabajado en la reinserción de pandilleros
en el municipio de Mejicanos, un populoso barrio en el Norte de San
Salvador, señala a IPS que el comunicado leído por los tres portavoces
no representa a la dirección nacional de las pandillas.
“Los Sureños están molestos con ese
pronunciamiento porque no es representativo”, señaló el sacerdote,
evidenciando las grietas del proceso.
Rodríguez fue inicialmente un duro
crítico de la tregua, luego la apoyó, junto a Mijango y Colindres, para
posteriormente desligarse de ellos.
Ahora, este sacerdote de la
Congregación Pasionista se sumó al esfuerzo impulsado por el ministro
Perdomo para relanzar el proceso de pacificación entre pandillas, en el
que además participan el obispo auxiliar de San Salvador, Gregorio Rosa
Chávez, y representantes de iglesias evangélicas y del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo, entre otros.
“Es un pacto de la sociedad civil, no entre pandillas”, dice Rodríguez a IPS.
En la conferencia clandestina, los
dirigentes de las pandillas fueron tajantes: “Se habla de la existencia
de dos procesos de pacificación, nosotros sólo reconocemos uno, el
iniciado en marzo de 2012”.
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